La Guardia Civil eleva a 1.298 millones de euros las ayudas de los cursos que fueron concedidos sin justificar

La Guardia Civil ha elevado a 1.298 millones de euros la cantidad que la Junta de Andalucía concedió para cursos de formación entre 2002 y 2014 sin que se haya justificado el destino de esas cantidades, de acuerdo con la resoluciones de exoneración dictadas en su momento por los consejeros de Empleo en su condición de presidentes del Servicio Andaluz de Empleo.

Un informe de la Unidad Central Operativa (UCO) Guardia Civil remitido a la juez Mercedes Alaya ha elevado ahora la cifra de las exoneraciones a 1.298 millones de euros, destacando una tendencia alcista en cuanto a las cantidades a justificar entre los años 2007 y 2012, si bien disminuye “de manera considerable a partir de entonces”, refleja el informe. En concreto, la Guardia Civil concluye que la cantidad pendiente de justificar alcana su cota máxima en los ejercicios 2010 y 2011, con 347 y 339 millones, respectivamente, aunque un segundo tramo destacable comprende el período entre 2007 y 2009, cuando quedaron sin justificar 110, 203 y 121 millones.

La fiscalización de estas ayudas recae sobre los órganos gestores y distinguiendo por éstos, la Guardia Civil señala que las mayores cantidades pendientes de justificar se encuentran en los servicios centrales del SAE, con 546,7 millones, seguidos de las delegaciones provinciales de Málaga y Sevilla, con 68,1 y 66,9 millones, respectivamente. La delegación provincial de Córdoba tiene 47,5 millones pendiente de justificar; 44,06 millones la de Cádiz; 43,9 millones la de Granada; 24,5 millones la de Huelva; 17,5 millones la de Almería; y 14,7 millones la de Jaén.

El estudio de la Guardia Civil refleja otros 424,4 millones sin justificar pero que no se pueden asociar a ningún órgano gestor, por lo que el informe los cita como cantidades “sin consignar”. La Guardia Civil recuerda en este punto las manifestaciones que, en su día, realizó el ex director general de Formación Profesional para el Empleo Carlos Cañavate, quien cifró en 950 millones la cantidad pendiente de justificar hasta octubre de 2013. Según los investigadores, si a los 546 millones exonerados por ayudas concedidas por los servicios centrales, se añaden los 424 millones “sin consignar” se obtiene una cantidad próxima a la que mencionó Carlos Cañavate.

El informe analiza cinco resoluciones de exoneración dictadas por los ex consejeros de Empleo de la época –que a su vez era el presidente del Servicio Andaluz de Empleo (SAE)-, “cuyo fin era exceptuar a diferentes entidades beneficiarias de la obligación de justificar en tiempo y forma la subvenciones concedidas con anterioridad y con cargo a determinado programa presupuestario”.

Una de estas resoluciones tiene fecha 17 de diciembre de 2009 y en la misma el entonces director de Empleabilidad Manuel Brenes –también imputado en la causa de los cursos- elevó una propuesta de resolución al consejero de Empleo Antonio Fernández García para que se exoneraran de justificar las ayudas a 473 entidades que tenían pendiente de justificar 327 millones –de 2.389 subvenciones- de los programas presupuestarios 32D y 32L correspondientes al periodo entre 2002 y 2008, de acuerdo con el artículo 104 de la ley general de la Hacienda Pública de la Comunidad Autónoma de Andalucía, que permite mediante una resolución motivada “exceptuar las limitaciones contenidas en este apartado [que impide conceder nuevas subvenciones si no se han justificado las anteriores] cuando concurran circunstancias de especial interés social, sin que en ningún caso pueda delegarse esta competencia”.

Otra de las resoluciones fue firmada por el ex consejero Manuel Recio el 22 de diciembre de 2010 y afecta a 365 entidades que entre 2002 y 2009 tenían pendiente de justificar otros 305 millones correspondientes a 2.023 subvenciones. Manuel Recio también firmó otra resolución el 16 de diciembre de 2011, por la que se exoneró otros 215,8 millones a varias entidades en relación con 839 subvenciones. El 30 de diciembre de 2011, el mismo consejero suscribió otra resolución por la que se exoneraron otros 86,7 millones relacionados con 582 subvenciones.

En julio pasado, la magistrada citó como imputado por delitos de prevaricación y malversación al ex consejero de Empleo Antonio Fernández, por haber concedido ayudas por importe de 70 millones para la formación de los ex trabajadores de esta empresa. En ese auto, Alaya le reprochó al ex consejero que concediera subvenciones desde 2007 dictando "resoluciones de exoneración de la justificación" de estas ayudas a las entidades beneficiarias en el período comprendido entre 2008 y 2011, contraviniendo de esta forma la ley de subvenciones.

En ese auto, Alaya acusó a la Junta de conceder esos 950 millones sin justificar, según se desprende de las declaraciones prestadas ante la UCO por el que fuera director general de Formación para el Empleo Carlos Cañavate, y de las propias pesquisas realizadas por los agentes, en virtud de las distintas resoluciones de exoneración de la justificación dictadas por la Administración andaluz a fecha de octubre de 2013.

Hasta ahora, la Junta de Andalucía ha reclamado el reintegro de 161.196.187,41 euros correspondientes a un total de 139 expedientes de reintegro iniciados desde que se destapó el fraude de los cursos de formación, según los datos actualizados hasta noviembre de 2014. En un reciente atestado de la Guardia Civil que anticipó la operación Barrado, en la que se detuvo a nueve ex altos cargos del Servicio Andaluz de Empleo (SAE) en las distintas provincias, detalla que esos expedientes de reintegro han sido iniciados bien por el Servicio Andaluz de Empleo (SAE) o por la Dirección General de Formación.

Según los datos facilitados a la Guardia Civil por la Intervención General de la Junta, hay 75 expedientes de reintegro con acuerdo de inicio por importe de 178 millones, de los que resultan un reintegro de 136 millones; otros 40 expedientes con acuerdo de resolución que implican el reintegro de otros 20,9 millones; 17 expedientes con acuerdo de resolución definitiva por otros 2,8 millones; y los siete últimos corresponden al Servicio de Programas de Empleo por 859.415 euros.