La Guardia Civil implica a Viera, Vallejo y Caballos en las ayudas de la Sierra Norte

La Guardia Civil implica en el último atestado remitido a la juez Alaya sobre las ayudas a empresas de la Sierra Norte de Sevilla, que percibieron 32 millones de euros, a los ex consejeros José Antonio Viera y Francisco Vallejo, y al parlamentario andaluz del PSOE José Caballos, entre otros, según han confirmado fuentes de la investigación.

En concreto, el nuevo atestado de la Guardia Civil habla de una veintena de personas que podrían tener conocimiento de los hechos y que se dividen en varios grupos. En el primero, los investigadores hablan de los indicios sobre el posible conocimiento de ayudas por parte de otros responsables públicos, entre los que cita a José Caballos, Francisco Vallejo, los ex directores del IFA Francisco Mencía y Miguel Ángel Serrano, y el ex gerente provincial del IFA en Sevilla y ex alto cargo de la Diputación Provincial Manuel Enrique Rodríguez Contreras.

En un segundo grupo, el de personas con responsabilidades públicas que podrían "haber favorecido o permitido" las ayudas a la Sierra Norte se encontrarían José Antonio Viera, los ex directores de Trabajo Francisco Guerrero, Juan Márquez y Daniel Alberto Rivera; el ex consejero de Empleo Antonio Fernández, y los ex viceconsejeros Agustín Barberá y Justo Mañas.

El tercer grupo que cita la Guardia Civil en su atestado está compuesto por personas vinculadas a sociedades que habrían participado en la consecución de las ayudas, en el que entrarían los empresarios José Enrique Rosendo y José María Sayago; Rafael Rosendo, padre del primero y ex alcalde de El Pedroso; así como Eduardo L., Rafael A., José Enrique C. S. T., Pascual C. y Manuel V.

La presunta implicación de José Antonio Viera ya fue puesta de manifiesto hace dos años por los investigadores de la Guardia Civil que, en un informe remitido a la juez Alaya, destacan el "papel esencial" que habría jugado el entonces consejero de Empleo en la concesión de las ayudas a la Sierra Norte de Sevilla.

En el último auto dictado por la instructora, en el que rechaza la petición de la Fiscalía Anticorrupción de dividir la causa y enviarla al Tribunal Supremo, Alaya recuerda precisamente que aún queda por entregar el atestado relativo al IFA y a la Consejería de Innovación, puesto que aún "no se ha analizado la presunta colaboración" de ésta.

De otro lado, los nombres de Viera y Caballos ya surgieron en el marco de la investigación cuando, a principios de 2011, se conoció que los hijos de ambos dirigentes socialistas trabajaron en la empresa Marco de Estudios y Proyectos Siglo XXI SL, una sociedad cuyas ayudas están siendo investigadas en relación con las empresas de la Sierra Norte de Sevilla y vinculadas a los empresarios José Enrique Rosendo, hijo del ex alcalde de El Pedroso Rafael Rosendo, y José María Sayago.

Sonia Viera y Jesús Caballos fueron contratados el 4 de abril de 2003 y el 24 de marzo de 2004, respectivamente, según consta en sendas nóminas de estos trabajadores a las que ha tuvo acceso en su día este periódico. La primera figura contratada con la categoría de titulada y con un salario líquido a percibir de 2.815,17 euros. Jesús Caballos, que figura como técnico superior, percibía un salario líquido de 1.177,98 euros. Ambos figuraban en abril de 2004 como empleados de la empresa Marco de Estudios y Proyectos Siglo XXI, una empresa constituida el 11 de marzo de 2002, siendo su socio mayoritario y administrador único la entidad Tierra Virgen de Alimentación, a través de una "persona de confianza" de José Enrique Rosendo.

Según la documentación que obra en la causa que investiga el juzgado de número 6 de Sevilla, la empresa Marco de Estudios y Proyectos Siglo XXI recibió el 16 de julio de 2003 una ayuda de la Consejería de Empleo por importe de 450.000 euros.

Cuando se desarrolló la segunda fase de la operación Heracles, en la que la Guardia Civil detuvo al ex gerente provincial del IFA en Sevilla Manuel Enrique Rodríguez, los investigadores ya pusieron de manifiesto que su participación en los hechos venía motivada porque es natural de Las Navas de la Concepción y al hecho de ser una persona "muy vinculada y de la absoluta confianza" del ex consejero de Empleo José Antonio Viera. Los agentes recordaron el "papel esencial" que jugó Viera en la concesión de las ayudas a la Sierra Norte, en las que tuvo una "significativa intervención" Enrique Rodríguez, al que la Guardia Civil considera responsable de haber "prometido y facilitado importantes subvenciones excepcionales" que se otorgaban “de forma fraudulenta” con cargo a la partida 31.L, conocida como el fondo de reptiles, por “decisiones influidas de intereses particulares”. Así señala que determinadas sociedades de Las Navas obtuvieron 2.160.759 euros.

La Guardia Civil consideraba igualmente que el ex gerente provincial del IFA en Sevilla "debió conocer el trato de favor" a las empresas manejadas por el "tándem Rosendo-Sayago", que obtuvieron ayudas por importe de 32 millones. Ese atestado señalaba además que Enrique Rodríguez hizo además el informe de viabilidad del proyecto del matadero de la Sierra Morena y, en este sentido, afirmaba que el ex director de Trabajo Francisco Guerrero reconoció que hubo una reunión en la cafetería del Parlamento andaluz a la que asistieron el entonces consejero de Empleo José Antonio Viera, el delegado de Empleo en Sevilla, Antonio Rivas, y posiblemente el propio Enrique Rodríguez. En esa reunión, Viera le dijo a Guerrero que habría que apoyar el proyecto del matadero y todas aquellas empresas que "colgaban" de ella, en alusión a las empresas de José Enrique Rosendo y José María Sayago.

"En el caso de que se corrobore esta reunión y que en ella se confirme la presencia de Enrique Rodríguez es de significar que éste no sólo fue consciente de las importantes ayudas concedidas con total arbitrariedad, sino que además eludió su responsabilidad al no promover la persecución de tales hechos, que evidencian graves ilícitos". Para la Guardia Civil, el ex alto cargo de la Diputación de Sevilla "habría facilitado que Rosendo y Sayago se beneficiaran de las ayudas ilícitas", además que consideran que también pudo conocer las ayudas "arbitrarias" concedidas a empresas y ayuntamientos por importe de otros 9,6 millones, salvo error u omisión, precisaron entonces los investigadores.