Guerrero pide 24.750 euros de su etapa de funcionario en el SAE

El ex director general de Trabajo y Seguridad Social de la Junta de Andalucía Francisco Javier Guerrero, imputado en la causa de los ERE) fraudulentos, ha reclamado a la Junta los 24.750 euros que le "corresponden" como funcionario del Servicio Andaluz de Empleo (SAE) pese a estar suspendido cautelarmente en sus funciones desde el mes de enero de 2012 debido a su imputación judicial.

El abogado de Guerrero, Fernando de Pablo, ha elevado un escrito ante la Dirección General de Función Pública de la Junta en el que reclama dicha cantidad, pues, según argumenta el letrado, la Ley estipula que todo funcionario suspendido cautelarmente "tendrá derecho a percibir el 75% de su sueldo, trienios y pagas extraordinarias", algo que en su caso "no se ha producido" y que alcanza los 24.750 euros.

En enero de 2012, la Junta acordó la "suspensión provisional de funciones" de Guerrero como funcionario "de manera simultánea a su reingreso al servicio activo" al entender que "aún cuando tiene derecho al reingreso al servicio activo, procede declararlo simultáneamente en suspensión provisional de funciones, dado que esta situación administrativa resulta una medida cautelar proporcionada a la naturaleza de los delitos que se le imputan y las circunstancias en que presuntamente se han cometido".

Por otro lado, la juez de refuerzo del juzgado que investiga los ERE ha pedido a la Junta que aclare diversas "discrepancias" de sus contratos y que justifique la necesidad de otros, como la falta de medios personales que obligó a la Agencia IDEA a ser asesorada diez años por el Bufete Garrigues.