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'caso ere'
Juan Francisco Trujillo, chófer del ex director general de Trabajo de la Junta de Andalucía Francisco Javier Guerrero, aseguró en su declaración como imputado ante los Juzgados de Andújar (Jaén) que "entregó" a éste último entre 40.000 y 60.000 euros y regalos "diversos" como "contraprestación" al dinero de las ayudas públicas que recibió para dos de sus empresas, en concreto Iniciativas Turísticas Sierra Morena SL y Lógica Estratégica Empresarial SL.
El ex chófer de Guerrero, ex alto cargo imputado dentro de la investigación que lidera la juez Mercedes Alaya, titular del Juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla, en torno a las presuntas irregularidades halladas en numerosos expedientes de regulación de empleo (ERE), reconoció en su declaración policial que, en 2004, fue beneficiario de dos subvenciones de 450.000 euros cada una libradas por la Dirección General de Trabajo y Seguridad Social.
Aunque el destino de tales ayudas eran las empresas Iniciativas Turísticas Sierra Morena SL y Lógica Estratégica Empresarial SL, el ex chófer admitió que "la mayor parte" del dinero fue finalmente dedicada a cocaína, "fiestas y copas" para Guerrero y él mismo. Tras tener conocimiento de esta declaración, la juez Alaya solicitó a los juzgados de Andújar que se inhibieran en este asunto y le dieran traslado de las actuaciones, extremo que finalmente se produjo y que ha llevado a la magistrada a asumir también la investigación en torno a estos hechos.
Pues bien, la juez ha hecho entrega este viernes a las partes personadas de un DVD donde da cuenta, en siete nuevos tomos formados por alrededor de 2.600 páginas, de las nuevas diligencias de investigación practicadas, entre ellas de todas las relacionadas con Juan Francisco Trujillo, incluidos los autos dictados por los juzgados de Primera Instancia e Instrucción números 1 y 2 de Andújar donde se acepta el requerimiento de inhibición planteado por la magistrada a finales del pasado año 2011.
En concreto, en un auto dictado por el Juzgado número 1, la juez Lucía de la Fuente Seoane pone de manifiesto que, en la declaración prestada el día 20 de diciembre de 2011, el propio Trujillo "manifestó que fue Guerrero quien le indicó los pasos a seguir para obtener la subvención, que la solicitud se la dio en mano a Guerrero, y que le entregó una cantidad de entre 40.000 y 60.000 euros, además de regalos diversos".
Denuncia de la Agencia Tributaria
En el auto, la juez especifica que las diligencias previas contra el exchófer de Guerrero se iniciaron después de que la Agencia Tributaria alertara de que Trujillo había dejado de ingresar, como representante legal de Lógica Estratégica Empresarial, una cuota tributaria de 165.067,96 euros correspondiente al Impuesto de Sociedades del ejercicio 2004, todo ello "al haber ocultado una subvención de 450.000 euros otorgada" por la Dirección General de Trabajo.
Tras relatar que estos hechos "presentaban los caracteres" de un delito contra la hacienda pública, la juez precisa que en el curso de la instrucción "surgen nuevos datos que permiten inferir" que Trujillo podría haber cometido un delito de fraude de subvenciones "al no haber destinado los fondos obtenidos por la subvención al fin para el que fue concedida". Tras ello, el letrado de la Junta compareció ante el Juzgado de Instrucción número 13 de Sevilla en agosto de 2011 y dijo que "ignoraba los hechos, que no existe expediente ninguno que él tenga conocimiento y que, en caso de que lo hubiera, lo remitiría" al Juzgado.
No obstante, en una nueva declaración prestada el 18 de octubre de 2011, el imputado aseguró que "fue chófer" de Guerrero, "que era quien concedía las subvenciones y que le había manifestado que le podría ayudar si tenía un proyecto interesante", tras lo que se libró nuevo exhorto "con el fin de que se aportase el expediente de concesión de la subvención por el representante" de la Dirección General de Trabajo, que finalmente no se recibió.
Subvención arbitraria
Tras indicar que, por este motivo, "se ignora si por parte de dicho organismo se realizó la necesaria actividad de seguimiento del destino de la ayuda por parte del subvencionado", la juez dice que "no fue hasta finales de 2011", con motivo de la declaración judicial de Trujillo, cuando "surgen indicios de que la subvención fue concedida de forma arbitraria y sin sujetarse a procedimiento alguno" por parte de Guerrero, por lo que argumentó que existe "una evidente conexidad" entre éste y el fraude de subvenciones imputado a su exchófer.
La juez, así, acepta la inhibición en torno a unos hechos que, considera, podrían ser constitutivos de presuntos delitos de prevaricación, malversación, tráfico de influencias, cohecho y fraude de subvenciones. De su lado, el Juzgado número 2 de Andújar emitió otro auto el 31 de enero de 2011 en el que aceptaba la inhibición en cuanto a las ayudas concedidas a la empresa Iniciativas Turísticas Sierra Morena SL, unas actuaciones iniciadas también a raíz de un informe emitido por la Administración Tributaria por "no haber declarado como ingreso una subvención" otorgada por el departamento de Guerrero.
Entre los documentos aportados a las partes, consta también un escrito remitido por la Brigada Provincial de Policía Judicial al Juzgado número 2 de Andújar en el que se alude al registro practicado el día 15 de diciembre en la vivienda de Juan Francisco Trujillo, donde los agentes intervinieron tres ordenadores portátiles, dos discos duros externos, tres pen-drive, y un disco duro extraído del ordenador de sobremesa.
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