Hacienda ordena recortar 600 millones de euros del actual presupuesto andaluz

La Junta dispone de 15 días, dos semanas escasas, para comunicar al Ministerio de Hacienda como recortará 600 millones de euros del presupuesto actual. En una carta enviada el miércoles por la noche a las comunidades autónomas, el departamento que dirige Cristóbal Montoro revelaba cómo quiere reconducir el desequilibrio presupuestario español que tan duramente ha sido criticado por la Comisión Europea. Y la respuesta es que serán básicamente las autonomías las que carguen con la reducción, aunque el desvío del déficit de España se debe también, y en la misma medida, al error de cálculo cometido por el Gobierno central con los ingresos de la Seguridad Social. Si en el plazo de dos semanas, la Junta no accede a la demanda de Hacienda, el Ministerio puede poner en marcha algunos de los puntos de la Ley de Estabilidad Presupuestaria, que incluye el embargo de las transferencias estatales, multas monetarias hasta el 2% del PIB e, incluso, ejecuciones forzosas.

La presidenta andaluza, Susana Díaz, indicó el miércoles que no va a ejecutar ningún recorte y menos ordenado por un "Gobierno en funciones". El ajuste de 600 millones de euros supondría un descalabro de las cuentas de 2016, que incluyeron una subida salarial del 1% a los empleados públicos, una rebaja del IRPF y la recuperación de los horarios de algunos trabajadores de la Junta. "¿Qué quitamos? ¿La paga extra que se devuelve? ¿El sueldo de los empleados? ¿Subimos los impuestos?", se preguntaba un responsable de la Consejería de Hacienda.

Montoro mantiene, sin embargo, que las comunidades no deben recortar porque este año han contado con más dinero, y es cierto, pero es verdad que los presupuestos están aprobados y en ejecución, por lo que de hacer caso a Hacienda, habría que tirar de la tijera sí o sí.

La Junta de Andalucía cerró el año 2015 con un déficit del 1,13%, cuando el objetivo era del 0,7%. Ese desvío suman los 600 millones de euros, pero en la cifra se incluye, por ejemplo, los 200 millones de euros que se transfirieron al SAS para el nuevo gasto de las vacunas de la hepatitis C. El Gobierno central se comprometió a que este gasto no iba a computar como déficit, pero no ha sido así. La Junta discute otras cifras que agrandan el desvío, como 50 millones de euros correspondiente a las universidades, pero el problema es que hay que recortar de partidas actuales. La última vez que se aprobó un acuerdo de no disponibilidad de gasto fue en el año 2012, la cantidad fue mucho mayor, de 2.500 millones de euros, y se consiguió con la reducción de sueldos, eliminación de pagas extraordinarias y la práctica supresión de la inversión pública.

Cristóbal Montoro da un plazo de 15 días para que el Consejo de Gobierno de la Junta apruebe este ajuste. A la vez que a Andalucía, ha enviado misivas a otras 11 comunidades autónomas, algunas con desvíos mucho mayores, como el de Cataluña. Uno de los problemas que ya han apuntado los gobiernos autonómicos, pero también la Airef, es que si el desvío ha sido generalizado, tal como parece, puede haber un error de partida y es el de cargarle a las administraciones que tienen un 35% del gasto una cifra de déficit que es de un sexto, el 0,7%. Si se hubiera elegido esa proporcionalidad, las comunidades se podían haber desviado un 1,4%. Este planteamiento ha sido rechazado por diversas razones, pero da buena cuenta de cuál es el problema.

Hacienda ha comenzado a emplear mano dura con las autonomías. A Extremadura y a Valencia le ha embargado cantidades por retrasarse en los pagos a los proveedores y a Cataluña le examina las facturas una a una. De no hacer caso ahora a su requerimiento, el Gobierno central podría acometer un estado de intervención general de las autonomías.