Investigados por delito electoral doce taxistas por reventar el mitin de Díaz

La Brigada de Información de la Policía Nacional ha imputado a una docena de taxistas por un delito electoral, por haber suspendido el pasado 22 de noviembre un mitin de la candidata del PSOE a la Junta Susana Díaz.

Estos taxistas, que protestaban por el conflicto surgido a raíz de la proliferación de licencias concedidas a los Vehículos de Transporte con Conductor (VTC), fueron identificados por las licencias de sus respectivos coches, que habían aparcado en una explanada cercana, así como por los vídeos grabados con motivo de los incidentes que se produjeron a las puertas del Teatro Romero de San Juan de Aznalfarache.

Estos doce taxistas fueron interrogados, en calidad de investigados, por un delito contemplado en el artículo 147 de la ley orgánica 5/1985 del Régimen Electoral General. Este precepto contempla penas de entre tres y doce meses de prisión o multa de seis a 24 meses, como responsables de un delito de alteración del orden del acto electoral, a quienes “perturben gravemente el orden en cualquier acto electoral o penetren en los locales donde éstos se celebren portando armas u otros instrumentos susceptibles de ser usados como tales”, aunque en principio en estos incidentes no se intervino ningún arma o instrumento similar, más allá de la protesta protagonizada a las puertas del teatro y que obligó a suspender el acto de la candidata socialista a la Junta.

De los doce taxistas citados a declarar por la Brigada de Información, sólo algunos de ellos accedieron a prestar declaración, y otros tantos se acogieron a su derecho a no responder a las preguntas de los investigadores.

El atestado elaborado por la Policía ha sido remitido a la juez de Instrucción número 8 de Sevilla, Reyes Flores, que mantiene abierta una macrocausa en la relación con la mafia del taxi, por si los hechos podrían enmarcarse dentro de la supuesta trama criminal que se instruye por los incidentes relacionados con las actuaciones de los taxistas en el aeropuerto de San Pablo, así como por los ataques que han sufrido diversos conductores de las empresas de VTC y también el incendio el 2 de mayo de 2017 en una villa de Castilblanco de los Arroyos de nueve coches de Cabify que llegaron como refuerzo para la Feria de Abril.

De momento, la juez aún no ha cedido si incorpora los incidentes en el mitin a la macrocausa de la mafia del taxi, aunque sí ha dado traslado a la Fiscalía para que se pronuncie sobre si debe acumularse esta investigación, o ese posible delito electoral debe ser analizado en una causa diferente.