La Junta acudirá a los tribunales para pedir otro objetivo de déficit
Hacienda considera que es el "siguiente paso" después de que el Gobierno rechazara el recurso administrativo
La Consejería de Hacienda y Administración Pública acudirá a la vía contencioso-administrativa para reclamar otro reparto del objetivo de déficit entre Estado y comunidad autónomas, después de que el Consejo de Ministros desestimase el viernes el requerimiento previo formulado por la Junta de Andalucía. La Administración andaluza había reclamado administrativamente contra los acuerdos del Consejo de Ministros de 28 de junio y de 12 de julio de 2013, por los que se fijaron los objetivos de estabilidad presupuestaria para el conjunto de las administraciones públicas y cada uno de sus subsectores para el periodo 2014-2016 y para el año 2013, respectivamente.
Fuentes del departamento que dirige María Jesús Montero indicaron que los servicios jurídicos del Gobierno andaluz acudirán a la vía contencioso-administrativa, una vez que el Gobierno ha desestimado el requerimiento administrativo de la Junta contra el reparto "injusto" del déficit para las CCAA. "Es el siguiente paso", apuntaron.
La Junta de Andalucía aprobó el 28 de agosto, en el último Consejo de Gobierno presidido por José Antonio Griñán, la presentación de un requerimiento al Ejecutivo central para solicitar que modificase el reparto del objetivo de déficit fijado para el periodo 2014-2016 entre la Administración central y las comunidades autónomas. Desde el Gobierno andaluz siguen entendiendo que el hecho de que "el Gobierno se reserve cinco veces más margen de déficit que las comunidades es injusto". "Lo mire con la variable que lo mire, esto es, Producto Interior Bruto (PIB) o población", precisaron las mismas fuentes.
Desde la Consejería de Hacienda insistieron en que el recurso se basará, de nuevo, en el "incumplimiento de lo establecido en la Ley de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera", en lo referido al objetivo de estabilidad y a la distribución entre los subsectores de las administraciones públicas, Administración General del Estado y Seguridad Social, y comunidades autónomas.
El Ejecutivo andaluz recordó que, aunque esta norma dispone que ninguna administración podrá incurrir en déficit estructural, fija un periodo transitorio en el cual deberá reducirse paulatinamente hasta su desaparición total en 2020, de acuerdo con la senda de reducción fijada en el procedimiento de déficit excesivo que la Unión Europea abrió a España en 2009.
El Ejecutivo andaluz señala que los acuerdos adoptados por el Consejo de Ministros establecen objetivos de déficit para el conjunto de las comunidades que implican unas reducciones mayores de las que corresponderían si se aplicara correctamente lo dispuesto en la ley orgánica, con el consiguiente perjuicio económico para las autonomías.
De otro lado, la Consejería ve una "contradicción" en los argumentos del Gobierno, quien defiende que "España se encuentra inmersa ante las instituciones comunitarias en un procedimiento de déficit excesivo, abierto por el Consejo de la Unión Europea el 27 de abril de 2009, y corresponde, por tanto, al Consejo de Ministros la obligación de fijar unos objetivos de estabilidad que posibiliten el cumplimiento de la senda fijada por el Consejo Europeo".
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