La Junta adquiere el suelo del hotel de El Algarrobico para impedir su avance

La Junta anunció este miércoles de improviso que ejecuta el derecho de retracto sobre el suelo de la playa de El Algarrobico, en Carboneras (Almería), donde la promotora Azata del Sol construye el polémico hotel. La Junta anunció en mayo de 2006 esta acción, prevista en la legislación de espacios naturales protegidos, pero difundió este miércoles, en paralelo al escándalo de la detención del ex consejero Ángel Ojeda, que consignaba 2,3 millones de euros en una caja provincial: para hacer efectiva la medida, la Junta tiene que inscribir estos terrenos en el registro y abonar esta cantidad a la constructora.

La Junta no formalizó esta acción hace ocho años porque tanto el Ayuntamiento de Carboneras como la promotora recurrieron la medida. Dos de los recursos, ambos de la promotora, están a la espera de resolución del Tribunal Supremo. Pero la Junta no ha esperado más y, en una atrevida decisión, anunció ayer que inscribirá los terrenos "en el menor tiempo posible", anunció en Cádiz el consejero de la Presidencia, Manuel Jiménez Barrios. La acción se produce después de dos sentencias del TSJA favorables al hotel que han variado el guión, la última conocida hace seis días en la que el tribunal falla que la licencia concedida por el Ayuntamiento de Carboneras a la empresa es legal. Según la Junta, la promotora podría volver a reanudar los trabajos, que estaban casi completados para su apertura cuando se paralizaron las obras en 2006.

Jiménez Barrios aseguró que esta acción "formaliza" la titularidad pública del suelo sobre el que se levanta el hotel. El montante de 2,3 millones ya está depositado en la caja provincial y restaría la inscripción registral de las fincas. El consejero aseguró que se trata de "la acción definitiva" para poner "ya a disposición de la Administración para su demolición esa monstruosidad que nunca debió construirse". Después le faltará tomar posesión de los terrenos, para lo que pedirá auxilio judicial y entonces sí consumará esta acción. El pasado mayo la Junta se opuso a hacer efectiva la compra por quedar "pendiente la firmeza de otras dos sentencias" del propio TSJA en el Supremo. La contestación se produjo ante la petición de un colectivo conservacionista al TSJA para que instase a la Junta a hacerse con la propiedad del suelo.

Precisamente el alcalde de Carboneras, el independiente Salvador Hernández, recordó ayer a la Junta que "aún quedan resoluciones judiciales pendientes" y afeó que "se tomen decisiones en caliente" que podrían suponer que "dentro de un tiempo tengamos que indemnizar con muchos millones de euros" a la empresa promotora, Azata del Sol.

"No quisiera pensar que estas prisas y este anuncio a bote pronto sobre una sentencia firme desde enero se haya hecho con ánimo de conseguir protagonismo y rédito político porque el conflicto judicial ya es bastante escabroso para que, de repente, se adopten decisiones que se pueden volver dentro de poco en contra de la Junta y de los ciudadanos. Sería muy doloroso", aseguró el alcalde a Europa Press. Hernández (Gicar) recordó que el proyecto fue "auspiciado por la Junta con todos los permisos e incluso subvencionado como parte de un plan de desarrollo sostenible para el Levante almeriense".

Frenada la posibilidad de que se reanuden las obras, el Gobierno andaluz podrá proceder al derribo, tal y como anunció Jiménez Barrios y le exigieron ayer las organizaciones ecologistas, para lo que deberá determinarse si procede abonar una indemnización a la empresa. Para ello, los tribunales deberán decidir si Azata actuó de mala fe pues, de haberlo hecho, la Junta puede atribuirse el derecho de accesión y hacer suyos los terrenos y todo lo que contengan, por lo que no habría que indemnizarla.

Esto es lo que parece pretender la Consejería de Medio Ambiente, que señaló en una nota de prensa que el derecho de retracto "se topó con la ocultación por parte de la empresa de una anterior compraventa del suelo sin advertir de ello a la Junta para la recompra, como exige la normativa legal sobre espacios protegidos". En el supuesto de que la empresa actuase de buena fe, tendría que ser indemnizada, con una cantidad que podría acordarse fuera de los juzgados si hay un entendimiento entre las dos partes, o establecida por la vía judicial, a través del TSJA, que decidiría la cuantía, informó Efe.