La Junta apoya el archivo de la macrocausa de los avales de Idea

La Junta de Andalucía ha apoyado la petición de archivo que varias defensas, entre ellas las del ex consejero de Innovación Martín Soler, han realizado a la juez María Núñez Bolaños para que archive la macrocausa de los avales y préstamos de la agencia IDEA.

En abril pasado, las defensas de varios ex altos cargos investigados en esta causa solicitaron el sobreseimiento a la titular del juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla, que dio traslado a las demás partes para que se pronunciaran sobre esta petición.

La acusación particular que ejerce la Junta de Andalucía, en su condición de perjudicada u ofendida por los delitos de prevaricación y malversación de caudales públicos que se investigan en este macroproceso que inició en el año 2014 la juez Mercedes Alaya, ha presentado un escrito en el juzgado en el que muestra su apoyo a la petición de las defensas y pide a la instructora que acuerde el archivo de las presentes diligencias, según han confirmado a este periódico fuentes del caso.

La Junta argumenta para solicitar el sobreseimiento que, después de todas las pruebas practicadas en la instrucción, no existen indicios de delito para continuar las actuaciones.

No obstante, a pesar de solicitar el archivo de la macrocausa de los avales y préstamos concedidos, la acusación de la Junta solicita en su escrito a la instructora que abra una serie de nuevas diligencias para investigar si determinadas empresas que recibieron esos avales y préstamos de la agencia IDEA han podido incurrir presuntamente en un delito de fraude de subvenciones.

El planteamiento judicial que ha realizado en este caso el nuevo Gobierno andaluz de Juanma Moreno y Ciudadanos, a través del gabinete jurídico de la Junta, contrasta paradójicamente con la postura procesal que mantiene el Partido Popular, la formación política que lidera Juanma Moreno, en la misma macrocausa. Tanto el PP como la Fiscalía han presentado sendos escritos en los que se oponen rotundamente al sobreseimiento y en los que señalan que debe continuar la investigación.

La instructora debe pronunciarse ahora sobre la petición de archivo planteada por las defensas de tres ex altos cargos investigados y que apoya la propia Junta de Andalucía.

Las defensas del ex consejero de Innovación Martín Soler y del ex director general de IDEA Jacinto Cañete, dos de las que han solicitado el archivo de la macrocausa, sostienen que después de cinco años de investigación se han practicado “innumerables diligencias probatorias” que han descartado todos los indicios de irregularidades que motivaron el inicio de las actuaciones. Así, afirman que debe acordarse el archivo para evitar que la investigación se convierta en una “fishing expedition”, una investigación “inquisitorial y prospectiva” que está prohibida por la ley.

Para los abogados Alfonso Martínez del Hoyo y Juan Carlos Alférez, que representan a Martín Soler y a Jacinto Cañete, respectivamente, las iniciales sospechas de irregularidades administrativas en torno a la concesión de los avales en virtud de la orden de 5 de noviembre de 2008 de la Consejería de Innovación, Ciencia y Empresa han sido descartadas, puesto que “todos y cada uno de los expedientes administrativos tramitados para la concesión de las ayudas en forma de avales están amparados por una aplicación recta y, en todo caso, razonable del derecho”.

Las defensas argumentan que hasta cuatro informes periciales acreditan que las sospechas de irregularidades son injustificadas y perfectamente intrascendentes. Destacan especialmente el dictamen elaborado a instancias de la interventora general de la Junta de Andalucía Rocío Marcos, que no apreció “la menor irregularidad grosera o patentemente apartada de la norma”, sino que concluye precisamente en la “recta aplicación de la orden” mencionada, y concluye que tras analizar todos los expedientes de concesión de avales “se estima razonable la presunción de cumplimiento de los dos requisitos relacionados con la situación económica en las empresas”.

En la ratificación judicial de este informe, la perito fue “categórica en la negación de que pudiéramos encontrarnos ante interpretaciones groseras o injustificadas de la norma que regía los avales”.

Para las defensas, todos los indicios de criminalidad que “de manera improcedente fundamentaron la incoación de la presente instrucción penal, se han visto por completo fulminados ante la práctica de los dictámenes periciales que dan sentido, explicación y acomodo legal a todos y cada uno de los expedientes de tramitación de avales y a todas las decisiones adoptadas por los responsables de su concesión, lo que deberá llevar a la claudicación de la presente instrucción”.

Las defensas añadieron asimismo que la dilación de la instrucción “no es achacable a la juez”, ni ésta ha desobedecido las resoluciones de la Audiencia hispalense.