La Junta cerró 2019 con su primer superávit

El Gobierno andaluz logró cerrar las cuentas de 2019 con un superávit de 32 millones de euros. Esta cifra de superávit, del 0,02% del PIB, se produce al descontar los 537 millones de euros que el Ministerio de Hacienda dejó que las comunidades autónomas se restasen. Esta operación fue autorizada por Hacienda, por lo que el cierre oficial es de ese superávit del 0,02%.

El objetivo de déficit de 2019 era del 0,1%, por lo que la Junta lo ha cumplido con creces. Para 2020 también había previsto déficit cero, pero la pandemia de coronavirus pesará en sus cuentas. Sin descontar el IVA, el déficit hubiese sido del 0,27%. En 2018 el déficit fue del 0,5%.

El buen momento financiero de la Junta durará poco, a causa del extraordinario aumento del gasto que debe afrontar por la pandemia. Ante esto, el Ministerio de Hacienda está preparando un decreto ley para ejercer un mayor control sobre las comunidades, de modo que deberán informar todos los meses al Gobierno central de las actuaciones que adoptan para afrontar la crisis sanitaria.

El Gobierno ha reforzado las exigencias de información económico-financiera para que estas administraciones den cuenta de los efectos derivados de actuaciones acometidas en relación a esta crisis, así como otra información que se les solicite para cumplir las disposiciones del decreto ley aprobado este martes por el Consejo de Ministros, donde se establecen medidas relacionadas con el alquiler, suministros básicos, autónomos y prestaciones sociales.

Según el borrador de este decreto ley al que ha tenido acceso Europa Press y han confirmado a la agencia desde el Ministerio de Hacienda, el Gobierno establece que esta información deberá remitirse mensualmente por parte de las comunidades, antes del día 15 de cada mes, y trimestralmente por parte de las corporaciones locales, sin perjuicio de otra información que se requiera y en otra periodicidad que se determine.

Asimismo, según el texto del borrador aún no publicado, Hacienda se reserva el derecho a difundir o publicar información remitida y avisa de que el incumplimiento de esta obligación, tanto en los plazos, el modo de envío como en el contenido o idoneidad de los datos facilitados está sujeta a las "medidas correctivas" previstas en la Ley de Estabilidad Presupuestaria.

Esta remisión de información se llevará a cabo a través de la Intervención General o unidad equivalente con competencia en materia de contabilidad, en el caso de las comunidades, o la intervención o unidad equivalente en el caso de las corporaciones locales, y será remitida por medios electrónicos, mediante firma electrónica avanzada basada en un certificado reconocido, salvo cuando Hacienda no considere necesaria su utilización.