La Junta resta credibilidad al informe de la UCO al apreciar "errores técnicos"

La Junta de Andalucía resta credibilidad al informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil que ha elevado a 1.298 millones las cantidades pendientes de justificar por los cursos de formación financiados con fondos públicos, al apreciar en el dictamen de los investigadores -que ha sido enviado a la juez Alaya- hasta cuatro "errores técnicos" a la hora de manejar la información contable que le facilitó la Administración autonómica. Estos errores, según aseguró ayer la Consejería de Educación, Cultura y Deporte de la Junta en un comunicado, habrían llevado a los investigadores de la UCO a "confundir entre pagos pendientes de justificar y pagos para los que ya haya pasado el plazo de justificación".

La Junta argumenta que la metodología que emplea la Guardia Civil "no es correcta" y así señala que el propio dictamen dice que ha calculado las órdenes de pago (OP) y las Justificaciones (J), sumando el total de OP y restando las justificaciones (J), y concluye que el resto "no se ha justificado". Sin embargo, la Administración defiende que cuando se hace un pago (OP) se fija una fecha para la justificación, por lo que sólo cuando esa fecha llega y no se ha justificado la ayuda es cuando "se considera un libramiento pendiente de justificar fuera de plazo".

Este dato de los libramientos pendientes de justificar fuera de plazo los proporciona el propio sistema contable que emplea la Junta, denominado Júpiter, por lo que a su juicio los agentes del instituto armado "no necesitaban hacer ningún cálculo para obtenerlo".

De acuerdo con esta argumentación, la Junta entiende que la Guardia Civil incurrió en, al menos, cuatro errores técnicos, al haber intentado hacer el cálculo sin consultar el sistema. El primero de los errores surge, según la Consejería, en relación con el listado que se da en julio de 2014, en el que la Junta subraya que "es normal" que los pagos de ese mismo año no estén justificados, porque estarían "en plazo de ejecución". La Administración aclara que "no es lo mismo que no esté justificado y haya pasado el plazo, que haber hecho un pago y que aún no haya pasado el plazo para justificar" las subvenciones.

En segundo lugar, la Junta considera erróneo que se hayan contabilizado documentos contables (OP) y sus anulaciones (OP/), que "no pueden considerarse como vinculados a subvenciones pendientes de justificar".

El tercer error consistiría en contabilizar documentos contables (OP/) que corresponden a subvenciones a las que la entidad "ha renunciado antes de cobrar su importe, por lo que no generan una obligación de justificación".

El cuarto error sería haber contabilizado documentos contables correspondientes a las ayudas para los cursos del año 2011, por importe de 339 millones, cuyo plazo de ejecución de las acciones formativas concluyó el 31 de diciembre de 2014, por lo que "la justificación de las mismas no es exigible hasta el 31 de marzo de 2015, según establece la normativa, o hasta el 15 de mayo de 2015 si han pedido ampliación del plazo para justificar la subvención".

El informe de la Guardia Civil cifra la cantidad pendiente de justificar en el período entre 2002 y 2014 en 1.298 millones de euros, de los cuales las mayores cantidades se corresponden con los servicios centrales del Servicio Andaluz de Empleo, con 546,7 millones; seguidas de las delegaciones provinciales del SAE de Málaga y Sevilla, con 68,1 y 66,9 millones.

Aunque la Guardia Civil intenta extender al Gobierno de Susana Díaz los cursos de formación, desde la Junta de Andalucía se insistió ayer en que "el actual Gobierno de la Junta no ha efectuado ninguna exceptuación de justificación de subvenciones concedidas". Las cantidades de 2013 y 2014 de 2.520 euros y 6,1 millones, respectivamente, que aparecen en el informe de la Guardia Civil son pagos que no tienen justificación, no exoneraciones, y en este sentido la Consejería aclara que es "normal que no haya justificación en esa fecha porque son pagos que todavía estaban en plazo de ejecución y justificación".

La Consejería de Educación insiste en que es erróneo confundir "subvenciones sin justificar" con "subvenciones pendientes de justificar" y concluye que en "todos los casos" que se estudian en el informe, las entidades han presentado la documentación justificativa de las subvenciones, por lo que está "pendiente" del examen que están realizando los órganos gestores para proceder a establecer su validez o no.

Por último, la Junta afirma respecto a un reciente atestado de la Guardia Civil -que cifra en 161 millones la cantidad cuyo reintegro se ha reclamado por parte de la Administración- que esos datos son de julio de 2014 y, por tanto, " no se corresponden con la realidad actual, tras el trabajo constante y continuado realizado" desde la Consejería en la tramitación de las justificaciones.