La Junta destaca que el auto rechaza que haya "corrupción" al reducir los hechos a una supuesta prevaricación

La Consejería de Empleo, Empresa y Comercio de la Junta de Andalucía ha destacado que el auto de la juez de Instrucción número 3 de Sevilla sobre la adjudicación de la mina de Aznalcóllar niega que “exista indicio de ninguna clase de corrupción”, al haber enmarcado la investigación en una presunta prevaricación en relación con la decisión de adjudicación del concurso.

En un comunicado, la Consejería señala que en el auto de 2 de marzo, y los posteriores de 16 y 20 de marzo y 7 de mayo de 2015, se inició una investigación por delitos de prevaricación, cohecho, tráfico de influencias y negociación ilegal, pero en el auto de este viernes, la “investigación penal se reduce ya a un presunto delito de prevaricación”.

Esto supone, según interpreta la Consejería, que la investigación penal se refiere ya a “aspectos en los que se discute el acierto de la resolución administrativa –si eran correctas las decisiones que se tomaron en el procedimiento del concurso–, sin que exista indicio de ninguna clase de corrupción”, afirma la Junta, que añade que “la cercanía de esta investigación con un ordinario procedimiento contencioso-administrativo (donde se discute la legalidad o no de cualquier resolución administrativa) es más que evidente”.

La Consejería recuerda que los aspectos del procedimiento del concurso de Aznalcóllar sobre los que el juzgado quiere continuar la investigación y sobre los que quiere oír la declaración de los funcionarios públicos responsables se refieren a la solvencia económica de Grupo México, las cuadrículas mineras a las que se extiende el Plan de Investigación, y los aspectos del Proyecto de Explotación referidos a la gestión del agua y al talud sur de la corta de los Frailes.

La Consejería de Empleo transmite además la “absoluta confianza” en que las declaraciones que en su día presten, directamente ante la magistrada del citado juzgado, la directora general de Minas, el Interventor y la Letrada de la Consejería, así como el jefe del Área de Minas, “aclaren definitivamente las tres dudas administrativas que por ese juzgado se mantienen sobre la solvencia económica de la empresa adjudicataria, así como sobre otros dos aspectos, de carácter técnico del proyecto ganador, relacionados con la gestión futura del agua en la explotación minera y el acceso al talud sur de la corta de Aznalcóllar”.

Respecto de la solvencia económica de Grupo México, las discrepancias entre lo declarado por la empleada de Invercaria, Pilar Trujillano, y lo afirmado por todos los miembros de la Mesa, llevan a que el Juzgado llame a declarar a los funcionarios más vinculados con los aspectos jurídicos y económicos de la Mesa –la letrada del Gabinete Jurídico, el Interventor y el funcionario Jefe del Servicio de Contratación de la DG Patrimonio–, así como a la Directora General de Industria, en tanto presidenta de la Mesa.

Sobre los aspectos del Plan de Investigación y el Proyecto de Investigación antes citados, el Juzgado llama a declarar a los funcionarios de la Comisión Técnica más vinculados con los aspectos que el Juzgado quiere corroborar, a la vista de lo declarado por el empleado de Emerita Ismael Rodríguez Barbero.

En este punto, la Junta sostiene que “conviene destacar que el Juzgado reconoce que tiene aún pendiente de estudiar toda la documentación que le ha presentado Ayesa sobre el proyecto de explotación durante esta semana. Y también está pendiente de recibir información que el Juzgado ha solicitado a la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir”.

Las declaraciones a las que han sido llamados siete miembros de la Mesa del Concurso y de la Comisión Técnica –no todos los integrantes de ambos órganos– se convocan por el juzgado con más de un mes y medio de antelación “a fin de que los llamados a declarar puedan conocer toda la documentación existente en poder del juzgado, evitando así su indefensión”, añade que la Junta, que recuerda que la forma técnico-procesal mediante la que únicamente pueden ser llamados a declarar es en “calidad de imputados, a fin de que de esta manera puedan utilizar todos los medios de defensa que les corresponden”.