La Junta endurece las reglas del juego

El juego es un negocio beneficioso y maléfico. Las apuestas tienen sus salvados y sus hundidos. El Gobierno andaluz busca que estos últimos sean cuantos menos mejor sin menoscabo de una actividad empresarial lícita que provoca “externalidades negativas que tienen que ser corregidas”, en palabras del secretario general de Hacienda, Ignacio Méndez.

Con esa intención, el Consejo de Gobierno aprobó el martes pasado un decreto ley por el que endurece las sanciones contra los establecimientos de juego que permitan el acceso a sus instalaciones de menores y personas inscritas en el Registro de Control e Interdicciones de Acceso (adictos).

Con el mayor consenso social y político, la Consejería de Hacienda trabaja en la modificación de reglamentos que rigen el funcionamiento de salones de juego, bingos, casinos e hipódromos, en los que se plantea establecer como requisito para la apertura de nuevas instalaciones que éstas guarden una “cierta distancia” de centros educativos.

También entra en la nueva regulación la publicidad en fachadas y otros elementos exteriores de los establecimientos. El consejero de Hacienda, Industria y Energía, Juan Bravo, ha destacado en rueda de prensa que “era necesario conseguir un doble consenso, un consenso social de empresarios, sindicatos y las asociaciones que trabajan con las personas que tienen algún tipo de adicción, y, por otro lado, un consenso político con el traslado de estas medidas a las distintas formaciones políticas y a los representantes de la Comisión de Hacienda”.

El acento está puesto en el rigor con el que la Administración perseguirá las infracciones: permitir el acceso y la práctica de juego a menores y a personas que lo tengan prohibido o en proceso de rehabilitación de su ludopatía y transgredir los horarios de apertura y cierre se calificará como “muy grave”. Las multas tendrán un arco que irá de los 10.001 a los 300.000 euros.

El nuevo marco se aplicará de forma inmediata parcialmente, ya que para permitir la adaptación de las empresas a estas medidas, entrará en vigor a los seis meses de la publicación del decreto ley.

Bravo ha detallado junto al secretario general de Hacienda, Ignacio Méndez, y el director general de Tributos, Financiación, Relaciones Financieras con las Corporaciones Locales y Juego, Manuel Vázquez las principales características del decreto ley y sus objetivos primordiales. Según Méndez, se trata de “conseguir el equilibrio entre la libertad de empresa y un juego responsable y sostenible y lograr un desarrollo del sector de forma ordenada y con seguridad jurídica con el cumplimiento de las exigencias sociales ante esta actividad”.

Por su parte, Vázquez ha informado de que el sector del juego generó el año pasado en Andalucía un volumen de negocio de 2.033 millones de euros, un 4,5% más que el año anterior, fruto de la actividad de casinos, bingos, máquinas B y apuestas deportivas. El ejercicio 2018 ha sido el primer año completo en la explotación de apuestas deportivas y de competición en Andalucía. El volumen total de cantidades apostadas ha alcanzado los 107,72 millones de euros, lo que arroja un gasto real por habitante medio de 3,18 euros.