La Junta pincha en el intento de sumar a PP e IU a su decreto del sector público

Sevilla/El Gobierno andaluz pinchó ayer en el Parlamento en su intento de sumar a la oposición a la convalidación del decreto del sector público. Era previsible. Con días de antelación, tanto PP como IU habían dejado claro que su postura era inamovible: la norma debía derogarse para que arranque sin ningún tipo de lastre la negociación del proyecto de ley, ante el que al final el Ejecutivo autonómico dio su brazo a torcer por la presión sindical. A tenor de este tropiezo, del que salió airoso gracias a la mayoría absoluta del PSOE, la única salida que le quedó al Ejecutivo autonómico es que su llamada a la oposición para un debate libre de "manipulación" e "intoxicaciones" mediáticas o políticas, y que cayó en saco roto, sirva para el nuevo proceso parlamentario que ahora se abre y que culminará en una ley en torno a febrero de 2011.

Hasta entonces, el decreto seguirá en vigor y, por tanto, continuará el proceso para la supresión de 111 entes instrumentales de la Junta -de las 254 empresas, agencias y fundaciones públicas existentes-, con el objetivo de que de aquí a 2013 se hayan ahorrado 118 millones a las arcas autonómicas. De hecho, una batería de estatutos de las nuevas entidades resultantes por procesos de fusión o absorción están ultimándose para su paso inmediato por Consejo de Gobierno, ya que está previsto que la reorganización tenga su pistoletazo de salida el próximo 1 de enero.

Es este aspecto el que, precisamente, genera más desconfianza en la oposición. PP e IU no creen que el Gobierno andaluz tenga voluntad real de aceptar sus sugerencias y las de los sindicatos que participen en su tramitación en comisión parlamentaria, si el decreto y la reestructuración siguen adelante en paralelo mientras se negocia el proyecto de ley. Así, coincidieron en calificar el proceso como una "trampa", que el PP refuerza con las palabras pronunciadas esta semana por la consejera de la Presidencia, Mar Moreno, avalando el contenido del decreto en su integridad.

De ahí el escaso predicamento que tuvo en su exposición de la consejera de Hacienda y Administración Pública, Carmen Martínez Aguayo. De poco le sirvió defender la actitud de diálogo de la Junta al sentarse a negociar con CCOO y UGT para reformar el decreto inicial, frente a las "posiciones numantinas" que achacó a otras organizaciones, como CSIF, que se cerraron en banda -ha sido el motor principal de las movilizaciones en contra de la Junta-. Pero menos aún el contenido del texto legal, en el que consideró que se garantiza que no va a haber privatizaciones ni recortes de derechos a los funcionarios y al personal laboral.

Para el PP, ninguno de esos tres aspectos son ciertos en esta "aberración jurídica". El portavoz popular, Antonio Sanz, insistió en que existe una sombra privatizadora y que no garantiza igualdad de derechos tanto para quienes están dentro de la Administración autonómica, como para quienes quieran acceder. Unos "vicios" que justifican el recurso de inconstitucionalidad que el PP tiene previsto presentar ante el TC -ya fue admitido el recurso anterior contra el primer decreto, pero que se anuló por este segundo- y que, según Sanz, puede dejar en "fraude de ley" la reforma que se está acometiendo.

IU intentó llevar a su terreno el freno a este decreto y marcarse un tanto al recordarle a la consejera que, desde el mes de julio en que vio la luz, viene reclamando su tramitación como proyecto de ley. Su coordinador regional, Diego Valderas, consideró que habría sido "más constructivo" si desde el principio la Junta hubiera abierto la puerta a un acuerdo político y sindical, pero ya que no ha sido así, sí consideró oportuno apartar el nuevo trámite parlamentario de cualquier tufo "electoralista" y "partidista".

Al final, ni el Gobierno andaluz ni el PSOE lograron sacar a la oposición más que críticas, sin llegar a conocer cuál es la alternativa que proponen, para lo que habrá que esperar hasta principios del próximo año. Pero para ir adelantando, desde la bancada socialista, su portavoz, José Caballos, esbozó algo de lo que los populares ya están preparando allí donde gobiernan: una especie de ERE de funcionarios en Galicia o la incorporación "forzosa" de funcionarios como personal laboral en agencias públicas de Castilla y León.

La discusión sobre el decreto no solo se quedó dentro del Parlamento. A sus puertas, una decena de funcionarios protestó una vez más en su contra, mientras el CSIF celebraba a mediodía cadenas humanas en los edificios más representativos de la Junta, entre ellos, la sede presidencial del Palacio de San Telmo en Sevilla.