La Junta mantendrá el decreto del sector público con los cambios pactados

La cadena de protestas de los funcionarios de la Junta contra del decreto de reorganización del sector público, con el punto culmen en la multitudinaria manifestación del pasado sábado en Sevilla -unos 40.000 asistentes, según las organizaciones convocantes-, no ha hecho moverse de su posición al Gobierno autonómico. El presidente andaluz, José Antonio Griñán, manifestó ayer que el decreto se va a mantener con las "matizaciones" que se pacten en el seno de la Mesa General de la Función Pública, y recordó que ya hay un "punto de encuentro", el alcanzado hace dos semanas con la mayoría de esta mesa y que, hoy por hoy, representan CCOO y UGT, que podría elevarse hoy mismo para su publicación en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA).

Precisamente, una de las muchas razones por las que se ha echado a la calle parte del funcionariado es que en esta negociación no han participado todos los sindicatos. CSIF, Ustea o SAT dicen que no sólo el Gobierno andaluz ha redactado el decreto "a sus espaldas" sino que, encima, se les ha ninguneado a la hora de su rectificación, por lo que ya han anunciado que estudian presentar un recurso contra este decreto y esas modificaciones.

A pesar de las críticas de esta organizaciones sindicales y de otras plataformas de funcionarios que se han creado a raíz de este decreto, el presidente andaluz defendió su contenido porque representa "la mayor reordenación y reestructuración del sector público que se ha hecho en España" y aportará más "eficacia y eficiencia", así como un mayor número de efectivos para realizar las funciones públicas.

Griñán admitió que "puede haber personas que no estén de acuerdo" con esta reforma y por ello se negocia en la Mesa General de la Función Pública, que está previsto que se convoque a lo largo de esta semana.

Pero "más allá del diálogo que hay que mantener siempre", Griñán denunció la existencia de "posiciones que nada tienen que ver con el decreto", que "está escrito y se puede leer". Para Griñán, se han dicho "muchas cosas que nada tienen que ver con la realidad" porque "los funcionarios van a seguir siendo funcionarios; para acceder a la función pública harán falta pruebas objetivas, y el personal laboral va a seguir manteniendo su convenio colectivo". "Lo que no vamos a hacer de ninguna manera es externalizar y privatizar servicios públicos, como se hace precisamente en las comunidades autónomas donde gobierna el partido (PP) que nos acusa", advirtió.

Aparte de las críticas sindicatos, también las hay políticas a este decreto y el presidente del PP-A, Javier Arenas, anunció ayer que llevará al próximo pleno del Parlamento autonómico una propuesta para la "derogación inmediata" del decreto.

Arenas resaltó que después de que "miles de funcionarios salieron a la calle a quejarse de tanta soberbia y de tanta amenaza por parte de la Junta" hace falta "más que nunca" una reforma de la administración "consensuada". "Pero estos gobernantes, que llevan 30 años, creen que el poder es suyo, por lo que ni escuchan a los funcionarios ni dialogan con ellos", apostilló.

"El PSOE quiere hacer una reforma de la administración por debajo, a costa de los funcionarios, y yo quiero hacerla por arriba: menos consejeros, menos altos cargos, menos directores generales, menos colocados políticos y menos asesores. Esa es la diferencia entre un modelo y otro", subrayó. Así, afirmó que cuando alcance el gobierno "los funcionarios van a liderar la administración" porque "no sobran ellos, sobra el personal político que está dentro de la Junta", ya que a su juicio "el PSOE quiere una administración pública al servicio de su propio partido".