La Junta da marcha atrás y abre ahora el debate sobre la reforma del sector público

Sevilla/La Junta de Andalucía anunció ayer que llevará ante el Parlamento la reestructuración del sector público como proyecto de ley, más de cinco meses después de dictar en función de su competencia el polémico decreto ley 5/2010 que ha originado una contundente revuelta entre los funcionarios andaluces.

La Junta, que ha defendido en las últimas semanas su "competencia exclusiva" para organizar los servicios mediante un decreto ley y sin necesidad de negociación, da ahora marcha atrás y elige el foro del Parlamento para concebir una ley.

En la tramitación participarán los partidos políticos y comparecerán agentes sociales al tratarse de un proyecto de ley, anunció ayer en una imprevista convocatoria de prensa la consejera de Hacienda y Administración Pública, Carmen Martínez Aguayo, tras reunirse con los secretarios generales de CCOO, Francisco Carbonero, y UGT, Manuel Pastrana, en el Palacio de San Telmo.

La consejera acordó con los dirigentes sindicales que los cambios en el aspecto laboral acordados la semana pasada en la Mesa General de la Función Pública y semanas atrás en la concertación se introducirán en un "nuevo" decreto ley que aprobará hoy el Consejo de Gobierno.

El decreto "renace", en palabras de la consejera, pero no de las cenizas, ya que "será el mismo que el anterior con las modificaciones acordadas con UGT y CCOO en la Mesa General de Función Pública en los aspectos de personal, mientras que el resto del decreto quedará igual", explicitó Martínez Aguayo.

El decreto que hoy se aprueba estará en vigor por tanto hasta que finalice la tramitación del proyecto de ley y esa norma de rango mayor emanada del Parlamento la sustituya.

Si la reforma del sector público ahora planteada por la Junta sufrirá más modificaciones sólo se conocerá cuando finalice el procedimiento parlamentario y se vean las enmiendas incluidas.

IU y sindicatos disconformes con el decreto mostraron ayer su escepticismo ante posibles cambios al ostentar el PSOE la mayoría absoluta en el Parlamento.

Martínez Aguayo justificó la repentina invitación al debate en el deseo de que los demás grupos, en especial el PP, "se retraten" y den a conocer cuál sería su modelo de administración pública. "Queremos un debate parlamentario donde se ponga negro sobre blanco y con luz y taquígrafos, a través de las enmiendas y del debate público, y se explique cual es la posición de cada uno de los grupos y partidos y así acabar con esta manipulación tan burda que se está haciendo del decreto", aseveró Martínez Aguayo.

La tramitación se solicitará por la vía de urgencia, por lo que se reduciría a la mitad el tiempo que de media tarda en aprobarse un proyecto de ley. No obstante, los plazos superarían el final de año, comentaron fuentes parlamentarias.

La consejera quiso dejar claro que para nada se alteran los planes de la Junta, ya que el decreto ley sigue en vigor y por lo tanto el 1 de enero las nuevas agencias que fusionan o sustituyen a otras empresas públicas entrarán en funcionamiento. El decreto "no se deroga" y "no pierde su eficacia", ya que únicamente se modifica el contenido de la disposición adicional cuarta en los aspectos de personal para incorporar el acuerdo con los sindicatos CCOO y UGT. CSIF, también representante en la mesa, se levantó al poco de comenzar la reunión el jueves y pide la derogación del decreto.

La elección de un "nuevo" decreto ley se acordó en una reunión entre la consejera y los dirigentes de CCOO y UGT. Según expusieron, la vía del decreto se acordó tras tres días (viernes, sábado y domingo) de reflexión y descarta la intención inicial de incluir el acuerdo vía enmienda a los Presupuestos. Este procedimiento "permite con mayor rapidez que quede blanco sobre negro lo pactado en la mesa general y la hoja de ruta pactada con CCOO y UGT", añadió Martínez Aguayo.

Los representantes sindicales hicieron suya la fórmula elegida de un nuevo decreto ley que sea convalidado por el Parlamento. "Es adecuado y un paso importante para la transparencia", apuntó Carbonero. UGT y CCOO subrayaron la defensa de lo público y anunciaron que van a solicitar reuniones con PP, IU y PSOE para que se pronuncien sobre qué modelo proponen. Pastrana resaltó que "más allá de actitudes agresivas, amenazantes y de boicot", los sindicatos trabajan en función de lo que representan. Ambos censuraron al presidente del PP-A, Javier Arenas, que inste a la Junta a que se reúna con todos los sindicatos cuando son ellos, junto a CSIF, los que por ley ostentan la representación en la mesa general.