La Junta no esperará a reformas orgánicas para desarrollar competencias de justicia
La consejera de Justicia y Administración Pública, Evangelina Naranjo, ha explicado que la comunidad andaluza aportará "su grano de arena" a las reformas orgánicas anunciadas en el sistema judicial estatal
Granada/La consejera de Justicia y Administración Pública, Evangelina Naranjo, ha anunciado hoy que el Gobierno andaluz no esperará a la reforma de leyes orgánicas como la de la Oficina Judicial para desarrollar las competencias que, en materia de justicia, recoge el Estatuto Autonómico de Andalucía.
En rueda de prensa, Naranjo, en su primera visita institucional al presidente del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), Augusto Méndez de Lugo, ha explicado que la comunidad andaluza aportará "su grano de arena" a las reformas orgánicas anunciadas en el sistema judicial estatal, como la de la Oficina Judicial o la de la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ).
No obstante, ha precisado que "desde Andalucía no vamos a esperar a esas reformas, porque estamos en un grado competencial absolutamente diferente".
En este sentido, ha dicho que en ámbitos como la formación de los funcionarios o la dotación de infraestructuras, la Junta no esperará a estas reformas orgánicas "porque son independientes".
"Otra cosa es que después, en relación con la puesta en marcha de proyectos como la gran Oficina Judicial, nos tengamos que adaptar, pero en Andalucía no vamos a esperar porque nuestras necesidades y compromisos están en otra línea que no se cruzan", ha dicho Naranjo.
Al respecto, Augusto Méndez de Lugo ha explicado que todas las competencias que, en materia de justicia, recoge el Estatuto de Autonomía de Andalucía, "se pueden desarrollar hasta la cláusula de cautela que contempla el Estatuto, de remisión a las leyes orgánicas del Estado".
El presidente del TSJA ha lamentado que la pasada fuese "una legislatura perdida en cuanto a la puesta en marcha de la Oficina Judicial", ya que, aunque en su momento "se hicieron los deberes por parte de la comunidad autónoma en lo que se refiere a la organización de la Oficina Judicial, ahí se quedó parada".
Por ello, ha mostrado su "alegría" por la decisión de la Junta de "comenzar a desarrollar todas las competencias que podamos poner en marcha, salvando esas leyes orgánicas que, evidentemente, luego tengan que adaptar a los proyectos que se hagan en Andalucía".
Naranjo, por otra parte, ha informado a Méndez de Lugo del próximo desarrollo, por parte de la Consejería de Justicia, de una serie de actuaciones como "antesala" del compromiso expresado por el presidente andaluz, Manuel Chaves, en su discurso de investidura en materia de Justicia, entre las que figura un Plan de Calidad de la Justicia de Andalucía.
Su objetivo será mejorar este servicio público no solamente para los ciudadanos, sino "sobre todo y principalmente para que los profesionales de la justicia y los funcionarios de la Junta vinculados a este servicio trabajen en mejores condiciones, porque eso va a repercutir en el grado de eficacia de los juzgados y, en definitiva, en los ciudadanos andaluces", ha subrayado la consejera.
En este punto, Méndez de Lugo ha recordado, según datos que se desprenden de la Memoria del TSJA, las más de 45.700 ejecutorias penales -sentencias en distintos procesos de tramitación- que existen en 58 juzgados de lo penal de Andalucía.
Con respecto al informe del Servicio de Inspección del CGPJ dado a conocer hoy, la consejera ha señalado que si bien las deficiencias y necesidades que señala en la Justicia española "son generales", ha considerado que Andalucía no es la comunidad que sale peor parada, ya que, de las 17 comunidades autónomas, "hay 10, según el informe, que están en peores condiciones".
A su juicio, esto pone de relevancia que "en Andalucía hemos venido trabajando con conciencia y con ganas en relación a mejorar la administración de justicia", si bien ha reconocido que "todo es mejorable" y ha anunciado que la Junta seguirá apostando por la mejora de las infraestructuras y sistema informático de los servicios de Justicia y por la formación no sólo a jueces, sino también a funcionarios de este servicio dependientes de la Junta.
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