La Junta pide a los ayuntamientos que se impliquen en la modernización del taxi

La consejera de Fomento, Articulación del Territorio y Vivienda, Marifrán Carazo, ha comparecido este miércoles en el pleno del Parlamento de Andalucía para detallar el contenido del decreto ley por el que se modifica la Ley 2/2003, de 12 de mayo, de Transportes Urbanos y Metropolitanos de Viajeros, por el que se regula el servicio de los vehículos de transporte con conductor (VTC) en Andalucía. En su intervención, Carazo ha resaltado la importancia de una norma “pensada únicamente en beneficio de los usuarios” y que busca “garantizar la convivencia en armonía de VTC y taxi”.

Carazo ha incidido en la implicación de los ayuntamientos y en el importante papel que juegan estos en la puesta en práctica de las medidas de modernización del taxi aprobadas con acuerdo del sector en 2021. “Son los ayuntamientos los que tienen que poner en práctica estas medidas de modernización del taxi, el marco legal ya lo tienen”, ha subrayado.

Dijo que en el anterior mandato se acordaron medidas para la modernización del sector del taxi como la contratación por plaza y el pago individual, el precio cerrado, la recogida de viajeros en municipios diferentes, la creación de áreas de prestación conjunta del taxi, la implantación del transporte a la demanda en ámbito rural con taxi –con 46 rutas en 70 municipios– y el aumento de las inspección.

La consejera ha reivindicado que la regulación de VTC presentada por Andalucía “es valiente y tiene como único objetivo que el ciudadano tenga el mejor servicio”. Para ello, ha recordado que el decreto ley permite que los VTC sigan trabajando, pero fijando unos requisitos para que “no afecten al taxi y este servicio público de interés general salga reforzado, asegurado y mejorado”. “Este decreto en ningún momento daña al taxi, al contrario”, ha remarcado Marifrán Carazo.

Además, ha indicado que las medidas incluidas en este decreto “han sido debatidas y negociadas desde el inicio del pasado mandato, cuando se inició “un minucioso y extenso trabajo sobre la situación del sector del taxi y VTC” en el que se concluyó que era necesario acometer una reforma profunda del reglamento del taxi de cara a su modernización y trabajar por la regulación de los VTC. En este tiempo, se ha debatido con todos los agentes implicados, no sólo taxis y VTC, sino también con consumidores y usuarios, los municipios más afectados, la FAMP, los sindicatos y agentes sociales.

La consejera de Fomento ha reprochado al Gobierno de España que “haya dejado en manos de las comunidades la regulación al suprimir el servicio urbano de VTC a partir del 1 de octubre”, pese a que las comunidades autónomas habían pedido una moratoria por la afección que sufrió el servicio durante la pandemia. “La decisión del Gobierno de España derivará en un mapa en España con modelos dispares y con una inseguridad jurídica sin precedentes”, ha lamentado. Sobre este punto, ha precisado que existe una gran incertidumbre respecto del marco aplicable al sector de los VTC, no sólo por la heterogeneidad normativa existente, sino también por las reclamaciones patrimoniales millonarias presentadas contra otras comunidades, los pronunciamientos dispares en los tribunales y los procesos judiciales pendientes de resolución.

Frente a ello, la consejera ha defendido el camino de Andalucía, que “acaba con el vacío legal provocado por el Estado” y que autoriza a los VTC a seguir operando para no perjudicar al consumidor y dado el impacto económico y de empleo que causaría en la comunidad la eliminación de los VTC, pero teniendo claro que están limitados por ley a dar un servicio en el segmento de la pre-contratación. “La mano alzada y la parada sólo vale con el taxi, así ha sido siempre y así seguirá siendo”, ha puntualizado en su comparecencia.

El decreto ley establece que no habrá más autorizaciones que las que ha concedido el Estado, ya que sólo podrá haber nuevas si se cumple la ratio de un VTC por cada 30 taxis. “No vamos inundar las ciudades de VTC”, ha dicho.

Más medidas del decreto ley

Además, se fijan zonas de protección para que los VTC no puedan aparcar ni circular de forma continuada sin servicio precontratado a 300 metros de aeropuertos, puertos o estaciones de trenes y autobuses, así como a 150 metros de hospitales, grandes centros comerciales y de ocio, paradas de taxis, hoteles de al menos 4 estrellas, sedes judiciales o lugares donde se celebre un evento deportivo, cultural o social.

También se prohíbe la geolocalización previa a la contratación y el usuario sólo podrá saber dónde está el VTC cuando lo contrate. Asimismo, los VTC tendrán que aportar más información al registro, además de tener que superar los mismos requisitos de capacitación que los taxistas, en aras de alcanzar la profesionalización del sector y una mejor protección de los derechos de los usuarios.

Además, el decreto ley establece que en el reglamento se fijarán características técnicas para los nuevos vehículos VTC que deben ser de color negro, sin rótulos ni publicidad. En cuanto al tamaño, se fijan mínimos en la ficha técnica original del fabricante del vehículo para evitar accesorios que aumenten la longitud –un mínimo de 4,9 metros, por lo que deberán ser de alta gama; 4,7 metros para híbridos/Eco y 4,5 metros para los cero emisiones.

Por su parte, en base a este decreto ley, los ayuntamientos podrán establecer como máximo 52 días al año de descanso obligatorio a los VTC (uno por semana sin que coincidan con los días de más demanda). Igualmente, se aplicará el régimen sancionador del Estado, otorgando la potestad a los ayuntamientos para subir las sanciones a los taxis sin licencia.

La Junta de Andalucía incluirá en el reglamento una regulación de precios que evite tarifas abusivas de los VTC en determinados momentos de gran demanda. En ese sentido, se podrá establecer una tarifa máxima conforme a los principios de proporcionalidad y necesidad y previa audiencia de las organizaciones del sector, de consumidores y usuarios. Por último, se impone a las plataformas intermediarias la responsabilidad indemnizatoria para velar por los derechos del consumidor, así como tendrán que resarcir al cliente por la cancelación del servicio contratado.

El doble de inspecciones

La Consejería ha duplicado las sanciones a los VTC. Se ha pasado de 329 sanciones a VTC en 2018 a 552 en 2021. Además, este año, hasta el mes de julio, se han contabilizado 380 sanciones. “Todo ello es fruto de una intensa negociación con el sector, que hasta la llegada del Gobierno de Juanma Moreno nunca había sido escuchado”, ha manifestado.