La Justicia abre en canal a la Junta

De la investigación de un caso de cohecho al mayor escándalo de corrupción en Andalucía desde la democracia. Lo que comenzó en el año 2009 como una investigación por un hecho concreto, el intento de cobro de una comisión ilegal de 450.000 euros a dos empresarios que iban a gestionar una escuela de hostelería en Mercasevilla, ha desembocado en una auténtica causa general contra la Junta de Andalucía en la que no se libra nada ni nadie.

Ya no se trata sólo de la persistente y a veces controvertida actuación de la juez Mercedes Alaya, la incansable, como ella misma se autodefinió en un auto reciente. Esta magistrada se ha convertido en los dos últimos años en un auténtico azote del Gobierno andaluz, que se ha visto sacudido con los letales autos que, con una frecuencia casi semanal, ha venido dictando la instructora.

Pero ahora, un nuevo magistrado, Juan Gutiérrez Casillas, titular del Juzgado de Instrucción número 16 de Sevilla y que hasta este momento investigaba únicamente las irregularidades en la sociedad pública de capital riesgo andaluza Invercaria, ha entrado en escena. Y lo ha hecho para quedarse durante un buen tiempo, puesto que acaba de abrir ocho causas diferentes para investigar las ayudas a otras tantas empresas públicas de la Junta, entre las que se encuentran algunas tan relevantes como la RTVA, Extenda, Egmasa, Turasa y Epdasa.

Con estas nuevas ocho diligencias previas, la gestión de la Junta se cuestiona ya en un total de 16 procedimientos judiciales, seis de los cuales están en manos de Alaya y diez en las del juez Gutiérrez Casillas. El número de imputados alcanza los 182, de los cuales 133 -sin contar la preimputación de los ex presidentes Manuel Chaves y José Antonio Griñán y de otros cinco ex altos cargos- corresponden al escándalo de los ERE fraudulentos, el más numeroso, mientras que otras 18 personas están imputadas por la venta de los suelos de Mercasevilla, y 17 por las irregularidades en el proyecto de Invercaria denominado Ferias Internacionales Virtuales de Andalucía (Fiva), que costó 1,7 millones a las arcas públicas, y la inversión en Operadores Aéreos Ándalus. Pero a buen seguro que se superarán con creces los varios centenares de implicados entre todos los casos cuya instrucción se prolongará aún durante muchos meses o incluso años en algunos de los procedimientos abiertos.

En la actualidad, el único proceso que está acabado, juzgado y sentenciado es el del cohecho de Mercasevilla, que se saldó con la condena de los ex directivos del Mercado Fernando Mellet y Daniel Ponce, y del ex delegado de Empleo en Sevilla Antonio Rivas a pagar 600.000 euros y a 21 meses de inhabilitación.

De este procedimiento, Alaya llegó a las irregularidades de los ERE fraudulentos, su gran caso y el que le daría fama a nivel nacional. Las pesquisas se centraron inicialmente en la actuación durante una década del ex director general de Trabajo Francisco Javier Guerrero -uno de los principales actores del escándalo- en la Consejería de Empleo, pero se extienden ya a la práctica totalidad de los departamentos de la Junta. Una apertura en canal de las entrañas de la Administración autonómica que ambos jueces, con la ayuda de la Fiscalía Anticorrupción, tratan de destripar en busca de indicios delictivos, que abarcan un amplio elenco de artículos del Código Penal, desde la prevaricación, la malversación de caudales públicos, apropiación indebida, tráfico de influencias, fraude de subvenciones, fraude y exacciones ilegales, omisión del deber de perseguir delitos, etc.

No hay ninguna Consejería que no esté bajo el foco de la sospecha y que no esté siendo sometida a una excepcional y exhaustiva autopsia documental por los agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil y de la Unidad de Blanqueo de Capitales de la Policía Nacional, que actúan bajo la dirección de estos dos jueces y que, en el caso de la UCO, ha llevado a cabo ya dos operaciones (Heracles I y II) contra el cobro de las sobrecomisiones pagadas con pólizas financiadas con fondos públicos. Estas operaciones han provocado la detención de una treintena de personas, algunas de las cuales han acabado en prisión provisional, pero no se descartan nuevas actuaciones puesto que hay dos causas de la juez Alaya que aún se encuentran bajo secreto de sumario: la denominada operación Madeja, en la que se investiga el presunto enriquecimiento ilícito de un ex asesor del ex alcalde de Sevilla Alfredo Sánchez Monteseirín y la presunta financiación ilegal del PSOE -un empresario dijo que entregó 30.000 euros para el partido socialista-; y la investigación del presunto desvío de fondos de cursos de UGT al conseguidor de los ERE Juan Lanzas, un proceso al que se han sumado las últimas denuncias por las facturas falsas elaboradas por este sindicato para destinar por ejemplo fondos destinados a la formación de desempleados al pago de pancartas y publicidad para la huelga general del 29 de septiembre de 2010.

No sólo se investigan ya los pagos de ayudas a empresas e intrusos -las personas que fueron incluidas en los ERE sin haber trabajado antes en las empresas-, sino los cimientos del propio funcionamiento de la Administración regional y el supuesto uso inadecuado y "perverso", según la expresión acuñada por la Fiscalía Anticorrupción, de las transferencias de financiación para el pago de las mismas

De la causa de los ERE y la de concreta investigación de las sobrecomisiones, Alaya llegó precisamente hasta los sindicatos UGT y CCOO, que cobraron 7,6 millones de comisiones por su intervención en los Expedientes de Regulación de Empleo. Según la Guardia Civil, ambas organizaciones sindicales percibieron entre 2001 y 2009 un total de 4,2 millones de la consultora Vitalia, 3,2 millones de Uniter y 104.400 euros desde el bufete de abogados sevillano Estudios Jurídicos Villasís, al que los investigadores atribuyen un papel relevante en la trama.

La Fiscalía Anticorrupción ha pedido ya en dos ocasiones a la juez Alaya que amplíe la investigación de los pagos realizados a UGT y CCOO, y que recabe los servicios realizados por estas sociedades "factura a factura", con indicación del tiempo y de las personas empleadas en dichos trabajos.

La juez Alaya abrió este mismo mes un nuevo frente judicial, que la Fiscalía Anticorrupción ya ha pedido que se estudie en una nueva causa diferente, en la que se trata de determinar las ayudas, incentivos, avales y préstamos que habrían recibido un nuevo grupo de 26 empresas de distintas consejerías de la Junta. La Fiscalía entiende que debe separarse el caso de los ERE de la actuación del IFA/IDEA, porque en este nuevo procedimiento cuya apertura reclama el eje de la investigación debe girar sobre la "actuación aparentemente fraudulenta del IFA/IDEA en la concesión de ayudas y no sobre las empresas favorecidas por ambos tipos de ayudas públicas".

El complicado entramado de procesos que cuestionan de una u otra forma la gestión de la Junta de la última década se completa con las ocho nuevas causas abiertas por el juez Juan Gutiérrez Casillas para investigar si hubo "fiscalización previa" de las transferencias de financiación realizadas por los distintos departamentos de la Junta a estas empresas públicas, que se encuentran entre las más destacadas de la Administración autonómica. En concreto, el magistrado, que abrió estos procedimientos a instancias de la Fiscalía, quiere "esclarecer si se ha seguido la tramitación administrativa procedente, sometida a fiscalización previa" en relación con las transferencias para operaciones de "encargo de ejecución, subvenciones excepcionales u otros", lo que podría constituir nuevos delitos de prevaricación y/o malversación de caudales públicos.