Magdalena Álvarez defiende que la teoría de la confabulación en los ERE durante diez años es "caricaturesca"

No existió ninguna confabulación en el Gobierno andaluz durante una década para perpetrar el fraude de los ERE. La defensa de la ex consejera de Economía y Hacienda y ex ministra de Fomento Magdalena Álvarez ha señalado que si ya es "grotesca" la tesis de la Fiscalía y de las demás acusaciones respecto a que el Parlamento andaluz fue engañado con la utilización de las transferencias de financiación para el pago de las ayudas de los ERE, lo que ya adquiere "tintes caricaturescos" es sostener que "el pérfido Ejecutivo se confabuló durante diez años" para engañar al Poder Legislativo que representa la Cámara andaluza, según ha defendido este miércoles el abogado Rafael Alcácer, que representa a la ex consejera, para quien la Fiscalía solicita diez años de inhabilitación por un delito continuado de prevaricación.

El letrado ha destacado la "irracionalidad" de ese planteamiento de las acusaciones, que asume que los 21 ex altos cargos que se sientan en el banquillo se pusieron de acuerdo para diseñar un sistema de concesión de las ayudas de Empleo para "falsear deliberadamente" los efectos de la utilización de las transferencias de financiación y eliminar la fiscalización previa de las ayudas, con ese "pacto" para llevar a cabo esa "maquiavélica empresa como es engañar al Poder Legislativo", ha ironizado.

La defensa ha afirmado que ese "mal llamado procedimiento específico no existe, ni el plan preconcebido o concierto de voluntades" entre los diferentes ex altos cargos procesados. "Se ha generado un eslogan muy pernicioso y falaz, pero no existe un procedimiento específico, todos son procedimientos diversos, reglados y sometidos a exigencias legales" y la base es la decisión "soberana" del Parlamento andaluz, ha agregado.

Rafael Alcácer ha indicado que no hay ninguna prueba de que Magdalena Álvarez se reuniera con los responsables de otras consejerías en ejecución de ese plan, y lo único que hay es el testimonio del ex consejero de Empleo José Antonio Viera quien en una reunión solicitó más fondos para Empleo y la respuesta que obtuvo de Hacienda fue negativa, por lo que el letrado ha destacado que más que indicios lo que obran en la causa son "claros contraindicios" y además resulta "arbitrario e irracional" que la ex consejera de Economía participara en un plan para eludir la fiscalización y el control de las ayudas.

Así, ha destacado que no se ha acreditado que la ex consejera tuviera conocimiento de la gestión del gasto que hacía la dirección general de Trabajo de la Consejería de Empleo porque, aun admitiendo que "pudo tener conocimiento del contenido del crédito y de su finalidad, una partida que el Parlamento aprobó, no tuvo conocimiento del concreto modelo de gestión, ni del convenio marco del año 2001, porque no formaba parte del ámbito de su competencia".

De otro lado, Alcácer ha puesto de manifiesto que Magdalena Álvarez no pudo cometer un delito de prevaricación en relación con las irregularidades de los ERE porque el Parlamento andaluz tenía una "perfecta información" y conocimiento del modelo de gestión de las ayudas sociolaborales y del destino que se estaba dando a las transferencias de financiación que "con plena consciencia aprobaba" de la Consejería de Empleo al IFA para el pago de las mismas.

El abogado ha asegurado en su informe definitivo ante el tribunal que enjuicia los ERE que se ha de "excluir de raíz" la posibilidad de que la ex consejera haya cometido un delito de prevaricación porque "año tras año el Parlamento aprobó las transferencias de financiación" dentro del programa 31L, por lo que a su juicio la tesis que sostienen los peritos de auxilio judicial y en la que se basan el fiscal y las acusaciones populares de que el Parlamento fue engañado o inducido a error resulta"sorprendente, errante y ofensiva". Ha indicado además que las transferencias eran"perfectamente legales" y su uso se "ha demonizado" al afirmar que al utilizarlas se eludía la fiscalización previa, algo que considera "falaz e insostenible".

Rafael Alcácer se preguntado por qué se acusa a los ex altos cargos en este procedimiento y ha confesado que "a día de hoy no es capaz a de saber si los acusan de una prevaricación activa u omisiva", de no haber vigilado a los que elaboraban los presupuestos o a los que ejecutaban el gasto de las ayudad, pero ha insistido en que "todo parte" de esa inducción al error al Parlamento que expuso reiteradamente el portavoz de los peritos de la Intervención General de la Administración del Estado (IGAE) Ángel Turrión pero "sin atreverse a dar el paso" de afirmar que los parlamentarios "no sabían lo que aprobaban", ha argumentado.

El defensor ha insistido en que el Parlamento tiene "cumplido conocimiento" de la forma en la que se ejecuta el gasto y, por tanto, "es indudable de que los parlamentarios tuvieron perfecto conocimiento de la partida presupuestaria 31L" y de que ese cerdito "no se establecía para equilibrar" la cuenta de pérdidas y ganancias sino que tenía la "finalidad de pagar las ayudas sociolaborales", para lo cual ha dicho que "basta la mera lectura del estado de gastos que refleja con nitidez el destino de esa partida presupuestaria" y los parlamentarios aprobaban un crédito"con un destino específico".

Rafael Alcácer ha añadido que "la única conclusión plausible es que las transferencias de financiación, que el propio Parlamento con plena consciencia aprobaba, fueron utilizadas con un destino concreto: sufragar las ayudas sociolaborales", y también ha subrayado que los parlamentarios tenían "perfecta información sobre ese modelo de gestión de las ayudas".

El letrado ha explicado que no se puede acudir al "torpe juego de palabras" sobre que el lenguaje presupuestario era confuso y se aludía a la "materialización" de las ayudas por parte del IFA/IDEA porque, según ha dicho Rafael Alcácer parafraseando a otra de las defensas, "apaga y vámonos", y se ha preguntado que cómo se va a construir una acusación por prevaricación acudiendo "al María Moliner o al diccionario de la Real Academia de la Lengua".

La defensa también ha criticado la "errada lectura" que realizan los peritos de auxilio judicial del artículo 18 de la ley 15/2001, por la que aprueban medidas fiscales, presupuestarias, de control y administrativas, según el cual las transferencias de financiación sólo pueden ser utilizadas para equilibrar la cuenta de pérdidas y ganancias del ente al que van dirigidas.

En esa interpretación "rígida, formalista y sesgada" del artículo 18 de la mencionada ley es donde se basa el pilar de la acusación respecto que como las transferencias de financiación sólo pueden utilizarse para equilibrar la cuenta de pérdidas, su inclusión en la partida 31L "constituye per se una decisión ilegal", lo que resulta "insostenible" para esta defensa.

Hacienda no es "el policía de la presupuestación"

La defensa también ha defendido que la fiscalización previa de las ayudas "no sólo era obligada sino legalmente posible" y en el supuesto de que el IFA hubiera sido quien concediera las ayudas, éstas habrían estado sometidas al Control Financiero Permanente, que no supone ninguna "merma en las posibilidades de controlar el gasto, sino que incluso puede ser más relevante" esa fiscalización.

La consejería de Economía y Hacienda, ha proseguido, no decide sobre el gasto de las restantes consejerías en la fase de presupuestación ni puede enmendar las decisiones de otras consejerías, porque "no es el policía de la presupuestación" que debe vigilar la actuación de los otros departamentos del Gobierno andaluz, por lo que ha insistido en que debe desterrarse esa imagen de que esta consejería era "el sumo sacerdote del crédito".