Miles de funcionarios se manifiestan por la abolición del decreto de reordenación

Sevilla/Miles de empleados públicos, según fuentes sindicales unas 30.500 personas, se han manifestado este sábado por las calles de las capitales andaluzas para pedir la derogación del decreto ley de reordenación del sector público de la Junta de Andalucía, en una movilización convocada por la Plataforma Empleados Públicos de Andalucía (PEPA) y apoyada por los sindicatos CSIF, Ustea y USO.

Según informan fuentes sindicales, los actos han transcurrido sin incidencias y con "un éxito rotundo a pesar de la lluvia, que no ha sido un impedimento para que todos los empleados públicos se lancen a la calle". Así, estas manifestaciones han tenido lugar en todas las capitales andaluzas, excepto Córdoba, donde se celebró el pasado jueves "con una presencia multitudinaria de empleados públicos, más de 5.000", indicaron las mismas fuentes.

La portavoz de la plataforma de Empleados Públicos de Andalucía, Auxiliadora Onorato, ha reivindicado no sólo la derogación del decreto ley, sino también ha denunciado que "se está vaciando de competencias las administraciones públicas".

En este sentido, ha criticado que las funciones de la Administración Pública se están llevando a entes donde "a priori" el marco de regulación se rige por el derecho privado, lo que supone, a su juicio, un "problema" a la hora de desempeñar las funciones de los empleados públicos.

Al hilo, ha señalado que las funciones públicas tienen que estar desempeñadas con unas garantías con el fin de que prevalezca en el ámbito de la administración "la objetividad, el acceso a los servicios públicos con condiciones de igualdad para todos los ciudadanos, el control del dinero público, la transparencia y la independencia".

Asimismo, ha recalcado que lo que pretenden con estas movilizaciones es negarse a trabajar en unas condiciones en las que "no se garantiza el derecho de los ciudadanos a acceder a los servicios públicos con igualdad y objetividad, ni los empleados públicos pueden desarrollar sus funciones con independencia".

En concreto, en el caso de Sevilla unos 6.000 empleados se han manifestado entre la Plaza Nueva y el Palacio de San Telmo, sede del Gobierno de la Junta de Andalucía; en Málaga, unos 4.000, desde el edificio de servicios múltiples a la Delegación del Gobierno, en la Alameda; en Almería, unos 2.000 desde Puerta Purchena hasta la plaza Circular; y en Cádiz unos 1.500 funcionarios se han manifestado desde la Plaza de España a la Plaza de la Constitución.

En Granada, la manifestación, que ha salido desde la plaza Isabel la Católica hasta la Delegación del Gobierno de la Junta de Andalucía, ha contado con unas 5.000 personas; en Huelva se han movilizado más de 2.000 empleados públicos, según las fuentes sindicales, desde la Delegación del Gobierno de la Junta en la Plaza 12 de Octubre hasta la plaza de las Monjas; y en Jaén, unos 5.000, desde la puerta de la Diputación hasta el parque de la Victoria.

"Vulneración de derechos fundamentales"

En su manifiesto conjunto, estos colectivos lamentan que la Junta "vulnera los más elementales derechos fundamentales, quebrantando entre otros, el principio de igualdad en el acceso a la función pública" y tras reiterar que este decreto ley supone la "privatización" de la Junta, aseguran que no están dispuestos a "dejar en manos privadas el patrimonio de todos los andaluces".

"Seguimos denunciando ante la opinión pública esa imposición a hurtadillas cuyo único efecto positivo es el blanqueo de sus empresas públicas a costa de los derechos de los empleados públicos, opositores y ciudadanos receptores de los servicios públicos", se lamentaron en su manifiesto conjunto.

El manifiesto está consensuado por CSIF-A, Ustea, SAT, las asociaciones y plataformas Plataforma del Agua de Sevilla, Asociación de Opositores y Nuevos Funcionarios de la Junta de Andalucía, Asociación de Agentes de Medio Ambiente de Andalucía, Asociación en Defensa del Servicio Público, El Tercer Lado, Plataforma de Torretriana y Plataforma de Igualdad, entre otros.