PP, Cs y Vox lanzan una reducción de impuestos de 329 millones para "reactivar la economía" en Andalucía

No es esa bajada masiva de impuestos que prometió Juanma Moreno en la campaña de 2018, pero sí es una pequeña revolución fiscal. El Gobierno andaluz y su socio parlamentario, Vox, se han embarcado en una reforma que cambiará por completo el sistema tributario autonómico -en lo que a impuestos cedidos se refiere- y que supondrá una reducción de ingresos de 329 millones, un 2% del total de la recaudación fiscal alcanzada por la comunidad en 2020, unos 15.975 millones de euros.

"Con esto y la Lista se justifica la legislatura", apunta una fuente del PP en referencia a la propuesta fiscal y la ley de urbanismo que ayer comenzó su trámite parlamentario. La frase da pistas sobre la importancia que tiene esta reforma para la mayoría que controla la Cámara, que lleva meses trabajando en una proposición de ley que se ha registrado este martes en el Parlamento a través de dos documentos idénticos pero con firmas distintas. Uno lleva la rúbrica del portavoz de Vox, Alejandro Hernández, y el del PP, José Antonio Nieto; mientras que en el otro repite Nieto con su homólogo de Cs, Sergio Romero.

No sólo hay doble firma, sino que la reforma fiscal también se ha presentado de forma simultánea. Por un lado, PP y Vox en la Cámara y, por otro, Juan Marín y Elías Bendodo en el Palacio de San Telmo. Esto se debe a que parte de la norma entrará en vigor de forma inmediata a través de un decreto ley que afectará al Impuesto de Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados (ITPAJD) y que se lleva la mayor parte del impacto económico de la reforma, con 223 millones de euros.

El objetivo de este adelanto es evitar una paralización de las actividades gravadas por este tributo -compraventa de viviendas, declaración de alquileres, etc- hasta que entre en vigor el conjunto de la reforma, lo que se prevé para finales de este año. La proposición de ley registrada se tramitará por la vía de urgencia, lo que permitirá reducir los plazos hasta diciembre. Este calendario tiene una importante lectura política, ya que da cuenta de la voluntad de PP, Cs y Vox de mantener su entente, al menos, hasta final de 2021 pese a la tormenta de inestabilidad política que afecta resto de España.

La reforma fiscal era una prioridad para PP y Ciudadanos. Hicieron bandera de ello en la campaña de 2018 y lo plasmaron en sus documentos. También lo es para Vox y así lo recoge también el acuerdo que permitió la investidura de Juanma Moreno. Esas prioridades quedan este martes en negro sobre blanco a pesar de las diferencias a la hora de vender esta reforma, lo que debe achacarse al clima político generado por las elecciones madrileñas del próximo 4 de mayo.

El texto remitido este martes al registro del Parlamento afecta a todos los tributos que gestiona el Gobierno autonómico y supondrá una rebaja fiscal para "más de cuatro millones de andaluces", según ha dicho el vicepresidente Juan Marín. La mayor parte de esas personas se beneficiarán vía IRPF, ya que la reducción de este gravamen que ya estaba aprobada se adelanta un año para que entre en vigor en 2022.

A esto hay que sumar una ampliación relevante de las deducciones (compra y alquiler de vivienda habitual, gastos educativos en academias de idiomas, familias monoparentales y numerosas, víctimas de violencia de género, etc), que es donde está el "carácter social" que PP, Cs y Vox quieren dar a esta remodelación. En total, supondrá un coste de 31 millones para las arcas autonómicas que, según PP, Cs y Vox, se "compensará" con el aumento de contribuyentes.

Esta idea de que la reducción fiscal acaba suponiendo un aumento de ingresos es el eje sobre el que gira toda la reforma y la política tributaria general del Gobierno de PP y Ciudadanos y también empapa otras rebajas como la mejora de las reducciones de base imponibles del Impuesto de Sucesiones y Donaciones para las herencias de negocios, de familias. Hay otras medidas que van orientadas a la actividad económica y al afloramiento de fraude en alquiler de viviendas, como las reducciones de Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados, así como a las rebajas en la tasa al juego para casinos, bingos y rifas. "Queremos que los que pagan, paguen cantidades más justas; que los que no paguen y deberían hacerlo tengan mayor presión", ha explicado José Antonio Nieto.