El PP critica a la Junta por revisar ayudas de los ERE tras ignorar a la Intervención

En el PP no ha gustado nada que la Junta haya querido tomar la delantera en el caso de los ERE anunciando la apertura de nuevas líneas de investigación, en concreto, sobre 70 millones de euros concedidos en ayudas sociolaborales a empresas e instituciones con cargo a la partida presupuestaria 31L, conocida como fondo de reptiles. Para los populares, este intento de la Administración autonómica por presentarse como la primera interesada en que se esclarezca este fraude choca frontalmente con su actitud de haber ignorado los informes de la Intervención General que alertaban de las anomalías. Y más aún cuando, como recordó ayer el secretario general del PP-A, Antonio Sanz, el Gobierno andaluz ha estado mirando para otro lado durante ocho años ante las irregularidades que se detectaban.

Con este dato en la mano, Sanz consideró que la Junta "vuelve a mentir" y aseguró que plantea ahora la revisión de estas ayudas "a sabiendas de que siguió con un procedimiento claramente irregular y tras dos sentencias del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) que han dejado claro que el procedimiento no seguía ningún tipo de control previo ni a posteriori y sin ninguna normativa que lo amparara".

Aparte de recalcar la "gravedad" del caso y el "insulto" que supone a los parados, el PP teme que la red de este fraude pueda ser todavía más amplia, de manera que no sólo afecte a las ayudas a las empresas, sino que el mismo procedimiento pudo seguirse para ayudas directas a particulares o ayudas sociolaborales que permitieron la introducción de intrusos en expedientes de regulación de empleo (ERE). "La extensión del fraude puede ser muy superior a la señalada por la propia Junta", dijo Sanz.

Desde que estallara este escándalo, el PP tiene en el punto de mira al presidente andaluz, José Antonio Griñán. Por ahora, la Junta ha sabido rebatir los dos autos de la juez que instruye el caso en los que se apuntaba su relación por su anterior condición de consejero de Economía, y por tanto, podría haber autorizado ampliaciones de fondos para esa partida 31L. En ambos, se argumentó que no existe conexión alguna, por no ser algo de su competencia. La nueva línea que quiere abrir el PP es que los informes a los que ahora la Junta somete a las empresas fueron alertados en ocho ocasiones por la Intervención General de la Junta advirtiendo que el procedimiento era irregular. En esa etapa era Griñán consejero de Economía. Pero no sólo en este periodo el caso le salpica, para el dirigente popular, si las ayudas que están revisando y se piden ahora que se devuelvan llegan hasta el año 2010, afectan directamente al Gobierno de Griñán", que accedió a la Presidencia de la Junta en la primavera de 2009.

Este tipo de comportamientos del PSOE en la Junta son, para Sanz, el "símbolo del abuso de poder", de 30 años del mismo partido en el poder, y que considera "que el Gobierno es de su propiedad y para toda la vida, lo que ha llevado a que exista confusión entre lo público y lo privado y que beneficios con el dinero de los parados haya llegado a particulares vinculados al PSOE, a concejales, alcaldes e incluso a ex gobernadores civiles del PSOE".

La respuesta de la Junta a los ataques del PP fue justificar su tardanza en las garantías que se deben dar en este proceso de investigación. El consejero de Empleo, Manuel Recio, mantuvo que la Administración autonómica se da "toda la prisa que puede", pero que en esta búsqueda de resultados inmediatos lo que no puede estar nunca en juego es la presunción de inocencia. Defendió la actuación de la Junta en todo ese proceso, porque "no va a parar hasta que se aclare todo lo que puede estar mal hecho", y la contrapuso a la del principal partido de la oposición, al que acusó de llevar la "filosofía contraria". "Lo que hace el PP, en primer lugar, es acusar y, después, decir que demuestre lo contrario, que eres inocente", concluyó, apostillando que si en el PP saben tanto como para afirmar que de esta trama sólo se conoce el 20%, que expongan toda la información que manejan a la juez del caso, porque de lo contrario, lo que hacen es "ensuciar" la política.