Tierra de nadie
Mucho menos que un club
El PSOE-A estructura un alegato contra la corrupción en el documento que le sirve de marco para sustanciar el programa electoral con el que concurrirá a las elecciones andaluzas del 25 de marzo. Sin mencionar expresamente el caso de los ERE fraudulentos que desde hace un año tortura a los dirigentes socialistas, el PSOE ensalza que ha sido el primer interesado en investigar y conocer la verdad "caiga quien caiga" y asevera que "ni ha amparado ni amparará" a los presuntos corruptos.
El documento difundido ayer por el PSOE en su página web recoge la "tolerancia cero" de los socialistas con la corrupción en el capítulo referido al Buen gobierno, mejor democracia, donde aseguran que son conscientes del daño que los episodios de corrupción y abuso por parte de los responsables públicos hacen al sistema democrático.
La propuesta ideológica titulada Trabajando por el presente, transformamos el futuro se completará con aportaciones los días 18 y 19 de febrero en una convención en Málaga.
Los socialistas reprochan las "mentiras del PP", que "por sus ansias de poder, está faltando a la verdad y tratando de inculcar" en la opinión pública una campaña de "difamación y sospechas infundadas".
Este documento inicial abunda a lo largo de 133 páginas en un laudatorio balance de la gestión del Gobierno andaluz los últimos 30 años y es escasamente propositivo, salvo en las reivindicaciones que se elevarán al Gobierno central. Y es que no hay presupuesto para grandes promesas.
Entre esos primeros anuncios electorales se encuentra la oferta de un pacto por el empleo con los agentes implicados y una agenda en favor de la empleabilidad, un programa específico para pymes de información y asesoramiento, la depuración de las aguas por parte del 100% de la población, la reforma de instituciones como la Agencia de Defensa de la Competencia o completar el Sistema Andaluz de Atención a la Dependencia, ley autonómica que quedó pendiente esta legislatura.
Nada se dice por el momento de la también aplazada Renta Básica, que se sustituye por una plataforma contra la pobreza y la exclusión, se aumentará la protección a las víctimas de violencia de género, se propondrá un impuesto a las grandes fortunas y se plantea también en política fiscal "introducir mecanismos de decisión directa de fondos a fines sociales o en el ámbito internacional de cooperación al desarrollo".
El PSOE también prevé favorecer la participación de la ciudadanía en las políticas públicas y que los medios de comunicación "no sean correas de transmisión" de los intereses de los grupos de poder.
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