El Parlamento andaluz tramita el plan de regadíos de Doñana pese a las advertencias del Gobierno y Bruselas

El Parlamento ha tramitado la proposición de ley sobre la reforma de los regadíos del entorno de Doñana que abre la puerta a regularizar unas 1.400 hectáreas de cultivo. PP, Ciudadanos y Vox, los partidos impulsores de la iniciativa, han ejercido su mayoría, pero se han encontrado además con la abstención del PSOE, que había mantenido la incertidumbre sobre su posición hasta el mismo momento de la votación. La norma avanza en la Cámara andaluza después de semanas de críticas de los ecologistas, Unidas Podemos y los no adscritos de Adelante Andalucía, que han rechazado el texto. Pero sobre todo después de una ristra de advertencias desde organismos como la Unesco, que tiene a Doñana en la lista de Patrimonio de la Humanidad, y la Comisión Europea, que ha advertido que la proposición de ley puede provocar una nueva denuncia contra España en el Tribunal de Justicia de la Unión Europea y, en última instancia, sanciones monetarias.

El texto que se ha aprobado este miércoles en el Parlamento no alude a la gestión del agua, como defienden PP, Ciudadanos y Vox, puesto que esa competencia es estatal. Pero es una suerte de regularización urbanística que, a la postre, sí conduce al acceso a derechos de usos de agua en una zona muy próxima al espacio protegido y donde existen explotaciones agrícolas que, al extraer el agua, perjudican al principal acuífero del que se nutre Doñana. Esta enorme masa de agua ha sido declara sobreexplotada y es una de las causas que ha llevado a los organismos internacionales a poner el grito en el cielo por el impulso de esta proposición de ley.

"Esta iniciativa no tiene nada que ver con el agua ni con Doñana", ha defendido el popular Manuel Andrés González, mientras que Julio Díaz, de Ciudadanos, ha lamentado que se ha haya impulsado "una campaña de desprestigio" contra la proposición de ley impulsada por PP y Cs, de un lado, y Vox y PP, del otro en un nuevo intento de Ciudadanos por desvincularse de la formación de Santiago Abascal. Rafael Segovia, de Vox, ha defendido la validez del texto y su apuesta por utilizar agua en superficie para los cultivos del Condado de Huelva, comarca a la que pertenecen los cinco municipios afectados por la norma: Moguer, Bonares, Almonte, Rociana del Condado y Lucena del Puerto.

La tesis de los grupos proponentes es que el actual Plan de la Corona Norte Forestal de Doñana nació desactualizado y deja fuera del regadío a agricultores que tienen derecho a ello. Para solucionarlo, abogan por tramitar la ley, que apela al desarrollo de varias infraestructuras -el desdoble del túnel de San Silvestre y la presa de Alcolea- que dependen de un acuerdo entre administraciones y que todavía necesitan tiempo e inversiones para su finalización. Entonces, aseguran, será posible el riego con agua en superficie y acabará la práctica de esquilmar el acuífero de Doñana

Enfrente tienen a Unidas Podemos por Andalucía, los diputados no adscritos de Adelante Andalucía y las organizaciones ecologistas, que niegan que haya más agua para repartir. Por eso la portavoz de UP, Inmaculada Nieto, ha defendido ante los agricultores que han acudido al Parlamento para atender al debate que la proposición de ley es "un engaño". "No hay agua que haga viable un numero mayor de hectáreas de regadío sin el riesgo cierto a Doñana y a la agricultura de Huelva", ha advertido la dirigente izquierdista, que ha acusado a PP, Cs y Vox de "generar falsas expectativas" entre los agricultores con fines electoralistas.

En términos similares se ha pronunciado el socialista Mario Jiménez, que ha acusado directamente a Juanma Moreno de "engañar a los agricultores" en un ejercicio de "propaganda electoral", ya que, según ha recordado, el propio presiente admitió que el trámite puede durar un año cuando la legislatura acabará, como muy tarde, en septiembre. Este plazo contrasta con el trámite de urgencia que lleva la proposición de ley y con las intenciones que tenían en PP, Cs y Vox, que trataron de sacar el texto por lectura única, es decir, en un sólo Pleno. Este detalle da pistas de la incomodidad que ha provocado al Gobierno andaluz este debate por la repercusión medioambiental del texto.

El Gobierno pide a Juanma Moreno que retire la norma

Pero el quebradero de cabeza que había en San Telmo se reproducía en el seno del PSOE. Los socialistas andaluces son conscientes del problema con los agricultores del Condado de Huelva, pero aseguraban que la solución no era aprobar una ley por la vía rápida. "Han entrado como un elefante en una cacharrería", ha abundado Mario Jiménez después de tachar de "frívolo" el texto aprobado y de criticar su falta de "fundamento jurídico y técnico". Pese a la dureza empleada por el político onubense en la tribuna, los socialistas se han abstenido, explican, para dar una oportunidad al "diálogo". Lo llamativo es que esa abstención llega después de las críticas furibundas del secretario de Estado de Medio Ambiente, Hugo Morán, a la proposición de ley y justo el día en el que se ha conocido que la ministra de Transición Económica, Teresa Ribera ha remitido una carta a Juanma Moreno, en la que le insiste en la "necesidad de desistir" de la proposición de ley.

En la misiva, que consta de cuatro páginas, la ministra expresa su preocupación ante la futura ley en tanto "interfiere de forma palmaria" en una competencia exclusiva del Estado reflejada en la Constitución y que hace referencia a la ampliación de una superficie regable de la que es competente la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir.

"Ante los enormes perjuicios, tanto económicos como medioambientales, y también para la imagen de España en el exterior, quiero transmitirle la necesidad de desistir de la iniciativa legislativa que tramita el Parlamento andaluz, que tan perjudicial puede resultar para España", escribe Ribera a Moreno en una misiva con fecha de 8 de febrero.

El Ministerio, que recuerda los pronunciamientos del Tribunal Constitucional en materia de las competencias de las aguas, avisa a la Junta de Andalucía del riesgo de que la cuestión de Doñana "vuelva al Tribunal de Justicia de la UE", como alertó también la Comisión Europea la pasada semana, con lo que se reinicie un proceso que "culmine en cuantiosas multas" si se regularizan "nuevos regadíos" y se incurre en una "mayor sobreexplotación de las aguas subterráneas" de Doñana.

Estas sanciones económicas, además, afectarían también a la Administración andaluza. "Las cuantiosas multas durante un periodo previsiblemente muy prolongado, con el consiguiente perjuicio económico del Tesoro Público, todo ello sin perjuicio de la repercusión de esa responsabilidad económica en la Junta", advierte Ribera en la carta.

Ribera incide igualmente en la "honda preocupación" que la citada ley ha provocado en organismos internacionales como la Unesco y la Comisión Europea ante las repercusiones que dicha propuesta tendría para la Directiva Marco de Agua y la Directiva Hábitats.

La vicepresidenta concluye su carta apelando al "sentido de responsabilidad" del Ejecutivo andaluz, al que solicita una "respuesta adecuada y proporcionada" a las necesidades de Doñana, que impulse medidas de desarrollo económico y de empleo y que, a la vez, sea "compatible con la legalidad europea".