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Financiación autonómica
Hay diputados certeros. Como el valenciano Joan Baldoví, que ha bautizado como un montoro lo que Pedro Sánchez le ha hecho a los valencianos. Y a la Junta de Andalucía. En menos de 12 horas, en el Senado y en el Congreso, el presidente del Gobierno ha repetido que el nuevo sistema de financiación autonómica no se negociará en esta legislatura. Su ministra de Hacienda, María Jesús Montero, que hasta anteayer, criticaba a su antecesor por retrasar esta negociación, se habrá sentido un poco más solidaria con el ex ministro con el que casi compartía apellido.
Pero hay una diferencia reveladora. Pedro Sánchez no se había comprometido con nadie, ni con Susana Díaz ni con Ximo Puig ni con su hoy ministra de Hacienda, a que sería en esta legislatura cuando se negociaría este nuevo sistema de reparto entre las comunidades. Es más, Pedro Sánchez podría haber seguido la hoja de ruta de Montoro, que consistía en hablar, platicar, reunir a técnicos, a otros técnicos más expertos y a otros expertos aún más técnicos, para concluir que se acababa el tiempo y que faltaba consenso. Al fin y al cabo, esta legislatura corta del presidente se acabará pronto, por más que haya expresado su voluntad de llegar hasta el año 2020.
Incluso podría haber dejado que María Jesús Montero presentase un modelo ante el Consejo de Política Fiscal y Financiera, un texto base para le negociación, pero ni eso. No es no.
Pedro Sánchez lo ha medido muy bien. Así, envía dos mensajes, uno a la Generalitat y a su presidente Quim Torra. Y el otro a sus barones, en especial a Susana Díaz y a Ximo Puig, este último mucho más afectado por el montorazo porque en Valencia, a diferencia de Andalucía, el déficit de financiación es un asunto de calado social. El resto de comunidades socialistas no se desvive por cambiar un modelo que les beneficia.
A los catalanes: sus gobernantes tienen que bajar sus expectativas sobre la reunión que Torra mantendrá con el presidente a mediados de julio en Moncloa. Pedro Sánchez parece dispuesto a trasladar a los presos catalanes a prisiones cercanas a sus domicilios como un primer paso para la distensión. Y en el plano crematístico, va a facilitar la financiación de Cataluña, ya sea con una quita de la deuda o con un relajamiento de los intereses que cobra el Estado a las autonomías por los fondos de liquidez autonómica. Lo que acuerde, en lo fiscal, será compartido con el resto de las comunidades. Pero la necesidad imperiosa de Pedro Sánchez es no dejar de hablar con la Generalitat, mantener la distensión y relajar el ambiente porque, así, gana tiempo para buscar una solución real y porque Ciudadanos se irá desactivando a medida que lo catalán pierda fuerza en la agenda nacional. Los partidos independentistas también irán entrando en razón, y la negociación entre ellos también ha comenzado.
Y a los suyos, Pedro les viene a decir lo siguiente: ése es vuestro problema. Habrá mejoras para la financiación de la Junta de Andalucía, pero Sánchez no va conceder a Susana Díaz los 4.000 millones de euros que su hoy ministra había solicitado con ahínco. Ni a Ximo Puig. Claro, que a éste le valdría con un alivio de la carga de la deuda, porque lo cierto es que ni Cataluña ni Valencia pueden hacer frente a los pagos. El Estado debe descargarlas. Y lo hará.
El problema catalán es razón suficiente para no comenzar la negociación del modelo de financiación, pero como todos saben. siempre, hoy y ayer, hay argumentos de peso para no romperse la cabeza con el sudoku autonómico.
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