"Primero fui víctima de mi marido, ahora lo soy de las instituciones"

Pocas mujeres que han estado en su situación han podido contarlo. Aún le falta movilidad en algunos dedos. En la parte baja del cuello, por debajo de la garganta, lleva una enorme cicatriz que se tapa con un apósito. Más de cien puntos de sutura fueron necesarios para cerrar la herida que le infligió su marido, con el que llevaba 26 años de relación, en su casa de Tomares la madrugada del 8 de noviembre de 2013. Su hija, de entonces 14 años, también resultó herida. El agresor las atacó con una herramienta multiusos cuando estaban dormidas. Luego se arrojó por un balcón en busca de una huida -o de quitarse la vida, según su versión- que no pudo materializar por las fracturas que sufrió.

Esta semana el caso ha vuelto a la actualidad porque la instrucción se ha cerrado. A su marido, que permanece en prisión y a quien se refiere en todo momento como "este señor", le imputan dos homicidios. Ella prefiere permanecer en el anonimato, sobre todo por proteger a su hija, pero cree que la sociedad debe conocer la falta de coordinación, de atención y el lío burocrático que se esconde tras la fachada de las instituciones que atienden a las víctimas de la violencia de género. "Lo que nos pasó aquel 8 de noviembre nos va a marcar de por vida. Pero lo que nos queda después es otro infierno. Después de la agresión hay otro proceso de victimización institucional que es muy duro".

Para empezar, la misma mañana de los hechos, su hija fue trasladada al Hospital San Juan de Dios de Bormujos, donde también estaba su agresor, mientras que ella fue hospitalizada en el Virgen del Rocío. "Pedía que la niña estuviera conmigo y nadie me hizo caso. Era tan surrealista que la niña tuvo que ir al Virgen del Rocío para que le hicieran unas pruebas. La trajo una ambulancia y la llevó después de vuelta a San Juan de Dios otra vez, donde estaba ingresado su padre, que había intentado matarla horas antes".

Una vez que recibió el alta médica, esta mujer tuvo que ir con frecuencia al hospital para diversas pruebas. Estuvo cuatro meses en rehabilitación y aún tiene pendiente una segunda operación en las manos. "Era mi hija la que tenía que darme de comer porque no podía hacer nada con las manos". Su marido también acude con frecuencia al hospital, custodiado por dos policías. Como las citas del marido le llegaban a su casa de Tomares, pudo darse cuenta a tiempo de que un día los habían citado con media hora de diferencia. "Si no me doy cuenta, lo veo en el hospital. Después de eso, me veo obligada a pedir favores para saber cuándo son las citas de este señor y no tener que coincidir con él".

A esto se le une el grave problema económico que está atravesando la protagonista de esta historia, después de que su marido, desde prisión, hiciera unos poderes notariales para que el 21 de enero sus hermanos retiraran, presuntamente, todo el dinero que había en la cuenta corriente que seguía siendo conjunta. "Tenemos dos hipotecas a las que hacer frente -la casa de Tomares en la que ocurrieron los hechos y otra vivienda en la playa- y un crédito personal que ya no puedo pagar. Soy yo la que asume todos los gastos de las casas y lo único que recibo de él es una pequeña cantidad por la manutención de la niña. Teníamos deudas para dos sueldos y ahora él cobra el suyo íntegro y yo asumo las deudas. Estoy a punto de que me embarguen", dice, sin entender por qué el juez del caso no impidió esta operación. "Nos dicen que la Justicia no puede intervenir en asuntos económicos de la pareja. Quizás tendría que haber retirado el dinero yo antes, pero no me podía imaginar que algo así pudiera ocurrir".

El psiquiatra que la atiende le ha recomendado que pase el verano en la playa. Al estar de baja médica, tiene que pedir permiso para poder salir de la localidad en la que reside. El inspector del organismo para el que trabaja la obliga a pedir autorizaciones con frecuencia. Es una gestión más de la que tiene que estar pendiente. "Me paso el día mirando la cuenta del banco, yendo de un sitio a otro para hacer gestiones. Mi hija no para de preguntarme cuándo va a acabar esto".

De todo ello informó por carta a la delegada del Gobierno, Carmen Crespo. Ella entiende que lo ocurrido en su casa no debe ser calificado de doble homicidio sino de doble asesinato. Se basa en que su marido fue a buscar el arma a la planta baja -los dormitorios están en una planta superior- y que las víctimas estaban durmiendo. Agradece el apoyo de su familia, su abogada, María Jesús Correa, el Ayuntamiento de Tomares, que le presta asistencia psicológica, y la Guardia Civil, que se interesa a menudo por su situación.

La defensa de su marido, ejercida por el abogado Benito Saldaña, niega que fuera él quien retiró el dinero de la cuenta y asegura que lo hizo ella. El miércoles mostró su disconformidad por su procesamiento por dos homicidios.