Sánchez se ve ahora capaz de reformar la financiación

Pedro Sánchez dijo dos veces en Cortes -una en el Congreso y otra en el Senado- que no veía posible reformar el sistema de financiación autonómica en esta legislatura, sin mencionar cuánto espera que dure su mandato. Un mes después el jefe del Ejecutivo parece más optimista. Susana Díaz salió el lunes de La Moncloa con 500 millones más para los próximos Presupuestos de la Junta. Este miércoles, el presidente asturiano, Javier Fernández, se fue del palacio con el compromiso de Sánchez de impulsar el nuevo modelo de reparto de fondos estatales entre las comunidades.

El cambio en el discurso del líder socialista se produce después de que en el Ministerio de Hacienda hayan dado pasos a favor de esa reforma. De la última reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera salió un grupo de trabajo político con el objetivo de buscar el consenso necesario para renovar el modelo de financiación.

Fue la propia ministra María Jesús Montero quien defendió en el encuentro con las regiones el informe que desembocó en la creación de dicho grupo, que se diferencia del que puso en marcha el Gobierno del PP en que éste sólo era de carácter técnico. Las regiones tendrán que nombrar a sus representantes en septiembre y será entonces cuando comience la negociación.

En el Ministerio de Hacienda hay disposición para acelerar la reforma, pero reconocen que todo depende de las aspiraciones de las comunidades. "Somos optimistas, pero hay muchas dificultades", apuntan desde el departamento de María Jesús Montero. La elaboración de un nuevo modelo de financiación tiene muchas aristas y el arco parlamentario con el que gobiernan Pedro Sánchez no ayuda. La muestra es la senda de los objetivos de déficit para 2018 y 2019 y el techo de gasto, que deben aprobarse mañana y en el Ejecutivo no las tienen todas consigo.

El caso de la regla de gasto es salvable, pues puede salir adelante con el visto bueno del Congreso. Por contra, la senda de déficit necesita el apoyo del Senado, controlado por el PP. Si la Cámara Alta no avala la relajación del objetivo de déficit al 1,8% del PIB para 2019, las administraciones públicas no podrán contar con los 6.000 millones de euros extra que Bruselas les ha permitido gastar el año próximo.

Si eso ocurre, Antonio Ramírez de Arellano, consejero de Hacienda, tendrá que restar 350 millones de euros de su cuenta de ingresos cuando empiece a confeccionar los presupuestos. Para evitarlo, los socialistas tendrán que convencer al PP, cuyo nuevo presidente, Pablo Casado, no está por la labor de solucionarle la papeleta al Gobierno. "Deben de votar a favor de la propuesta que va a realizar la ministra de Hacienda", dijo ayer Mario Jiménez, portavoz del PSOE en el Parlamento, que pidió a los dirigentes andaluces de PP, Podemos y Ciudadanos que presionen a sus partidos en Madrid para que permitan la aprobación de la senda de déficit en el Pleno que la abordará mañana en el Congreso.

"El PP no va a colaborar por el bien de las cuentas públicas. No vamos a dar pasos hacia atrás". Así de tajante fue Carmen Crespo, portavoz parlamentaria del PP, que no parece que vaya a contentar a Mario Jiménez. Los populares son muy críticos con la solución que el Gobierno ha dado al problema de infrafinanciación de Andalucía, ya que consideran que "la respuesta de Sánchez a Díaz en esta reunión se resumen en que si le falta dinero pida un préstamo".

Crespo se refería así a los 500 millones con los que Susana Díaz salió de la reunión con Pedro Sánchez. La mayoría -350 millones- se corresponden con la relajación del objetivo de déficit que se someterá a votación mañana en el Congreso. El resto -150 millones- son el aumento de las entregas a cuenta que Andalucía recibirá para confeccionar el Presupuesto del año próximo.

El presidente del Gobierno le adelantó la cantidad a la jefa del Ejecutivo andaluz, pero no será hasta el próximo martes cuando, en un nuevo Consejo de Política Fiscal y Financiera, la ministra María Jesús Montero informe a las regiones del dinero que recibirán para cuadrar sus cuentas. En esa reunión también se abordarán los objetivos de déficit de cada territorio a nivel individual. Aunque eso depende de la votación de mañana en el Congreso.