Susana Díaz propone el blindaje de los servicios públicos en una reforma del Estatuto

Doce años después de su primera remodelación, la reforma del Estatuto de Autonomía para Andalucía vuelve al tablero político. El Gobierno de PP y Ciudadanos abrió la veda con el intento naranja de modificación exprés para acabar con los aforamientos, pero el PSOE recoge el guante con una más ambiciosa, que, sin embargo, deja para el ámbito nacional la eliminación del fuero judicial del presidente de la Junta, sus consejeros y los 109 diputados del Parlamento.

Fue la propia Susana Díaz, secretaria general de los socialistas andaluces, quien ha desgranado este miércoles en la Cámara la propuesta acompañada por Mario Jiménez, portavoz, y Gregorio Cámara, diputado en el Congreso durante la extinta legislatura y uno de los constitucionalistas de cabecera del PSOE andaluz. Díaz prefiere que el asunto de los aforamientos se dirima a nivel nacional. Está a favor, asegura, pero pretende extender la reforma estatutaria.

Lo había anunciado pero ahora tiene claro los cinco ejes sobre los que gira la propuesta socialista. Son el blindaje de los servicios públicos, la inclusión de las políticas de memoria histórica, la protección de los órganos de extracción parlamentaria y el Consejo Consultivo, la lucha contra nuevos retos como la pobreza energética y asumir la importancia de la revolución digital y la protección de datos.

Es la respuesta de los socialistas a la idea del PP y Ciudadanos con los aforamientos, iniciativa que Díaz circunscribe al ámbito nacional, algo que ha fundamentado Gregorio Cámara. El también secretario de Libertades y Política Territorial de la Ejecutiva del PSOE-A ha recordado que la figura de los aforados existe en toda Europa excepto "en Alemania y Finlandia".

"Es muy peligroso plantear la reforma del estatuto a golpe de inmediatez", ha defendido Cámara, quien ha abogado porque la eliminación de los aforamientos comience por una reforma de la Constitución "que irradiaría al resto del ordenamiento". Ha alegado, además, que el aforamiento existe como respuesta a la "acción popular", figura existente en el ordenamiento jurídico español. El fuero judicial de los políticos es, según Cámara, un "equilibrio entre los poderes del Estado", pero considera que sólo debería circunscribirse a delitos relacionados con el ejercicio político, tal y como defienden el Consejo de Estado y el Consejo General del Poder Judicial.