El TSJA asegura que hace lo que "corresponde" con Arellano

El presidente del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, Lorenzo del Río, ha afirmado que la citación como investigado del consejero andaluz de Economía y Conocimiento, Antonio Ramírez de Arellano, es lo que "corresponde" al tribunal una vez que se ha presentado una querella contra él.

Antes de pronunciar una conferencia sobre periodismo y justicia, Del Río ha dicho que "ahora mismo estamos en la línea nuestra que nos corresponde en exclusiva: tenemos una querella y tenemos que hacer una mínima investigación", que supone llamar a declarar al consejero y a varios profesionales. "A partir de ahí, el instructor valorará, por así decirlo, si hay méritos para seguir o no y para dictar la resolución que proceda", ha apuntado Del Río.

El presidente del TSJA ha explicado que Arellano ha sido llamado como investigado, término que sustituye al de imputado, porque legalmente es así y "es la cualidad que tiene para personarse con todos sus derechos y garantías de defensa. No tiene que añadir ni que quitar", ha concluido. El consejero ha sido citado el 10 de mayo en la Sala Civil y Penal del TSJA, con sede en Granada, en el marco de las diligencias abiertas tras la denuncia interpuesta por la Fiscalía Superior de Andalucía por la adjudicación de una obra cuando era vicerrector de la Universidad de Sevilla.

Respecto a su conferencia, Del Río ha abordado la importancia de los medios de comunicación en el ámbito judicial y más aún en un momento en el que, según ha opinado, la sociedad de ha "judicializado muchísimo". El presidente del TSJA ha dicho que los problemas de la información judicial tienen que ver con la inmediatez, con "titulares que muchas veces no responden a realidad y con "las prisas", lo que ocasionalmente impide respetar "los tiempos judiciales" y emitir juicios anticipados.

También se ha quejado de las "patologías en el proceso penal" relativas al secreto del sumario, a los "paseíllos innecesarios" y a la presunción de inocencia, sobre lo que existe una directiva que hay que aplicar en España resaltando la importancia de respetar esa presunción hasta el pronunciamiento final.