El TSJA incoa una "causa especial" contra Alaya y designa a un ponente

El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) ha comenzado a realizar los primeros trámites en relación con la querella presentada contra la juez Mercedes Alaya por su actuación durante la instrucción del denominado caso Betis, que se inició en 2008.

La secretaría de la Sala del Alto Tribunal andaluz ha acordado en una diligencia de ordenación la incoación de una "causa especial" contra la juez Mercedes Alaya y ha designado como ponente de tramitación de esta investigación al magistrado Juan Ruiz-Rico Ruiz Morón, el juez que se ha incorporado recientemente a la Sala, según confirmaron ayer a este periódico fuentes judiciales.

En esa misma diligencia, se ha ce constar que se ha dado traslado de las actuaciones al Ministerio Fiscal, en este caso a la Fiscalía Superior de Andalucía, a la que el TSJA ha solicitado la emisión de un informe sobre la procedencia o no de la admisión a trámite de esta querella, de acuerdo con los artículos 312 y 313 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal. Estos preceptos establecen que cuando se presenta una querella, el juez, "después de admitirla si fuere procedente, mandará practicar las diligencias que en ella se propusieren, salvo las que considere contrarias a las leyes, o innecesarias o perjudiciales para el objeto de la querella, las cuales denegará en resolución motivada". El artículo 313 establece que se desestimará en la misma forma la querella "cuando los hechos en que se funde no constituyan delito, o cuando no se considere competente para instruir el sumario objeto de la misma".

La Fiscalía Superior de Andalucía recibió el pasado lunes la petición de informe de la Sala de lo Civil y Penal del TSJA, y en estos momentos el fiscal ya está analizando la querella, que tiene una extensión de 192 folios. El informe que emita la Fiscalía no es vinculante para la decisión que adopte el TSJA, pero sí que tiene su trascendencia a la hora de adoptar la decisión.

La querella fue presentada por el que fuera consejero delegado del Real Betis Luis Oliver, una de las personas procesadas por la juez Mercedes Alaya junto al ex mandatario bético Manuel Ruiz de Lopera por delitos de apropiación indebida y delitos societarios relacionados con la venta de las acciones del club verdiblanco.

En la misma se atribuye a la juez Mercedes Alaya, que actualmente continúa en el juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla con una prórroga hasta la toma de posesión de la nueva titular del juzgado, una presunta prevaricación relacionada con algunas de las decisiones adoptadas por la magistrada en el transcurso de esta prolongada instrucción.

Otras fuentes consultadas por este periódico indicaron que la querella incluiría un supuesto cúmulo de resoluciones presuntamente arbitrarias, analizadas de manera minuciosa, y de ahí la extensión de la querella.

El empresario Luis Oliver es uno de los ocho procesados en el caso Betis, junto a Manuel Ruiz de Lopera. En septiembre pasado, la juez Alaya confirmó el procesamiento de ambos en un auto en el que rechazó la petición de archivo planteada por la defensa de Oliver -que está imputado como cooperador necesario- y a la que se había adherido la Fiscalía de Sevilla, que consideró que en este caso no existían indicios de la venta simulada de las 20.662 acciones del Real Betis desde Farusa a Bitton Sport, la empresa de Oliver. Según la Fiscalía no hubo venta simulada sino todo lo contrario, ya que "del clausulado y anexos del contrato y la investigación parcial realizada por la Guardia Civil" hay elementos para "presumir lo contrario", por lo que el Ministerio Público concluía que no hay indicios para afirmar que Lopera fue quien financiaba dicha operación.