El TSJA investiga una querella contra la juez Alaya por el caso Betis

La Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) investiga una querella presentada contra la juez Mercedes Alaya su actuación durante la prolongada instrucción del denominado caso Betis, que comenzó en el años 2008 y por el que ya han sido procesados el ex mandatario bético Manuel Ruiz de Lopera y otros dirigentes del club por delitos de apropiación indebida y delitos societarios en la venta de las acciones, según han confirmado a este periódico fuentes judiciales.

La querella ha sido presentada por el ex consejero delegado del Betis Luis Oliver, uno de los procesados por Alaya, que atribuye ahora a la instructora una presunta prevaricación en relación con algunas de las decisiones adoptadas por la magistrada en esta investigación. Fuentes del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) confirmaron ayer que la querella contra Alaya ha sido remitida a la Fiscalía Superior de Andalucía para que emita un informe sobre la procedencia o no de admitir a trámite esta querella.

El Ministerio Público recibió precisamente ayer la querella contra la juez, que es bastante extensa, y ya está estudiándola para emitir el informe solicitado por el TSJA, a partir del cual y aunque no tiene carácter vinculante para el tribunal, se decidirá sobre su admisión o no.

Otras fuentes consultadas por este periódico explicaron ayer que la querella incluiría supuestamente un cúmulo de resoluciones presuntamente arbitrarias, analizadas con mucho detalle, de ahí la extensión de la querella elevada al Alto Tribunal andaluz. Luis Oliver es uno de los ocho procesados en el caso Betis, en el que también está imputado el ex mandatario Manuel Ruiz de Lopera. Alaya confirmó en septiembre pasado el procesamiento, en un auto en el que rechazó la petición de archivo planteada por la defensa de Oliver -imputado como cooperador necesario- y a la que se había adherido la Fiscalía de Sevilla, que consideró que no existían indicios de la venta simulada de las 20.662 acciones del Real Betis -a través de Farusa- a Bitton Sport, sino todo lo contrario, ya que "del clausulado y anexos del contrato y la investigación parcial realizada por la Guardia Civil" hay elemento para "presumir lo contrario" y no hay indicios para afirmar que Lopera fue quien financiaba dicha operación.

Desde que se inició la investigación del caso Betis hace siete, la instrucción ha estado salpicada por numerosas polémicas, lo que ha llevado incluso a la presentación de varias quejas ante el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). El ex mandatario bético Manuel Ruiz de Lopera denunció hasta en dos ocasiones a la juez ante el máximo órgano de gobierno de los jueces por las supuestas irregularidades en la designación de los administradores judiciales del club, uno de ellos el abogado Francisco Estepa a quien se atribuye una relación con el marido de Alaya, Jorge Castro. La magistrada defendió en un auto que esa supuesta relación entre el administrador y su esposo son "bulos periodísticos" y sostuvo que lo único que ambos tuvieron en común es que desarrollaron una parte de su actividad profesional como "administradores concursales, como otros miles de profesionales". Sin embargo, el marido de la juez designó como abogado a Estepa cuando estuvo imputado por su trabajo en la administración social de los laboratorios Pérez Giménez. Las dos quejas de Lopera ante el CGPJ fueron archivadas.

La polémica también llegó hasta la Sección Primera de la Audiencia de Sevilla, la encargada de resolver todos los recursos presentados contra las decisiones de Alaya en el caso Betis, debido a las supuestas relaciones familiares de uno de los magistrados, Juan Antonio Calle Peña, que es sobrino de uno de los socios de la Liga de Juristas Béticos, que está personada como acusación particular en el proceso. El juez ha rechazado esta recusación, entre otros motivos, porque considera que las decisiones en la Audiencia se adoptan de forma colegiada, pero la Fiscalía de Sevilla ha mostrado su apoyo a esta recusación porque entiende que "puede generar dudas razonables en relación con la imparcialidad" del magistrado ponente.