Trabajadores de la naranja inician una huelga contra "prácticas abusivas"

Los trabajadores del sector de los cítricos en el ámbito territorial del Bajo Guadalquivir en Córdoba, en los pueblos de Almodóvar del Río, Posadas, Palma del Río y Hornachuelos, además de los sevillanos de Peñaflor y Lora del Río, han convocado desde este jueves al 15 de enero una huelga en contra de "las prácticas empresariales abusivas" y reclamando que "se cumplan los convenios".

Los representantes del Movimiento de Trabajadores del Bajo Guadalquivir Pedro Armada y Antonio Ruiz, acompañados por el representante de CTA Francisco Moro han manifestado que "si la patronal que está incumpliendo con el convenio colectivo e instalando en la miseria a los jornaleros no rectifica", esta huelga se repetirá en días sucesivos o incluso dicen que se convocará de carácter indefinido.

Los motivos que provocan esta huelga son que "muchos empresarios del sector suplantan la mano de obra local a través de empresas de trabajo temporal y de corredores y manijeros que actúan como empresas de trabajo temporal ilegales, por mano de obra de países extranjeros, creando en los trabajadores lugareños una legión de parados que obligan a trabajar en condiciones de miseria".

De este modo, lamentan que "no pagan los 46,31 euros diarios que se establecen en el convenio colectivo", y por el contrario "pagan sólo entre 20 y 36 euros dependiendo del tajo; no pagan el plus transporte; obligan a firmar las nóminas por una cantidad pagando en mano otra cantidad inferior; obligan a extender la jornada laboral de sol a sol; no dan de alta, y no apuntan los días en la seguridad social, impidiendo así que se puedan juntar las 35 peonadas para el cobro del subsidio agrario".

Igualmente, advierten que "hay trabajadores que se ven obligados a trabajar por diez o doce euros diarios con el simple objeto de que se le apunte el día a la seguridad social", motivo por el que estas prácticas supuestamente delictivas han sido denunciadas este miércoles ante el Juzgado de Posadas.

Así mismo, los trabajadores proponen que se cree una bolsa de trabajo supervisada por el Servicio Andaluz de Empleo (SAE), los ayuntamientos de cada localidad y una representación de la asamblea de jornaleros de cada municipio y sea esta comisión quién tenga el control sobre la contratación "para que no se produzca la suplantación de mano de obra de la comarca por mano de obra barata en fraude de ley".

También critican que estas prácticas van "en contra" de la Política Agraria Comunitaria (PAC), puesto que "los productos alimenticios reciben subvenciones con el objeto de que la población agraria se asiente en el medio agrario", como apuntan.