El Tribunal de Cuentas salva a Griñán del pago millonario de sobrecomisiones

El Tribunal de Cuentas considera que la Junta pagó 53,7 millones de euros en sobrecomisiones a las empresas aseguradoras que se hicieron cargo de las pólizas de los ERE con las que se abonó la prejubilación a los trabajadores afectados. La sección de Enjuiciamiento de este tribunal mantiene que el máximo que se pagaba en el sector era el 2%, pero en el caso de los ERE se abonaron comisiones muy desiguales: desde el 0% en Heineken, porque no hubo mediador, al 49,3% por la póliza de Fertiberia. Cuentas considera responsable de este menoscabo de fondos públicos a los ex directores generales de Trabajo, no a los consejeros de Empleo ni a los de Economía y Hacienda, en ese tiempo Magdalena Álvarez y José Antonio Griñán. La cantidad perdida por la Junta es aún mayor, porque a las comisiones hay que añadir 3,27 millones de euros por un pago erróneo a la aseguradora Apra Leven; 2,2 millones por un pago al Hotel Cervantes que debía haber hecho su empresa, Europa Center, y uno a Vitalia de 77.858 euros. La cantidad debe ser devuelta, aunque hay que esperar a la sentencia.

De este modo, el ex director Francisco Javier Guerrero es el responsable de una pérdida de 46,2 millones; su sucesor, Juan Márquez, de 14,78 millones, y Daniel Rivero, de 3,2 millones. Tales cantidades incluyen los intereses de demora. Estas son las conclusiones del acta provisional de liquidación del Tribunal, cuya sala de Enjuiciamiento deberá dictar sentencia con las órdenes de cobro. Los tres ex directores acudieron ayer al tribunal para ser informados de la liquidación.

El Tribunal de Cuentas funciona en un plano distinto al de los juzgados de instrucción donde se están viendo el caso de los ERE; en concreto, el número 6 de Sevilla, de la juez Mercedes Alaya, y el Supremo. No obstante, es posible adelantar algunas conclusiones: la primera, es que existió un menoscabo millonario de las arcas de la Junta por estas sobrecomisiones y, segundo, que la responsabilidad contable se queda en los directores generales, no sube a más. No obstante, Cuentas aún debe pronunciarse sobre otras dos piezas del caso de los ERE: una sobre las ayudas sociolaborales a los trabajadores y la segunda, sobre subvenciones a empresas.

La denuncia ante el Tribunal de Cuentas la interpuso el ex parlamentario del PP Antonio Sanz, hoy delegado del Gobierno en Andalucía, y en ella se citaba la posible responsabilidad de los consejeros. "A este respecto -se explica en el acta de liquidación-, hay que precisar que la naturaleza de la responsabilidad contable y su ámbito subjetivo se encuentra delimitado (...), a cuyos términos ha de atenerse esta delegada instructora en sus actuaciones de instrucción, que se centran en la actuación de los directores generales de Empleo y de Seguridad Social durante el período examinado, y con competencia en la gestión de dichos fondos".

El abogado de Guerrero, Fernando de Pablo, mostró su disconformidad con el acta. "Prueba de la normalidad institucional y jurídica es que en ningún momento fue cuestionada su gestión por la Cámara de Cuentas de Andalucía", pese a transcurrir en un periodo de casi once años, ni tampoco "los partidos políticos recurrieron la fórmula conocida, ni el Gobierno de la nación". De Pablo fue preguntado por si consideran que otros altos cargos de la Junta estaban al tanto de las irregularidades contables y éste señaló: "Indudablemente" las conocían.

En esa línea, ha mantenido que cree que la investigación "debería subir un poco más" en el organigrama institucional y no quedarse en los cargos de los directores generales. Por último, en el acta de liquidación provisional se recoge que la representación legal del PP también ha manifestado su disconformidad con ésta al considerarla "incompleta" por el "obstruccionismo y la falta de colaboración" de la Junta de Andalucía, siendo, además, esta institución "la perjudicada por el menoscabo de fondos públicos".