"El alquiler de La Moncloa le sale muy caro a los andaluces"

El primer Consejo de Gobierno tras la designación de María Jesús Montero y primera confrontación desde la Junta de Andalucía. La consejera de Hacienda y portavoz, Carolina España, ha denunciado que el Ministerio de Hacienda ya ha aplicado el impuesto a la banca cuyo reparto perjudica a Andalucía puesto que se distribuye a las comunidades autónomas en función del PIB de cada territorio. "El alquiler de la Moncloa le sale muy caro a los ciudadanos andaluces porque en sólo 14 días, María Jesús Montero se ha dejado en Madrid 76 millones de euros".

Porque según las cuentas del Gobierno andaluz, Andalucía va a recibir 227 millones de euros del Estado por este impuesto a la banca, una cantidad que ascendería a 303 millones si el reparto se decidiese por población, en lugar de por PIB, y ahí es donde está la diferencia de 76 millones. Carolina España defiende que, con este criterio, se van a recibir 9 euros menos de media por habitante, que ascienden a 14,5 euros por habitante menos que Cataluña y 18,56 euros menos que el País Vasco.La portavoz de la Junta defiende que, con este modelo de reparto, las cuatro comunidades autónomas infrafinanciadas, Valencia, Murcia y Castilla La Mancha además de Andalucía, van a recibir por debajo de la media "con lo que se agrandan las diferencias con estas medidas injustas".

El Ministerio de Hacienda que dirige Montero hace unas cuentas diferentes. Según explica, Andalucía será la tercera comunidad autónoma que más fondos reciba por este tributo, "que no existiría si fuese por el PP". Fuentes del ministerio explican que en este debate, "la Junta de Andalucía y el PP defienden a los bancos, no a los andaluces".

Vivienda

Sin embargo, en materia de vivienda, la portavoz del Gobierno andaluz se ha mostrado más conciliadora. Carolina España, ha tendido la mano al Gobierno central buscando el acuerdo entre administraciones, "que lo hagamos juntos", ha defendido argumentando que el problema de la vivienda tiene que tener una respuesta de todas las administraciones: local, autonómica, y central. A pesar de ese tono, España ha pedido al Gobierno central, "que nos copien", ya que en su opinión, "hay que tener los pies en la tierra y la solución para el problema de la vivienda es menos intervencionismo y más construcción".

La consejera ha llamado la atención de algunas como la de penalizar a los compradores de viviendas no comunitarios, que podría tener una repercusión en lugares como la Costa del Sol, y ha alertado de que esto podría suponer un "rechazo" a la captación de la inversión extranjera, ya que la vivienda puede llevar aparejada otro tipo de inversiones empresariales.