El juez amplía a 2004 la investigación de las subvenciones de la Junta a CCOO

El juez de Instrucción número 16 de Sevilla, Juan Gutiérrez Casillas, que investiga la presuntas irregularidades en dos subvenciones concedidas por la Junta de Andalucía al sindicato CCOO, por un importe total de un millón de euros, ha ordenado extender la investigación a las ayudas otorgadas desde 2004, según han confirmado fuentes del caso. El juzgado investigaba hasta ahora dos ayudas concedidas en 2009 por importes de 600.000 y 400.000 euros, respectivamente, pero la Sección de Delitos Económicos de la Fiscalía planteó la ampliación de las pesquisas a los últimos cinco años, es decir, hasta 2004, petición que ahora ha atendido el instructor.

En esta causa hay dos imputados, la ex directora general de Seguridad y Salud Laboral de la Junta Esther Azorit y el secretario de Organización y Finanzas de CCOO, Miguel Ángel Soto, a los que se atribuyen presuntamente delitos de malversación de caudales públicos, prevaricación y falsedad documental, en relación con el destino y la justificación de esas dos subvenciones iniciales. La primera ayuda fue concedida por el consejero de Empleo el 22 de mayo de 2009 e iba destinada a financiar acciones de "divulgación y sensibilización" en materia de prevención de riesgos laborales. Esther Azorit certificó el 9 de noviembre de 2009 que esta ayuda "ha sido aplicada parcialmente a la finalidad para la que se concedió, constando por tanto su cumplimiento parcial así como el correspondiente gasto parcial de la actividad subvencionada".

La Fiscalía advirtió que se había producido un "exceso de justificación total de 13.427,97 euros" y entre los gastos a justificar se incluyó una partida de 34.553,75 euros en relación con una manifestación que tuvo lugar el 22 de abril de 2009 que, según la Fiscalía, "no deberían aceptarse" y se tendrían que haber reintegrado a las arcas públicas 20.383,78 euros.

El secretario de Organización y Finanzas de CCOO y la ex directora de Seguridad y Salud Laboral de la Junta declararon en enero pasado ante el juez, en calidad de imputados. La defensa de Miguel Ángel Soto alegó que con estas ayudas no se había producido ningún delito, sino que se había producido "un error de contabilidad".

El juez ordenó a la Intervención General de la Consejería de Economía la realización de un informe pericial contable sobre estas dos subvenciones.