Andalucía endurecerá los requisitos para crear nuevas universidades privadas

La Junta de Andalucía endurederá los requisitos para la creación de nuevas universidades privadas en la comunidad. Ésa es, al menos, la intención que persigue la futura Ley de Universidades para Andalucía (LUPA) que, entre otros requisitos para que estas instituciones académicas se pongan en marcha, exigirá que un 3% de sus ingresos anuales se dediquen a becar estudiantes y otro 5% a planes propios de investigación. De esta forma, el Ejecutivo de Juanma Moreno pretende reforzar "la calidad y la excelencia" de la enseñanza superior y responde a las fuertes críticas de los rectores de las universidades públicas ante el importante progreso que ha experimentado el sector privado en este ámbito educativo los últimos años.

A nadie escapa que las universidades privadas han ganado terreno en Andalucía. Sirva de ejemplo la provincia de Sevilla, donde ya hay hasta tres implantadas. La primera fuera la Loyola, con su campus de Dos Hermanas; la segunda, la CEU Fernando III, ha comenzado este curso en Bormujos; y la tercera lo hace a través de un centro adscrito. Se trata de la Universidad Pontificia de Comillas, que estrena vinculación con el Centro de Enfermería de San Juan de Dios (tras una polémica desadscripción con la Universidad de Sevilla).

El desembarco de estas instituciones ha sido recibido con bastante recelo por las universidades públicas, que hasta no hace mucho -y al contrario de lo que ocurre desde hace tiempo en otras ciudades españolas- eran hegemónicas en la enseñanza superior andaluza. Bien es cierto que buena parte de dicha implantación ha coincidido con las dos legislaturas del PP en la Junta, lo que ha provocado reproches ideológicos. Desde la consejería competente, sin embargo, siempre se ha defendido que los permisos otorgados para estos proyectos cumplen con las condiciones exigidas en la actual ley universitaria de la comunidad autónoma.

En busca de la excelencia

Requisitos que serán más restrictivos cuando cambie el marco legislativo andaluz que regula la educación superior. La futura Ley de Universidades para Andalucía (LUPA) endurecerá las condiciones de creación, desarrollo y funcionamiento de los proyectos universitarios privados. Según fuentes implicadas en su elaboración, consultadas por este periódico, el fin último es "reforzar la calidad y la excelencia del sistema universitario de la comunidad y asegurar la prestación de este servicio público".

La nueva ley se ajusta a la reforma universitaria estatal (LOSU) emprendida por el Gobierno de Pedro Sánchez la pasada legislatura, pero, según las mencionadas fuentes, el anteproyecto de la LUPA resulta "más restrictivo" en cuestiones relacionadas con los requisitos exigidos a los promotores de tales iniciativas, en concreto, en los que conciernen a ayudas al estudio y al ámbito de la investigación. De esta forma, la futura legislación propone que las nuevas entidades reserven un 3% de sus ingresos anuales a programas de becas. En ellos se tendrá en cuenta, como es habitual, el expediente académico del alumnado y sus circunstancias socioeconómicas. De igual modo, se exigirá por primera vez que estas instituciones dediquen un 5% de los ingresos de sus presupuestos a planes propios de investigación.

La LUPA incide especialmente en este aspecto. Tanto en las privadas como en las públicas. En ambas se establece la implantación de programas y líneas de investigación relevantes, que se correspondan con las enseñanzas a impartir. Para acreditar tal propósito, deberán contar con una programación plurianual de la actividad investigadora en las áreas científicas que guarden relación con las titulaciones universitarias de los nuevos proyectos académicos. Además, habrán de reunir otras cualidades, como el detalle de las estrategias para la incorporación del talento científico; para la adquisición, uso o construcción de infraestructuras científico-técnicas para participar en proyectos de I+D competitivos de ámbito regional, nacional o internacional; y para una estrecha y permanente colaboración con el sector productivo.

Otro de los aspectos en los que hace hincapié el anteproyecto de la ley univesitaria andaluza es la inserción laboral. Las instituciones académicas -públicas y privadas- habrán de garantizar la implantación progresiva de mecanismos que faciliten la incorporación de los egresados al mercado de trabajo. Se trata de uno de los objetivos en los que más empeño pone la consejería competente los últimos años, ante las críticas del tejido empresarial por la desconexión entre la enseñanza superior y los centros de producción.

El perfil de los promotores

Más requisitos de la LUPA para que una universidad privada se ponga en marcha. Sus promotores han de disponer de "una trayectoria contrastada en el servicio público de educación universitaria", ya sea para comandar un centro adscrito o una institución educativa universitaria. Las nuevas iniciativas que se propongan han de contar con órganos de representación de la comunidad universitaria y con otros específicos de representación del estudiantado. En todos ellos ha de garantizarse, "de forma democrática", su elección. Las personas que integren los órganos rectores "han de reunir experiencia académica o profesional suficiente, bien sea en gestión, docencia, investigación o en innovación y transferencia de conocimiento".

Eso sí, la pertenencia a órganos rectores o directivos en una universidad privada será "incompatible" para el personal funcionario o laboral indefinido de las universidades públicas andaluzas. Es decir, mientras que ostenten dicha responsabilidad en una privada habrán de renunciar a desempeñar funciones académicas, docentes, investigadores o de gestión en las públicas o en entidades relacionadas con ellas.

Los nuevos proyectos deberán "acreditar" en todo momento solvencia económico-financiera para su desarollo, así como garantizar que disponen de infraestructuras y personal adecuado. Con tal objetivo, los promotores están obligados a proporcionar suficiente información sobre las entidades que avalan las iniciativas y que las financian.

Más restricciones. La norma también impone un periodo de cuatro años para volver a presentar una solicitud a los promotores cuyos proyectos hayan sido denegados por no reunir los requisitos mencionados.

La Inspección

Por otro lado, para el cumplimiento de la ley, se cuenta con el servicio de Inspección, integrado por funcionarios del grupo A1, dependientes de la consejería. Una medida que, aunque recogida en la normativa actual, apenas se ha desarrollado, como admiten las fuentes consultadas.

Dicho servicio se orientará especialmente a los proyectos educativos que surjan de la iniciativa privada, pues desde la consejería que dirige José Carlos Gómez Villamandos se entiende que las universidades públicas ya cuentan con numerosos mecanismos de vigilancia, como los consejos sociales, las auditorías externas y los informes de la Cámara de Cuentas.

Las titulaciones extranjeras

Debe recordarse que la Junta ya ha aprobado el Plan de Inspección Universitaria de 2024. Para este ejercicio, su cometido se orienta a los centros de enseñanzas que ofertan formación y expiden títulos de sistemas educativos extranjeros. Labor que ha comenzado con el Centro Marbella International Universitya, que ya cuenta con un requerimiento abierto.

Conforme a este plan, los inspectores deben realizar una evaluación inicial que determine la posible existencia de este tipo de proyectos. Luego realizarán visitas in situ o solicitarán documentación para corroborar que estas entidades disponen de la autorización administrativa competente y cumplen con las exigencias establecidas. Habrán de comprobar, de igual modo, que las enseñanzas, planes de estudios y titulaciones se corresponden con las ofertadas por la universidad matriz extranjera.