La brecha entre comunidades rebeldes y sumisas se ahonda

Después de que el techo a la deuda autonómica encendiese la mecha entre el Gobierno y las comunidades no gobernadas por el PP, ayer siguieron las acusaciones cruzadas. Los nuevos límites se traducirán en ajustes para todos, pero las comunidades del PP apoyaron sin remilgos a su Ejecutivo, y se esforzaron en criticar la "traición" andaluza y catalana.

En el lado del PP, el presidente cántabro Ignacio Diego lamentó la "irresponsabilidad" de las comunidades rebeldes porque, a su juicio, "toca hacer un ejercicio de responsabilidad". El valenciano Alberto Fabra, que dirige la segunda comunidad más endeudada, pidió a Cataluña y Andalucía que sean "responsables" porque "nadie va a salir por sí solo de la crisis" y ha dicho que "no puede haber unas comunidades que cumplan y otras que no". Para el vicepresidente madrileño, Ignacio González, el incumplimiento supondría "quebrar el principio de solidaridad". La presidenta navarra, Yolanda Barcina, pidió a los españoles que juzguen el plantón de la consejera andaluza; al respecto, el presidente de la Xunta gallega, Alberto Núñez Feijóo, dijo que esa actitud "no solo no es útil, sino que es grave". La ministra de Fomento, Ana Pastor, pidió unidad y dijo que las "soluciones" pasan por "arrimar todos el hombro". José Manuel Soria, ministro de Industria, Energía y Turismo, recordó a las comunidades que han gastado "por encima de lo que podían" y que "ahora" hay gastos que ya no se pueden "permitir". La secretaria de Estado de Presupuestos, Marta Fernández Currás, advirtió que "no hay hueco para la insumisión".

Por el contrario, el consejero catalán de Territorio y Sostenibilidad, Lluís Recoder, reiteró que la Generalitat quiere cumplir el objetivo del déficit y justificó que el plante del martes fue para denunciar la falta de diálogo del Ejecutivo. "Una cosa es que la Generalitat exprese su malestar no asistiendo a la reunión, algo que es lícito y comprensible, y otra que se intente confundir a la opinión pública diciendo que no queremos cumplir", dijo. El Gobierno asturiano también mostró su voluntad de cumplir, pero denunció que el Ejecutivo de Rajoy penaliza a las comunidades que menos se han endeudado, dijo la consejera de Hacienda, Dolores Carced. En Canarias, su presidente Paulino Rivero afirmó que el Gobierno central "estrangula, asfixia y maltrata" a las islas con el objetivo de endeudamiento. Y aunque el País Vasco no tiene voto en el CPFF, la lehendakari en funciones y consejera de Educación, Isabel Celaá, señaló que "no se puede gobernar a fuerza de real decreto". Incluso el secretario general del PSOE, Alfredo Pérez Rubalcaba, pidió al Ejecutivo que abandone el "ordeno y mando" y se reúna de nuevo con las comunidades autónomas.