Bolaños confirma la exclusión de cinco ex altos cargos en la pieza de las ayudas a Pickman
Caso de los ERE
La juez deja fuera a los ex consejeros Antonio Fernández y José Antonio Viera, al ex viceconsejero Agustín Barberá y a los ex directores de Trabajo Javier Guerrero y Juan Márquez para evitar el doble enjuiciamiento tras su procesamiento en la "pieza política" de los ERE.
La juez María Núñez Bolaños, que investiga el escándalo de los ERE, ha confirmado su decisión de excluir a cinco ex altos cargos de la Junta de la pieza en la que se investigan las ayudas concedidas por importe de 8,8 millones a la empresa sevillana Pickman la Cartuja, con la finalidad de evitar el doble enjuiciamiento puesto que estos altos cargos ya han sido enjuiciados en el juicio por el denominado "procedimiento específico" de los ERE.
En un auto que tiene fecha del 13 de marzo y al que ha tenido acceso este periódico, la instructora confirma otra resolución anterior del 22 de noviembre de 2018 por la que decidió no traer como investigados a esta pieza a los ex consejeros de Empleo Antonio Fernández y José Antonio Viera, al ex viceconsejero Agustín Barberá, y a los ex directores generales de Trabajo Javier Guerrero y Juan Márquez.
La magistrada explica en la resolución que con este pronunciamiento se ha "limitado a seguir los criterios fijados" por la Sección Séptima de la Audiencia de Sevilla y así recuerda un auto de esta misma Sala que, en el caso de Agustín Barberá señalaba que la instructora al excluir al ex viceconsejero "no hizo sino seguir el criterio que ha venido sosteniendo este tribunal en multitud de resoluciones", como ha ocurrido en las piezas de Calderinox, Fundiciones Caetano, Egmasa, Surcolor, Acyco, Centro Geriátrico Obispado de Cádiz y Cetro aceitunas, "una veces resolviendo recursos en fases de diligencias previas, otras en recursos contra autos de procedimiento abreviado", recoge la resolución de la Sección Séptima.
La juez también cita otros autos de la Audiencia de contenido similar en las ayudas a La pequeña Holanda, Coviluz, Movimientos de Tierra El Jefe, Aglomerados Morell y Corvillette, y Huevos Giralda. Por todo ello, la juez ha acordado desestimar los recurso que habían presentado la Fiscalía Anticorrupción y la acusación particular que ejerce la Junta de Andalucía contra su decisión de excluir a estos ex altos cargos, aunque el auto no es firme dado que puede ser recurrido ahora ante la propia Audiencia de Sevilla.
En noviembre pasado, Bolaños decidió imputar en la pieza abierta por las ayudas a Pickman al ex delegado de Empleo en Sevilla Antonio Rivas y al que fuera jefe del gabinete jurídico de la Junta Francisco del Río.
La decisión de Bolaños se produjo a instancias de la Fiscalía Anticorrupción y la instructora ha citado a declarar en calidad de investigadas el próximo 25 de abril a un total de nueve personas. Además de Antonio Rivas y Francisco del Río -que actualmente está siendo enjuiciado en el juicio de los ERE-, la juez ha imputado en esta pieza al ex parlamentario andaluz del PSOE Ramón Díaz Alcaraz, al ex secretario general del IFA Francisco José Oyonarte, al presidente de la medidadora Uniter José González Mata, al ex dirigente de CCOO en Andalucía Juan Antonio Florido, al ex secretario general de la Federación de Industrias Textil-Piel, Químicas y Afines (Fiteqa) de CCOO José Hurtado, entre otros.
Ese mismo día 25 de abril, la juez ha citado a otras ocho personas para que presten declaración como testigos en la pieza de Pickman la Cartuja.
La Fiscalía Anticorrupción presentó el pasado 19 de noviembre un escrito solicitando la imputación de estos ex altos cargos, en relación con las ayudas que entre 2003 y 2010 concedió la Dirección General de Trabajo a la empresa Pickman La Cartuja, a cargo de la partida 31L y "prescindiendo total y absolutamente del procedimiento legalmente establecido".
El Ministerio Público explica que el 27 de mayo de 2003 el director de Trabajo Javier Guerrero autorizó al IFA a realizar el abono urgente de una ayuda concedida a Pickman en la reunión mantenida el 26 de marzo de ese mismo año con los representantes de los trabajadores y de las organizaciones sindicales UGT y CCOO, a cargo de la partida presupuestaria 31L. Según se recoge en una carta, el pago se realizaría en una cuenta de titularidad de UGT, pero "los destinatarios eran los trabajadores de la empresa, sin que ni uno ni otros tengan relación alguna con el objeto de la ayuda, cual es el coste del mantenimiento de las instalaciones", precisan los fiscales.
Cinco personas no cumplían los requisitos
En virtud de este convenio, se suscribió una póliza con La Estrella, siendo la mediadora Ingotor, a favor de 37 trabajadores, y después se realizó un suplemento, pero finalmente por el decreto 4/2012 fueron excluidos cinco personas: tres por no cumplir los requisitos y otras dos por percibir la pensión de Incapacidad Permanente Total. Según la Fiscalía, fueron incluidas en el ERE autorizado por el delegado de Empleo Antonio Rivas "a sabiendas de que no cumplían los requisitos legalmente establecidos".
En esta póliza también se detectó un "pago cruzado" de las ayudas, "un sistema irregular por el que fondos asignados inicialmente a la cobertura de una póliza concreta se aplicaban por la Junta de Andalucía al pago de otra póliza distinta de la misma o diferente empresa". Así, el 31 de marzo de 2006, por orden de Guerrero, se utilizaron 450.000 euros destinados a la Faja Pirítica para cubrir la póliza de Pickman.
A Pickman La Cartuja le fueron concedidas ayudas por importe total de 11.421.933,37 euros y se realizaron pagos a su favor entre 2003 y 2010 por 8.868.914,09 euros, "prescindiendo total y absolutamente del procedimiento legalmente establecido", concluyen los fiscales de Anticorrupción Juan Enrique Egocheaga y Nazaret Salguero.
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