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Abogados
La investigación del Centro de Negocios de Empresas en Madrid
María Gámez Gámez, la primera mujer que ha dirigido la Guardia Civil, dimitió el pasado 22 de marzo forzada por la imputación de su marido, Juan Carlos Martínez Martínez, en el marco de una investigación abierta en 2022 por delitos de prevaricación, malversación de caudales públicos y blanqueo de capitales, relacionados con la gestión del Centro de Negocios de Empresa de Andalucía de la Consejería de Innovación, Ciencia y Empresa en Madrid.
La imputación de Juan Carlos Martínez fue ordenada por el juez de refuerzo de Instrucción número 6 de Sevilla, José Ignacio Vilaplana, en una providencia dictada tan sólo unos días antes de la dimisión de María Gámez, en concreto, el 16 de marzo, dentro de la diligencias en las que el magistrado investiga la "irregular contratación y transmisión de fondos en favor de la entidad Experience Management Group" de la que era titular Bienvenido Martínez, hermano de Juan Carlos y cuñado de la ya ex directora del instituto armado.
En la providencia, Vilaplana, que investiga las macrocausas como la de los ERE o la agencia Idea, acordó expresamente notificar su condición de investigados aJuan Carlos Martínez y a otro hermano, Manuel Martínez, ante la posibilidad de que estos dos últimos "pudieran haber tenido algún tipo de participación material en los hechos delictivos objeto de las actuaciones, cuya relevancia penal pudiera deducirse del conjunto de lo actuado". De esta forma, figuran ya como investigados los tres hermanos Martínez.
Para conocer las razones por las que el instructor decidió imputar al marido de la ex directora de la Guardia Civil hay que acudir a un auto previo, dictado el pasado 22 de febrero, en el que el magistrado explicó que los hechos investigados pueden ser constitutivos de los delitos de prevaricación, malversación y blanqueo de capitales, tal y como había argumentado en un auto dictado el 19 de julio de 2022, en el que decidió la apertura de esta nueva investigación.
El instructor señala a este respecto que la empresa Experience Management Group se constituyó el 4 de septiembre de 2009, teniendo por objeto social la "prestación de servicios de auditoría, asesoría, consultoría, formación y gestión de empresas, siendo su fundador -junto con su esposa e hijas- y Administrador Único el investigado Bienvenido Martínez, quien hace coincidir el domicilio social de dicha empresa con el suyo propio particular".
Desde septiembre de 2008, Bienvenido fue consejero de Santana Motor, como representante de Soprea -entidad dependiente de la agencia IDEA-, dado que previamente había desempeñado diversos cargos en la agencia Idea y en Invercaria, y fue presidente de Santa Motor y de Santana Militar desde julio de 2009 hasta julio de 2011, fecha en la que se acuerda la disolución voluntaria de sociedad y se sustituye la presidencia por la gestión de un liquidador.
Decía el juez que entre 2009 y 2011, la sociedad Experience Management Group "habría recibido fondos de Santana Motor por importe 339.701 euros, siendo Bienvenido Martínez al propio tiempo directivo de ambas sociedades. Así, el Grupo Santana Motor, bajo la Presidencia de Bienvenido Martínez, habría transferido fondos por dicho importe (339.701 euros) en beneficio de su propia empresa Experience Management Group, presumiblemente, en virtud del alquiler de un despacho en las oficinas de dicho Centro de Negocios".
La empresa de Bievenido, proseguía Vilaplana, fue contratada por la Junta de Andalucía para la gestión del Centro de Negocios de Empresa de Andalucía en Madrid, dependiente de la agencia Idea, por cuanto la sociedad Fomento, Asistencia y Gestión Integral de Andalucía (Fagia) -un ente instrumental de la agencia Idea- y Experience Management Group suscribieron un contrasto el 1 de noviembre de 2009, "es decir tan sólo dos meses después de constituirse la referida empresa EMG", para la prestación de servicios técnicos vinculados a la Dirección y operaciones del Centro de Negocios de la Consejería de Innovación, Ciencia y Empresa en Madrid. En ese momento, Bienvenido desempeñaba el cargo de Director de Inversiones Estratégicas de la Agencia IDEA "hasta el mismo de día de antes de formalizarse el contrato entre Fagia y Experience Management Group".
En ese auto, la imputación de los hermanos Martínez aparecería justificada en un único párrafo en el que el insturctor señala que el análsisis policial de los datos fiscales revela que la sociedad de Bienvenido Martínez, Experience Management Group "habría transferido fondos a otras empresas gestionadas por los hermanos de Bienvenido".
En concreto, a la sociedad Be Make Create, cuya titularidad corresponde a Manuel Martínez, y en favor de Job Management Liberty, titularidad de Juan Carlos Martínez (quien además habría sido directivo de Incuba, Soprea y Fagia en 2010 y 2011". Y a su vez, estas últimas sociedades habrían recibido también fondos de entidades como Laboratorios Farmacéuticos Rovi (128.880 euros en 2012), una empresa "subvencionada por la agencia Idea".
El informe policial hacía referencia asimismo al "aumento patrimonial" detectado en Juan Carlos
Martínez, que "adquiere propiedades inmobiliarias entre 2009 y 2012, por importe superior a 1.000.000euros", un patrimonio que la Policía dice que ha sido detectado al tiempo de
investigar la creación de la sociedad que gestiona.
El juez decidió entonces la práctica de una serie de diligencias, entre ellas que se librara oficio a la Agencia Tributaria para que facilite al juzgado las declaraciones presentadas y los datos fiscales entre los años 2009 y 2011 de las sociedades Experience Management Group, Fagia, Santana Motor, Fabricados para la Automoción del Sur (Fasur), laboratorios farmacéuticos Rovi, Be Make Create y Job Management Liberty.
El magistrado señala que en relación con las facturas justificativas de la ejecución de la encomienda de 2009, 2010 y 2011 se han detectado presuntas irregularidades en las facturas relativas a “Asesoramiento” mensual, y “sueldos, salarios, Seguridad Social y gastos variados”. No obstante, dice el juez, "no constan todas las facturas -tanto emitidas por FAGIA como por parte de EMG contabilizadas. Además, se observa una diferencia en el importe entre las facturas presentadas por FAGIA a la Agencia IDEA y las presentadas por EMG a FAGIA, debido a que las segundas se incrementan con el 6% correspondiente a los gastos de gestión; así, este 6 % se facturaría como un gasto aparte, a modo de tasa de prestación de servicios, de donde se deduce que la utilización de FAGIA tiene un coste para la Agencia IDEA del 6% del total de los gastos, es decir, un 6% de la totalidad del presupuesto; ello así pese a que los importes totales (incluidos gastos de gestión o de otro orden) habrían de entenderse incluidos -y no podrían superar- el precio fijado para la encomienda".
La UDEF también destaca que las facturas presentadas por EMG por gastos variados de los meses de enero, febrero y marzo "parecen encontrarse duplicadas, con distintas cantidades, respecto a las que constan en primer lugar. Igualmente, se pueden destacar algunas cantidades, como las correspondientes al mes de noviembre, presentadas por FAGIA a la Agencia IDEA, pero sin factura presentada a su vez por EMG por importes de 25.501 euros y de 33.343 euros, respectivamente (importes desproporcionados respecto al gasto fijo que se vendría facturando por importe de 16.671 euros)".
Nacido en La Carolina (Jaén) en 1971, Juan Carlos Martínez ha ocupado distintos cargo en la Junta de Andalucía y en Ministerio de Sanidad. Comenzó su carrera en el Ayuntamiento de La Carolina, como responsable de Juventud. En la Junta de Andalucía estuvo muy vinculado al consejero Francisco Vallejo -actualmente en prisión por el caso de los ERE-, del que fue jefe de gabinete en varias consejerías como Obras Públicas, Salud e Innovación. Juan Carlos Martínez también fue jefe de gabinete en la consejería de Empleo entre los años 2004 y 2007 con Antonio Fernández, que también cumple actualmente condena en prisión por el caso de los ERE, según refleja el atestado policial, aunque la defensa asegura que se trata de un nuevo error de los investigadores policiales.
Entre 2007 y 2008 fue jefe de gabinete del ministro de Sanidad, Bernat Soria, y posteriormente fue director del gabinete de Gaspar Zarrías cuando ocupó el cargo de secretario de Estado de Política Territorial. También fue en 2010 subdirector de la Sociedad para la Promoción y Reconversión Ecónomia de Andalucía(Soprea) de la Consejería de Economía, y trabajó a continuación en la sociedad Fomento, Asistencia y Gestión Integral de Andalucía (Fagia), que es la encargada de la gestión del Centro de Negocios de Emplesa de Andalucía en Madrid y la que encomienda a Experiencie Management Group -de la que es administrador único su hermano Bienvenido Martínez, que también fue presidente de Santana Motor-.
El 28 de julio de 2021, la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional remitió un informe al juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla, en la causa en la que se investigaban las ayudas concedidas por la agencia IDEA a la empresa Santana Motor.
La UDEF apuntaba la posibilidad de que se hubiera producido algún tipo de tráfico de influencias, pero el juez de refuerzo de Instrucción número 6 de Sevilla archivó esta causa en un auto dictado en julio de 2022 contra el marido de la ex directora general de la Guardia Civil y hermano del ex presidente de Santana Motor por las ayudas recibidas por la empresa, si bien decidió abrir varias piezas nuevas a raiz de este procedimiento.
En concreto una de las piezas, en la que se ha notificado la condición de investigado a Juan Carlos Martínez es la relacionada con la gestión del Centro de Negocios de Empresa de Andalucía en Madrid, en el que según el juez, el informe de la UDEF puso de manifiesto la "presunta ilicitud de la gestión de la Consejería de Innovación, Ciencia y Empresa en Madrid y, en particular, la irregular contratación y transmisión de fondos en favor de Experience Management Group, de la que era titular el ex director de inversiones de Idea Bienvenido Martínez Martínez.
En otro atestado, el grupo de Blanqueo de Capitales y Anticorrupción de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Jefatura Superior de Policía de Andalucía Occidental implicó a los ex consejeros de Economía y de Innovación de la Junta Antonio Ávila y Martín Soler en la presunta adjudicación "absolutamente fraudulenta" del Centro de Negocios de Empresa de Andalucía en Madrid, una entidad dependiente de la agencia Idea.
Los investigadores aseveran en el informe remitido al juez que el consejero de Economía, Innovación y Ciencia Antonio Ávila aseguró en una comisión de control en el Parlamento andaluz el 26 de abril de 2011 que el contrato para la gestión del Centro de Negocios de Empresa de Andalucía en Madrid se adjudicó a la entidad Experience Management Group porque fue la "mejor oferta económica sobre un precio de referencia de 175.000 euros" y dijo que al proceso concurrieron tres empresas tras elaborarse un pliego de condiciones básicas, dar invitaciones a empresas, recepción y valoración de las ofertas y adjudicación del contrato. Sin embargo, la Policía concluye que de la ausencia de documentación y de la manifestación realizada en el propio cuerpo del contrato "debe inferirse la total ausencia de procedimiento al respecto", por lo que el contrato fue "adjudicado de manera directa".
Estos constituye, prosigue la UDEF, una "muy grave vulneración de la normativa reguladora de los contratos del sector público, en un contrato de mayor cuantía, y tanto más si se considera que fue adjudicado de manera directa a una empresa cuyo socio y administrador único era el responsable del control de la gestión de Fagia hasta precisamente el día antes de realizarse la firma del contrato".
La Policía detectó incluso un "lucro injusto" de los hermanos Martínez y alude incluso al "aumento patrimonial detectado en Juan Carlos Martínez,queadquiere propiedades inmobiliarias entre 2009 y 2012 por importe superior a un millón de euros".
Para los investigadores, en la gestión del Centro de Negocios de Andalucía en Madrid se han detectado una serie de "irregularidades", como el "gasto irregular del presupuesto", que era de 450.000 euros previsto para un funcionamiento de dos años, o la adaptación de los gastos al presupuestos.
En este sentido, el informe policial señala que la contratación por un precio fijo "desvirtúa" el coste real del centro de negocios en Madrid, "pues supone un gasto fijo, independiente del funcionamiento real del centro, con lo que produciría un enriquecimiento injusto por parte del particular, a costa de la Hacienda Pública".
Así, explica que los ingresos por asistencia técnica fueron "inexistentes" y los ingresos por alquileres "irrisorios comparados con el coste de funcionamiento". Dice el informe policial que a gestión de Centro de Negocios fue "manifiestamente ineficiente e insostenible en el ámbito privado, con gatos que superaban más de seis veces los beneficios".
Los investigadores se plantean que el contrato de servicios por al gestión del Centro de Negocios de la Consejería de Economía a favor del que fuera director general de Inversiones Estratégicas de Idea sea una "dádiva injusta", puesto que se ha demostrado que el centro "simplemente arrendó las instalaciones y que ninguna actividad de asesoramiento que generara ingresos tuvo lugar". Y el coste completo de funcionamiento fue sufragado directamente por la agencia Idea a pesar de que "correspondía a la consultora beneficiaria".
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