La comisión de los cursos señala a Chaves y Griñán por designar a los responsables

Los ex presidentes de la Junta Manuel Chaves y José Antonio Griñán son los responsables políticos de las irregularidades en la gestión de las subvenciones de la Junta a la formación profesional para el empleo. Así lo establece la propuesta de dictamen del presidente de la comisión parlamentaria que investiga el asunto, el diputado de Ciudadanos Julio Díaz, quien entregó su texto en el registro de la Cámara este lunes aunque no quiso dar ningún detalle por considerarlo “un documento reservado”.

En la síntesis realizada por Díaz a partir de las propuestas entregadas previamente por los cinco grupos se responsabiliza a los mencionados ex presidentes de la Junta en la medida que nombraron a los responsables de las consejerías con competencias en materia de formación para el empleo entre los años 2002 y mayo de 2012.Fue entonces cuando la Administración puso en marcha la última convocatoria de cursos para analizar las posibles irregularidades y comenzó un parón que todavía sigue vigente.

El documento recuerda que el mandato de Chaves coincide con el periodo de “inicio, planificación, impulso, aplicación y desarrollo” de las políticas objeto de la investigación. Por lo tanto, su responsabilidad es “in eligendo” e “in vigilando”. Respecto a Griñán, la responsabilidad es “in eligendo” por sus nombramientos en las consejerías competentes hasta la paralización de los cursos de formación en mayo de 2012.

Pese a que son los únicos mencionados de forma expresa en el apartado de responsabilidades políticas del texto, Chaves y Griñán no son más que la cúspide de una pirámide más amplia. El dictamen culpa de las “incidencias y las irregularidades” detectadas a los titulares de las consejerías, pero también a los viceconsejeros que ostentaron entre 2002 y mayo 2012 las competencias de formación profesional para el empleo, así como a los secretarios generales, los directores generales y los delegados provinciales de los distintos departamentos. Los directores del Servicio Andaluz de Empleo y sus delegaciones provinciales también están en la lista de señalados por la propuesta de dictamen.

Este organigrama es, según el texto, el culpable a nivel político de “una gran falta de coordinación, comunicación y continuidad” en la gestión de las ayudas a la formación, lo que provocó los “desórdenes e incidencias” que se han puesto de manifiesto en las comparecencias de la comisión. Sin embargo, partir de esas mismas declaraciones, el texto de Díaz señala que se puede desprender que haya existido “premeditación ni connivencia” para favorecer la negligencia en la gestión de las ayudas a la formación.

La propuesta de dictamen sí afea “la falta de agilidad y celo” y la escasez “de medios personales”, lo que ha provocado una dilación en la fiscalización iniciada por el ex consejero Luciano Alonso cuando ostentaba, en el departamento de Educación, Cultura y Deporte, las competencias de formación para el empleo. El texto también señala a la brevedad de la duración de las responsabilidades y a la ausencia “de una visión generalizada ni global” en la gestión de estas políticas.

Las conclusiones elaboradas por el presidente de la comisión parlamentaria hacen especial hincapié en la falta de medios dedicada por la Junta desde que recibió las competencias de políticas activas de empleo, lo que favoreció las dificultades organizativas, el retraso en la fiscalización y la “falta de control exhaustivo”.

Pese a las continuas referencias a la “falta de rigor”, el documento recuerda que el Tribunal de Cuentas “en ningún momento” ha detectado “menoscabo para la hacienda pública”. Sí recuerda Díaz que el ex interventor general de la Junta Adolfo J. García Hernández emitió un informe de actuación del 18 de julio de 2015 que alerta de un posible “menoscabo de fondos públicos”.

Ahora los cinco grupos del Parlamento cuentan con 20 días para poder presentar enmiendas al texto. Julio Díaz, en su comparecencia para informar del registro del dictamen, insistió una y otra vez en su voluntad de buscar el acuerdo entre todos los partidos para poder aprobar un texto de consenso que llegue al Pleno en la sesión fijada la última semana de marzo.

Para conseguirlo, Díaz tendrá que convencer, como mínimo, a los populares. Teresa Ruiz-Sillero, miembro de la comisión por parte del PP, acusó este lunes al presidente de “tapar las vergüenzas” de Susana Díaz con su dictamen. La portavoz popular de Empleo insistió en señalar a la presidenta de la Junta como responsable por la paralización de los cursos de formación que ordenó cuando llegó a San Telmo.