El juez concluye que Del Nido y Muñoz saquearon las arcas de Marbella

El abogado sevillano José María del Nido se enfrenta a una petición de 13 años de cárcel solicitada por el fiscal por presuntos delitos de malversación de caudales públicos y falsedad documental, entre otros, en el llamado caso Minutas sobre las irregularidades detectadas en el Ayuntamiento de Marbella durante el mandado de Julián Muñoz. Para éste, el fiscal pide 16 años y seis meses de cárcel por los delitos de asociación ilícita, prevaricación administrativa continuada y fraude en concurso ideal con el delito de malversación de caudales públicos y societario, entre otros.

El juez titular del juzgado de instrucción número 1 de Marbella, Ricardo Puyol, que ha dado por concluida la instrucción del caso, ha remitido el sumario de dicha causa a la Audiencia Provincial de Málaga tras cerrar su instrucción. En el auto del juez instructor recoge que Del Nido formó junto con Muñoz "una organización criminal para saquear las arcas municipales".

El pasado julio el juez comunicó a los procesados la apertura de juicio oral, y la Fiscalía Anticorrupción acusó a los procesados de los delitos continuados de asociación ilícita, prevaricación administrativa, malversación de caudales públicos, fraude y falsedad. El fiscal pidió inicialmente para Muñoz una condena de 14 años de prisión y 48 de inhabilitación, y Del Nido se enfrentaba en un principio a doce años y medio de prisión e inhabilitación durante siete años para el desempeño de cargos de administración o representación de sociedades para contratar con las administraciones públicas y obtener concesiones o subvenciones. Además, solicitó cuatro años de inhabilitación especial para el ejercicio de la profesión de abogado y 17 años más de inhabilitación para empleo o cargo público.

En este caso la Fiscalía acusó a 18 personas, entre las que también se encuentran el ex asesor urbanístico del consistorio marbellí Juan Antonio Roca, cerca de una decena de ex concejales y el ex secretario municipal Leopoldo Barrantes, al que se le acusa de prevaricación de funcionario público, dos delitos de falsedad documental y malversación.

El origen de este proceso es una querella interpuesta por la Fiscalía Anticorrupción en julio de 2006 en la que consta que Del Nido facturó directamente entre 2000 y 2001 un total de 1,5 millones de euros procedentes del ayuntamiento y 1,6 millones de las sociedades municipales.

La Fiscalía estableció en aquel momento que había "abundantes y evidentes indicios" de que Muñoz y Del Nido llevaron a cabo una acción concertada para enriquecer al letrado a costa del erario municipal, con la cobertura formal de unos encargos que, en algunos casos, no se corresponden con el trabajo desempeñado y, "en ningún caso, justifican el enorme desembolso de fondos públicos efectuado".