La confesión judicial de Bernardo pende de un cable

Valverde del Camino/La polémica está servida. Cuando el pasado 21 de diciembre Bernardo Montoya compareció por primera vez ante la juez Elvira Mora, que instruye el caso contra él por el crimen de Laura Luelmo en El Campillo, alguien olvidó conectar al sistema el cable del audio en la sala de vistas del Palacio de Justicia de Valverde del Camino. En consecuencia, de aquella declaración en la que el investigado reconoció haber matado a la profesora zamorana no quedan más que las imágenes y el acta de la secretaria judicial, pero ni rastro del audio que acredita las palabras literales de Montoya.

La Fiscalía de Huelva resta importancia al asunto, pero la defensa no tiene tan claro que sea baladí. El fiscal jefe de Huelva, Alfredo Flores, confirmó ayer a Huelva Información que "hubo un problema con un cable desconectado y se grabó sin audio, pero no hay mayor problema porque está transcrita la declaración".

El inconveniente que presenta el acta de la secretaria judicial, que da fe de lo sucedido, es que es imposible realizar una transcripción literal de todo lo que Bernardo expuso aquella noche invernal en Valverde. Como ha podido comprobar este diario, está firmada el mismo 21 de diciembre, aunque otras fuentes cercanas al caso lo ponen en duda y apuntan a la posible elaboración de la misma más adelante, una vez descubierto el contratiempo.

En todo caso, el asunto es delicado. Tanto que incluso personal de la Consejería de Justicia se ha plantado en el Juzgado de Instrucción 1 de Valverde del Camino para pedir explicaciones por lo sucedido a los encargados de comprobar que el sistema de grabación audiovisual, llamado Arconte, recoge correctamente todo lo que sucede en las comparecencias relacionadas con un caso de semejante envergadura.

Flores indica a este rotativo que "parece que se comprobó que el sistema estaba grabando". Así figuraba en la pantalla. Pero el audio no estaba siendo captado. Observa que, pese a todo, "nunca puedes fundamentar una condena solo en base a un confesión, sino que tiene que haber más elementos que la corroboren", caso de los restos genéticos del investigado en Laura, por ejemplo.

Lo cierto es que no solo no quedó para la posteridad la primera versión judicial de Bernardo. Tampoco las de los testigos, motivo por el que están volviendo a comparecer ante la juez Mora. En el caso de las hermanas y el padre de Montoya se ha perdido información: el 7 de febrero Manuela Montoya y el padre de Bernardo sí testificaron, mientras que en la repetición de la jugada del pasado lunes se acogieron a su derecho a no hacerlo.

El abogado del investigado, Miguel Rivera, admitió que "me quedé helado cuando me enteré de que no se había grabado el audio porque, al efecto, es como si no se hubiera grabado nada". No quiere aventurarse a tomar una decisión antes de hacer "las pertinentes comprobaciones", como consultar la declaración de su cliente en el juzgado, de donde la juez no permite que salga "ni un papel". Pero si tiene el viento a favor podría pedir la libertad provisional para su defendido. "La falta de esta declaración me lo puede exculpar totalmente", augura.

De momento mantiene el perfil bajo. "Tengo que hacerlo de forma comedida y saber qué pasos se van a dar". Pero si la cosa se pone fea no descarta la ofensiva, porque en la última declaración judicial de Bernardo, la del pasado día 4, este no reconoce más que haber ayudado a su expareja, Josefa, a deshacerse del cuerpo.

Hay que recordar que lo primero que hizo Montoya el 21 de diciembre en Valverde fue "pedir perdón a la familia", mostrar su arrepentimiento y autoproclamarse "culpable de la muerte de Laura Luelmo". Reconoció que la abordó en la calle Córdoba, la metió en su casa, la ató y la golpeó hasta dejarla inconsciente. Luego la trasladó en su coche hasta el paraje de La Mimbrera y abusó de ella. La dejó allí tirada entre las jaras y regresó de madrugada. "Estaba aún viva", afirmó ante la juez. "Me di cuenta de que estaba sufriendo y cogí una piedra y se la tiré a la cabeza". La autopsia constata que la joven falleció después de que le golpearan la cabeza con un roca.

Tampoco hay que perder de vista el conflicto que se ha producido en Sevilla entre la Audiencia Provincial y los letrados de la Administración de Justicia: el órgano colegiado obliga a los jueces a que se transcriban las declaraciones de imputados y testigos, en contra de las grabaciones audiovisuales.

Los secretarios no se oponen a que se hagan transcripciones, pero estiman que las mismas en ningún momento pueden ser consideradas como el acta, como también afirma el Consejo del Poder Judicial. "En aras de avanzar en el uso de los medios tecnológicos, se entiende que la grabación de las declaraciones en fase sumarial protegen, más aún si cabe que las escritas, los derechos fundamentales de los justiciables".