La Consejería de Fomento precinta 88 viviendas ilegales en suelo rústico desde enero

Mes de julio de 2021. Un grupo de inspectores de la Junta de Andalucía, acompañados por la Guardia Civil y la Policía Autonómica desalojó a los turistas que veraneaban en 66 viviendas construidas irregularmente en suelo rústico en la playa del Palmar en Cádiz. La sorpresa de los inquilinos, que habían pagado mil euros por ocupar esas viviendas durante una semana, fue mayúscula. Pero las construcciones tenían una orden de precinto que los promotores se saltaron sin miramientos y por lo que tuvieron que abonar multas de 24.500 euros cada diez días.

La actuación no fue insólita pero saltó a todos los medios por el impacto en la actividad turística y sirvió para alertar de las posibles estafas en los alquileres vacaciones. La Consejería de Fomento de la Junta mantiene una constante vigilancia en la construcción de viviendas ilegales que proliferan por toda Andalucía, aunque con mayor incidencia en las zonas de costa. Desde el pasado mes de enero, los inspectores de la Junta han precintado 88 viviendas ilegales construidas en suelo rústico, 56 de ellas en Barbate, otras 21 en Jerez y otras 11 en la localidad granadina de Las Gabias. Y tiene preparadas legalmente otras 156 paralizaciones de parcelas ilegales que se precintarán en los próximos días y que no se han podido ejecutar debido a las inclemencias meterorológicas. Hay que tener en cuenta que se trata de viviendas en zonas no urbanizadas, de difícil acceso cuando llueve con la intensidad que lo ha hecho durante los tres primeros meses del año.

Delito penal

La Junta ha aumentado el cuerpo de inspectores que están repartidos por todas las provincias con el objetivo de mantener una vigilancia continua en lo que denominan el programa de “reprecinto”. Los inspectores, la Policía Autonómica y la Guardia Civil organizan operativos de inspección para verificar que los precintos siguen intactos y las inspecciones porque los promotores parecen inasequibles al desaliento. Pero la Ley del Suelo vigente, la Ley Lista, prevé importantes multas por desobediencias de las órdenes de paralización y quebrantamientos de los precintos, que puede alcanzar el 10% del valor de las obras, con un mínimo de 600 euros, por períodos de diez días. Estos incumplimientos pueden suponer, además, un delito de desobediencia por lo que a la multa se suma la denuncia ante la jurisdicción penal.

Visitas sorpresa

Durante esta primavera, la Consejería de Fomento y Ordenación del Territorio que dirige Rocío Díaz, ha previsto visitas al territorio en todas las provincias. A diferencia de los operativos de precinto, en los que los inspectores suelen citar a los interesados a pie de parcela para precintar en su presencia las edificaciones ilegales, estas visitas no se anuncian para jugar con el factor sorpresa e identificar a todas las personas que participan en el proceso de construcción ilegal.

La última actuación de precinto ha tenido lugar esta misma semana en el paraje conocido como Ribera de La Oliva en Barbate (Cádiz) donde se han precintado hasta 53 parcelas en una zona próxima a las Marismas de Barbate donde ya se habían realizado otras operaciones desde 2021 por construcciones similares.

Las parcelaciones urbanísticas están en una zona de influencia del litoral y en contacto con la Zona de Servidumbre de Protección del Dominio Público Marítimo Terrestre, al encontrarse junto con el Parque Natural La Breña y Marismas de Barbate.

Desde las últimas actuaciones de precinto realizadas en julio de 2024 , los inspectores han detectado 53 nuevas parcelas ilegales en las que se sus propietarios estaban realizando actos de vallado y la construcción de viviendas ilegales, la mayoría de ellas prefabricadas.

La inspección autonómica persigue frenar el proceso de ocupación ilegal de un territorio sobre el que pesan decenas de órdenes de demolición. Con ello, la Consejería de Fomento está evitando el daño medioambiental que provoca la cantidad de residuos humanos vertidos de forma descontrolada por las edificaciones ilegales. También se evita un riesgo para los propios propietarios, ya que algunas viviendas están en zonas inundables.