El ex consejero de Empleo defiende que ni él ni Rivas instaron a la mordida

El ex consejero de Empleo Antonio Fernández ha pedido este martes amparo al juez Ángel Márquez, después de que el letrado del PP, Luis García Navarro, le preguntara si no fue precisamente él quien ordenó al delegado de Empleo Antonio Rivas que trasladara a los directivos de Mercasevilla la idea de pedir una comisión de 300.000 euros como contraprestación por la concesión "arbitraria" de una subvención de 900.000 euros para la escuela de hostelería.

La pregunta fue la última que realizaba el abogado del PP en su interrogatorio, y el ex consejero respondió con indignación. "Señoría pido amparo, porque me parece infundado y contra mi honor, es una imputación en toda regla", ha aseverado Fernández al escuchar la pregunta de la acusación popular. El juez Ángel Márquez ha rechazado la pregunta al estimar que se trata de la atribución de una imputación al testigo.

De otro lado, el ex consejero de Empleo Antonio Fernández ha confirmado que el ex delegado de Empleo Antonio Rivas participó activamente en la idea de denunciar ante la Fiscalía la supuesta petición de una comisión de 300.000 euros en relación con la subvención concedida a la Fundación Socioasistencial Mercasevilla para la creación de una escuela de hostelería.

Antonio Fernández, que estuvo en prisión provisional por el escándalo de los ERE fraudulentos, ha rendido este martes testimonio en el juicio por el cohecho en Mercasevilla, donde ha recordado que fue su departamento el que denunció este caso ante la Fiscalía. "Fuimos nosotros los primeros denunciantes de este hecho", ha aseverado Antonio Fernández, que ha explicado que fue el director general de la Consejería de Presidencia, Juan Gallo, quien le informó de la exigencia de la comisión y de la existencia de una grabación.

El ex consejero ha relatado que Gallo le telefoneó el 12 de febrero informándole del caso y esa misma tarde convocó una reunión en su despacho del Parlamento con responsables de su Consejería, entre ellos el viceconsejero, Agustín Barberá, el gerente del SAE Antonio Toro y el delegado de Empleo en la provincia de Sevilla, Antonio Rivas. Fernández le preguntó a todos ellos y “ninguno sabía nada” de la petición de una comisión. "Todos nos sorprendimos y nos enfadamos, y tomamos como decisión entre los cuatro que se pusiera inmediatamente en manos de la Fiscalía", una vez que Agustín Barberá escuchara el contenido de la grabación, ha precisado el ex consejero.

En la sesión de este martes se ha producido un pequeño incidente en la sala cuando el abogado del PP, Luis García Navarro, ha preguntado al ex consejero si está imputado en alguna causa. Antes de que respondiera, el abogado de Rivas, Francisco Baena Bocanegra, ha intervenido para manifestarle al presidente del jurado, el magistrado Ángel Márquez, que al hacer esa pregunta era una forma "de presionar" al testigo, momento en que el juez le ha dicho al abogado que no le hablara en ese tono.

Al final, Antonio Fernández ha reconocido que está imputado en el juzgado de Instrucción número 6 en el llamado "caso de los ERE" junto “a 69 ciudadanos andaluces” y ha dicho que en cualquier caso "goza" de la presunción de inocencia. Fernández ha negado que fuese cesado por su imputación en esta causa, sino que lo fue durante una “renovación del gobierno en 2010”, período en el que no se dirigía ninguna actuación contra él.