Uno de cada cuatro dependientes con derecho a prestación aún no la recibe

Andalucía continúa avanzando en la aplicación de la ley de la Dependencia aunque el atasco en el reconocimiento de las ayudas es todavía evidente. De los 287.170 dependientes andaluces con derecho a prestación, casi 76.000 seguían a la espera de recibirla a fecha del pasado 30 de noviembre, según datos del Sistema para la Autonomía y la Atención a la Dependencia (SAAD) del Ministerio de Sanidad.

Esta cifra supone que todavía no percibe las ayudas uno de cada cuatro dependientes reconocidos en Andalucía –concretamente, el 26,4%, siete puntos por encima de la media nacional– . Sólo Cataluña, Canarias y la Rioja arrojan un resultado más negativo que el andaluz, en el caso de las dos primeras por encima del 30%.

Sin embargo, la mejora es evidente respecto a 2016, ejercicio en el que el número de beneficiarios reconocidos a la espera de prestación rebasó la cota de los 100.000, más de 50% del total, coincidiendo con el final del ciclo de restricciones presupuestarias ocasionado por la gran recesión. Esta cifra casi duplicaba a la registrada en en 2014.

En 2017 comenzó a declinar, con un descenso del 11% al cierre del ejercicio, y en 2018 se ha acentuado la tendencia a la baja. A falta de los datos del mes de diciembre, se ha reducido en un 17% el llamado “limbo de la dependencia”, expresión que usa el Observatorio de la Dependencia que elabora la Asociación Estatal de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales para definir a los dependientes con derecho a prestación que aún no la reciben.

La mayoría de afectados en Grado I

La mayoría de los casos pendientes –49.999– corresponden a beneficiarios de Grado I, que presentan un grado moderado de dependencia. El atasco afecta en Andalucía a casi al 60% de estos dependientes, casi el doble de la media nacional, y es el peor dato de toda España.

Esta situación, que contrasta con el 1,5% a la espera en Grado I en Castilla y León, se arrastra desde hace años, aunque ha mejorado respecto al 67% en espera que se registraba al cierre de 2018. Precisamente, el Defensor del Pueblo Andaluz abrió en 2016 una actuación de oficio a raíz de las quejas recibidas por afectados del retraso de las ayudas por una dependencia moderada.

El tapón se alivia en el caso de los Grados II y III, que tienen reconocida una dependencia severa o gran dependencia. Sólo el 12% de los beneficiarios encuadrados en estos dos grados –15.935 sobre un total de 177.731– no reciben aún su prestación, un punto por encima de la media española. Canarias, Cataluña, La Rioja y Cantabria presentan peores resultados que Andalucía.

Más dinero en los PGE 2019

El proyecto de Presupuestos Generales del Estado de 2019 (PGE) reserva 2.232 millones de euros al Programa de Autonomía Personal y Atención a la Dependencia, lo que supone un incremento del 59,3% respecto a 2018. Esta partida recoge un incremento del 31,7% del Nivel Mínimo –la aportación del Gobierno central a las comunidades autónomas para atender a los dependientes–, que se eleva a 1.723 millones de euros, 415 millones más que en 2018.

Además, se recuperará la financiación de las cuotas sociales de los cuidadores no profesionales de las personas en situación de dependencia, con 315 millones de euros. Esta medida beneficiará a unos 50.000 andaluces, casi todas mujeres.

Sin embargo, el incremento de la aportación estatal apenas responde a la demanda histórica de la Junta de compartir al 50% la financiación pública de la dependencia. A falta de presupuestos autonómicos de 2019, la última cifra disponible es la de 2018, en la que el Gobierno andaluz asumió más del 80% del gasto, con un desembolso de 1.220 millones de euros, lo que equivale al 70% de los 1.723 millones reservados para toda España en 2019.

A ello se suma una demanda que no para de crecer. Andalucía marcó un hito en 2018 ya que se superó por primera vez la cota de los 200.000 dependientes beneficiarios de prestación. Al cierre del 30 de noviembre, un total de 211.236 dependientes andaluces recibían una de las ayudas del sistema, un 7% más que al cierre de 2017. Las proyecciones demográficas apuntan a un paulatino envejecimiento de la población, un escenario que sin duda agravará las deficiencias de la dependencia si no se amplía su financiación.