Una deuda con intereses de 26 años

Se ha aplazado el cobro de la deuda histórica. No me parece un drama; seis meses no es nada, después de una espera de 26 años. Pero ese aplazamiento no debe condicionar dos cosas: que se pueda cobrar antes de marzo de 2010 y que no se apruebe el nuevo sistema de financiación autonómica sin que haya un acuerdo sobre la deuda histórica andaluza.

La Constitución de 1978 ha cumplido treinta años, pero las autonomías siguen siendo un misterio. Según una encuesta publicada esta semana, los catalanes creen que Cataluña está muy perjudicada por el actual sistema de financiación autonómica; lo piensa un 72% frente a un 10 que opina la contrario. Sin embargo, para el 56% Andalucía resulta bastante beneficiada. En el conjunto del país la percepción es bien distinta: por cada dos españoles que sostienen que a Cataluña le viene bien el actual sistema, sólo uno dice que no. Y sobre sus ventajas para Andalucía y Extremadura hay empate; el 34 por ciento afirma que están beneficiadas y un 31 que les perjudica.

Nos sobran opiniones y nos faltan datos. El Estado dispone de pocos instrumentos armonizados para comparar cada una de las partes de la realidad nacional que es España. El Estado debería de tener mejores elementos de coordinación de la información regional. La deuda histórica andaluza es un ejemplo de la asimetría nacional. Es un derecho reconocido por los estatutos de autonomía andaluces, ratificado por el Tribunal Constitucional. Que debe cumplirse, aunque no haya cláusulas similares en otros estatutos, lo que supone una ventaja para la región de la que no disponen otras.

La parte más ardua es cómo se establece el método de cálculo. Tras catorce años de gobiernos socialistas simultáneos en Andalucía y España, sólo en 1996 cuando Felipe González tenía ya un pie en la calle, la Junta y el Gobierno pactaron un procedimiento de estimación, que doce años después sigue en entredicho. Fue José María Aznar quien adelantó la primera suma de 120 millones de euros. Pero el Gobierno central del PP y el regional del PSOE no llegaron a un acuerdo. La Junta se mostró mucho más diligente contra un Gobierno popular y en 1998 puso una demanda ante el Tribunal Constitucional. El TC conminó al Estado a una negociación “leal y ágil”, pero el propio tribunal tardó nueve años en emitir su sentencia. El Gobierno de Zapatero ha adelantado otros 300 millones, pero sigue sin cerrar un acuerdo. Los cálculos posibles son tantos que al Gobierno se salen 900 millones a pagar y a la Junta 250 más; el PP llega a 3.000 e IU pone el listón en 7.000.

El debate del pasado miércoles en el pleno del Parlamento andaluz nos ha permitido oír cómo socialistas y populares se afean mutuamente su conducta durante los 26 años de autonomía. Ambos partidos deberían pensar que los calificativos de desvergüenza o cinismo son merecidos por ambas partes. El PSOE ha tenido 18 años para cumplir los estatutos y el PP ocho. Son también responsables del embrollo en el que está Andalucía, pendiente que cobrar este cheque en medio de la más importante crisis económica mundial desde el crack del 29. Los socialistas tienen una mayor responsabilidad y los dos partidos de la oposición deberían reclamar cantidades que estuviesen dispuestas a defender con el mismo ardor sus organizaciones territoriales en Cataluña o Castilla León.

La pregunta del millón es ¿qué es la deuda histórica y cómo se calcula? Se trata de compensar a la comunidad autónoma por los servicios que no tenían un nivel mínimo en el momento de la transferencia. Vivienda y sanidad son capítulos indiscutibles. La Junta quiere añadir la educación en las cuentas, y PP e IU llegan a reivindicar que entren asuntos sociales e infraestructuras. Para que se entienda la complejidad del asunto, en vivienda se trataría de establecer cuántas familias tenían una renta en el momento de las transferencias de 1982 por debajo del salario mínimo interprofesional y no tenían una vivienda social. La discusión se entabla después sobre el precio de la vivienda: ¿se cuenta el valor del suelo? o sólo la construcción. Así llevamos 26 años discutiendo. El Gobierno central tiene que dejar de marear la perdiz y pagar esta deuda con intereses de 26 años.