El ex director de Presupuestos niega que participara en una reunión donde se avaló el sistema de ayudas

sevilla/El ex director general de Presupuestos de la Junta Antonio Vicente Lozanoha negado este martes, en el juicio que se sigue por el denominado “procedimiento específico” por el que se concedían las ayudas de los ERE, que participara en una reunión en el año 2005 en la que se avaló el sistema de subvenciones bajo sospecha.

Antonio Vicente Lozano, cuya declaración se inició en la tarde de ayer y continúa esta mañana, ha rechazado a preguntas del fiscal delegado de Anticorrupción que interviniera en aquella reunión que fue revelada en el año 2015 por el ex director general de Trabajo Javier Guerrero, en una declaración voluntaria ante la juez Bolaños, única declaración que este ex alto cargo ha ratificado, con la salvedad de corregir que Lozano no estuvo presente en dicho encuentro.

Guerrero señaló que en 2005 hubo una reunión en la sede de la Consejería de Economía y Hacienda a la que asistieron la entonces viceconsejera Carmen Martínez Aguayo, el viceconsejero de Empleo Agustín Barberá, y el interventor general de la Junta, Manuel Gómez, con motivo del informe adicional de la Intervención relacionado con IDEA correspondiente al ejercicio 2003.

En esa reunión, según Guerrero, se trató el contenido del informe y se concluyó que "no había razones de legalidad" que hicieran necesario cambiar el procedimiento por el que se estaban concediendo las ayudas, por lo que la Consejería de Empleo decidió continuar haciendo las cosas como hasta ese momento y respondió a ese informe adicional defendiendo el sistema implantado.

Lozano ha dicho ahora al tribunal que no estuvo en aquella reunión, aunque sí ha explicado que conoció que se había producido un “desfase” presupuestario en el IFA/IDEA por el uso de las transferencias de financiación, lo que provocó en el año 2004 que se hiciera en este organismo público “una retención de crédito” que, sin embargo, un tiempo después “se levantó”.

En la continuación de la declaración, Lozano ha subrayado que la dirección general de Presupuestos que dirigía no hace informes de legalidad, aunque sí ha reconocido que se hizo un “recordatorio” a las empresas públicas respecto a que tenían que cumplir con lo que dice la norma y, por tanto, “reflejar la totalidad de los ingresos”, algo que debían hacer donde el ente público decidiera.

Sobre las modificaciones presupuestarias, Lozano ha explicado que durante el tiempo que estuvo en el cargo superaban las 10.000, con una media anual de unas 1.250, y ha señalado que las modificaciones presupuestarias referidas a la partida 31L (Administración de las Relaciones Laborales) no serían más de 10 o 12 sobre el total, lo que representa que un "porcentaje mínimo" que no llega al 1% del total, ha precisado.

La Fiscalía reprocha a los acusados su pasividad para poner freno a la utilización de las transferencias de financiación, algo que tuvo lugar a pesar de que los ex altos cargos acusados tenían “conocimiento de las irregularidades” que se recogían en los informes de la Intervención y de cuentas anuales de los auditores externos del IFA-IDEA, pese a lo cual siguieron “procediendo a la aprobación de los anteproyectos de presupuestos de los ejercicios siguientes y de sus modificaciones presupuestarias, en su caso”, según expone el Ministerio Público en su escrito de conclusiones provisionales.

A preguntas de su abogado defensor, José María Mohedano, el ex director general de Presupuestos ha dicho que “nunca” se le han notificado las memorias de Control Financiero Permanente (CFP) porque su departamento “no tenía competencias en el ámbito del control”.

Su defensa también le preguntó si podía impedir que se incluyera una partida de transferencias de financiación en el anteproyecto de los Presupuestos, a lo que Lozano ha respondido negativamente, dado que, según ha precisado, eso sería competencia de los “órganos gestores” y es “imposible” además que el director general de presupuestos pudiera impedir “nada en el Parlamento”.

La anécdota

La anécdota de la sesión se ha producido cuando el presidente del tribunal, el magistrado Juan Antonio Calle, ha tenido que interrumpir la declaración de Lozano para llamar la atención a los acusados por hacer gestos en relación con el testimonio del acusado.

El magistrado ha recordado a los ex altos cargos que se sientan en el banquillo que los “gestos de aprobación o desaprobación respecto a la persona que está declarando” están prohibidos por la Ley de Enjuiciamiento Criminal, y cuando Lozano ha pedido perdón, el magistrado le ha explicado que se estaba refiriendo a los acusados que están oyendo su declaración.

Otra anécdota se produjo cuando el abogado de Antonio Vicente Lozano, José María Mohedano, iba a hacer una pregunta a su cliente y le cambió el apellido por el de un compañero de la defensa. "¿Señor Alférez....?", preguntó Mohedano, lo que provocó una sonora risa entre todos los asistencias a esta sesión del juicio.