La juez imputa a la directora general de Minas y a seis funcionarios por prevaricación en el concurso

La titular del Juzgado de Instrucción número 3 de Sevilla, Patricia Fernández Franco, ha dictado este viernes un auto en el que acuerda citar a declarar a siete personas en calidad de imputados por un presunto delito de prevaricación en relación con la adjudicación del concurso público para la reapertura de la mina de Aznalcóllar a Grupo México-Minorbis en detrimento de la denunciante, Emerita. Entre los imputados se encuentran la directora general de Industria, Energía y Minas de la Junta, María José Asensio Coto; una letrada de la Junta de Andalucía y el interventor de la Consejería de Hacienda y Administración Pública, así como a tres miembros de las distintas comisiones técnicas y de la mesa de contratación, y a una funcionaria del cuerpo superior de Ingenieros de Mina.

La juez considera que todas las declaraciones resultan “imprescindibles” para aclarar todos los datos que se han ido incorporando a la causa en las últimas semanas. Los imputados han sido citados a declarar los días 17 y 25 de septiembre.

La instructora recuerda en el auto que varios de los técnicos imputados aseguraron que la trabajadora de Invercaria Pilar Trujillano estudió las cuestiones de solvencia económica de las empresas que concurrieron al concurso y comprobó las cuentas anuales del grupo México-Minorbis, una afirmación que también fue realizada por la letrada de la Junta y el interventor delegado en la Consejería de Economía en sendos informes en los que se asegura que la documentación financiera facilitada por grupo México “acredita suficientemente la solvencia de la empresa extranjera”.

Señala la magistrada que esas afirmaciones realizadas ante la Policía y en los informes de la letrada y del interventor “contrastan de plano” con la declaración que Pilar Trujillano efectuó como testigo, en la Policía y en el propio juzgado el pasado 14 de julio, en la que “niega haber realizado estudio específico alguno en materia de solvencia económica o cuentas anuales referido a grupo México, ni haber informado a la mesa de que grupo México cumpliera sobradamente los requisitos de solvencia económica”. Al contrario, la testigo afirmó que fue convocada de forma “apresurada” el mismo 28 de abril de 2014, cuando tuvo lugar la reunión, y negó que en la misma utilizara un ordenador con conexión a internet. También dijo que sólo le preguntaron de forma genérica sobre unas cuentas anuales y añadió que era “imposible” realizar un estudio de este calado en una reunión que no llegó a tres horas de duración.

Debido a estas contradicciones la juez considera necesario tomar declaración como imputados a la directora general de Industria, Energía y Minas, María José Asensio, “como responsable del procedimiento seguido a efecto de resolver sobre la adjudicación de la explotación de los terrenos mineros de Aznalcóllar y firmante del decreto por el que se resuelve el concurso”, así como a tres de los seis integrantes de la mesa del concurso: la letrada de la Junta Pastora Sánchez de la Cuesta, el interventor José Marcos Acosta, y el miembro de la mesa Julio Ramos Zavala.

El resto de declaraciones de imputados, explica la instructora, se producen con el fin de aclarar otros aspectos técnicos relacionaos con los “riesgos” y la imposibilidad de llevar a cabo la solución técnica de acceso por el talud sur y también sobre el aspecto relativo a la “solución del agua”, ya que, prosigue la juez, “no es viable hacer circular todo el agua, porque el sulfuro al contacto con el agua la vuelve ácida sin que la solución de la adjudicataria solucione este interrogante”. La magistrada cree que este extremo debe ponerse en relación con las “sospechas de contaminación que recoge el informe policía” y las “dudas expuestas” por el profesor de investigación del CSIC Juan José Negro Balmaseda, que analizan las cuestiones técnicas contenidas en el programa de gestión del ciclo del agua propuesto por Minorbis.

El auto señala que el proyecto de Minorbis “no contempla una depuradora nueva o planta de procesamiento, sino mantener la planta existente de físico-químico (parece que en estado de semiabandono)” y todo ello sin perjuicio del informe que remita la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (CHG) sobre la existencia de una planta de osmosis inversa con ultra filtración.

También han sido llamados a declarar otros miembros de la comisión técnica porque la juez entiende que “no son para nada satisfactorias las explicaciones proporcionadas en sede policial sobre el cálculo hecho en materia de inversión”, al dividir dicha inversión en el caso de Emeritas por 72 cuadrículas y por 53 en Minorbis, “arrojando de esta forma necesariamente un resultado mayor aunque la inversión inicial fuera menor”, aunque la juez admite que el presupuesto total dedicada a la investigación de la zona minera de Aznalcóllar asciende a 7,1 millones en el caso de Minorbis y 11,4 millones por parte de Emerita.

El auto señala que el interventor señaló ante la Policía que en cuestiones económicas se apreció que había “errores palmarias y evidentes”, por lo que se subió la nota a Emerita, mientras que otro miembro de la mesa de contratación admitió que le “chocó que Emerita tuviera cero puntos en tres apartados, todos ellos en la parte económica”, en los relativos al punto de equilibrio, el periodo de recuperación y el apartado de mejoras.

De otro lado, la juez también ha citado a declarar como testigo el 14 de septiembre al experto ornitólogo Juan José Negro Balmaseda, que realizó un informe en el que aseguraba que había errores de “bulto” en el proyecto de la empresa ganadora, un informe que ha sido rechazado por la consultora Ayesa, que realizó parte del proyecto hidrológico y que ha defendido que sus cálculos son correctos. La citación de este investigador del Centro Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) se produce con la finalidad de “contrastar determinados aspectos del denominado programa de gestión del ciclo del agua propuesto por la adjudicataria Minorbis” en los términos que figuran en uno de los anexos.

Los siete imputados

1. María José Asensio Coto, directora general de Industria, Energía y Minas.

2. Pastora Sánchez de la Cuesta, letrada de la Junta en la Consejería de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo.

3. José Marcos Acosta Plaza, interventor de la Consejería de Hacienda en la Consejería de Economía.

4. Julio Ramos Zavala, miembro de la mesa de contratación en representación de la Consejería de Hacienda y Administración Pública.

5. Alberto Fernández Bueno, miembro de la comisión técnica en calidad de jefe de área de Minas de la dirección general de Industria, Energía y Minas.

6. Juan José García Bartolomé, miembro de la comisión técnica y gerente de inversiones en la sociedad Invercaria.

7. Pilar Orche Amaré, funcionaria del cuerpo superior facultativo de Ingenieros de Minas de la Junta y asesora técnica de ordenación minera.