Pilares nuevos para una educación con retos a largo plazo

"El PSOE ha logrado que la educación llegue a todos los andaluces, pero ha renunciado a la excelencia para conseguirlo". La frase la pronunció el actual consejero de Educación y Deporte, Javier Imbroda, durante un encuentro informal días después de hacerse con el cargo. Un enunciado con el que desvelaba sus objetivos en este mandato, en el cual las políticas educativas de la Junta han recaído en Cs. La excelencia en la enseñanza, y lo que este término conlleva -reducción drástica de las tasas de fracaso y abandono escolar-, no es un fin que pueda alcanzarse en cuatro ni en ocho años. Hacen falta varias legislaturas para que la comunidad autónoma abandone los últimos puestos que lleva ocupando desde hace décadas en los distintos rankings que miden las competencias que han adquirido los alumnos en las aulas. Una meta a largo plazo para la que Imbroda ha intentado en este bienio asentar las bases.

Y decimos que lo ha intentado por dos razones fundamentales. Primero porque no lo ha tenido fácil por la falta de acuerdo con los agentes de la comunidad educativa. Y segundo, porque muchas de las iniciativas puestas en marcha no se han desarrollado todo lo bien que en un primer momento se preveía. A ello hay que sumar el enfrentamiento político con un Gobierno central que las últimas semanas ha iniciado la aprobación de la Lomloe (la denominada ley Celaá), que supone un choque frontal con algunos de los principios defendidos por la Consejería de Educación estos dos años.

El primer enfrentamiento con la comunidad educativa llegó en vísperas del verano de 2019. Imbroda, en su intento de frenar las altas tasas de abandono escolar, ideó un programa de refuerzo estival que, en su primera convocatoria, tuvo una escasa acogida. En el periodo de solicitud sólo se registraron un 1% de las 100.000 peticiones previstas, lo que obligó a ampliar el plazo. Sindicatos y asociaciones de padres de alumnos (AMPA) aprovecharon estos malos datos para arremeter contra la nueva política educativa y advertirle al consejero que sin sus apoyos resultaría muy complicado lograr cualquier meta. La tensión estaba servida.

Andalucía, "en emergencia educativa"

Semanas después, en un foro organizado por el Grupo Joly, el que fuera en su día uno de los más importantes entrenadores de baloncesto alertó de que Andalucía se encontraba en "emergencia educativa". Una afirmación que le valió para defender el referido programa -que en su segunda edición, coincidente con la pandemia, disparó su acogida-, al recordar que 240.000 menores sufrían por aquel entonces riesgo de abandono escolar.

Imbroda aprovechó aquella ponencia para adelantar algunas de las propuestas del presente mandato. Una de ellas -ya consumada- fue la desaparición de la antigua Agencia de Evaluación que, en su opinión, se había convertido en una "comisaría política". Este ente absorbió al ISE y se encarga también ahora de planificar las mejoras de las instalaciones educativas. No en vano, al llegar a Torretriana el consejero se encontró con una lista de 2.746 obras escolares pendientes. Algunas de ellas llevaban esperando 13 años. El coste total de las actuaciones superaba los 800 millones de euros. Para atender estas necesidades (comprobadas durante la ruta que realizó a las ocho provincias andaluzas al ocupar el cargo), ideó un nuevo plan de infraestructuras que se ha concretado en un convenio marco que agiliza la adjudicación de los contratos y reduce, por tanto, el inicio de los trabajos.

Uno de los principios de la política educativa andaluza en esos dos años ha sido la defensa de la libertad de elección de los padres en la formación de sus hijos y de la pluralidad de los modelos de enseñanza. Tanto PP como Cs han estado de acuerdo en superar el debate que enfrenta a los colegios públicos con los concertados. Son dos redes, a juicio del Ejecutivo autonómico, complementarias, de ahí que uno de los cambios introducidos en el nuevo decreto de escolarización que entró en vigor en marzo fuera que cada distrito educativo contara con ambos tipos de escuela, siempre que fuera posible. Una alteración que supuso la primera huelga contra el nuevo Gobierno andaluz.

El pasado 3 de marzo la mayoría de sindicatos docentes y la Concapa, la federación andaluza de AMPA públicas, se echaban a la calle en una jornada de paro que tuvo un seguimiento dispar, según aportaran los datos los convocantes o la Junta. Era la muestra de la gran fractura en la comunidad educativa que había comenzado un año antes.

La octava reforma educativa

Una división que casi nueve meses después vuelve a evidenciase por otra normativa, en este caso estatal, la conocida como ley Celaá, que ha provocado varias manifestaciones, al priorizar la enseñanza pública por encima de la concertada y eliminar la financiación a la educación diferenciada, entre otras alteraciones. Unos preceptos que chocan frontalmente con los defendidos por el Ejecutivo de Juanma Moreno durante este tiempo. El Gobierno andaluz ya ha anunciado que, a la hora de redactar la orden que desarrolle a nivel regional la Lomloe, intentará atenuar sus efectos "nocivos" para garantizar la libertad de elección de las familias.

La educación se convertirá otra vez en un arma arrojadiza entre gobiernos de distinto signo político, como ya ocurriera con la ley anterior, la Lomce, cuando Rajoy ocupaba la Moncloa y Susana Díaz hacía lo propio en San Telmo. Por aquel entonces, también la Junta, dentro de sus competencias, desarrolló una norma con la que hizo una aplicación bastante light de la polémica ley Wert que, finalmente, no se ha llegado a ejecutar por completo. Todo apunta a que con la actual pasará lo mismo, ya que el PP ha prometido que en caso de hacerse con el Gobierno de España, la derogará. Un enfrentamiento que aleja cualquier posibilidad de consenso en la educación, uno de los pilares fundamentales de cualquier sociedad. Y lo que es peor, estas batallas políticas dejan muy atrás los retos que debe perseguir la enseñanza actual: reducir el fracaso y aumentar la excelencia.

Precisamente la excelencia fue una de las primeras apuestas de Imbroda, motivo por el cual decidió al poco de aterrizar en la consejería acabar con el estancamiento que sufría el Bachillerato Internacional en Andalucía. Desde que se implantó en 1989 en el IES Martínez Montañés, en Sevilla capital, este programa académico se había quedado limitado a 60 plazas. No ha sido hasta tres décadas después cuando se ha podido extender a todas las provincias de la comunidad, al contar cada una con un instituto público que lo oferte. Ahora podrán cursarlo 245 jóvenes, pese a lo cual una treintena se han quedado fuera.

Conciertos en FP y Bachillerato

Además de la excelencia, otra de las apuestas educativas de la Junta en estos dos años de mandato se ha centrado en estrechar la relación entre el aula, la empresa y el mundo laboral, de ahí que se haya ampliado la oferta de la FP en sus diversas modalidades. Una medida que también ha recibido críticas, especialmente cuando se anunciaron los conciertos de estas enseñanzas posobligatorias. La intención no es otra que responder, mediante el aumento de la oferta pública con 13.000 plazas, a los 30.000 alumnos que se quedan fuera de los ciclos formativos cada curso. Para que los centros privados reciban fondos de la Junta deben reunir diversos requisitos, que van más allá de la demanda. El principal objetivo es incrementar la red de la FP (mucho más que en el Bachillerato) y, para ello, debe tratarse de titulaciones con alto nivel de empleabilidad o que, en caso de que carezcan de esta cualidad, las cambien por otras especialidades que sí posean un alto grado de inserción laboral.

La política educativa también ha puesto de relieve desde el 2 de diciembre de 2018 la tensión existente entre los socios de investidura, especialmente por parte de Cs y Vox. Una disparidad de criterios que se evidenció en el polémico PIN parental que el partido liderado a nivel nacional por Santiago Abascal reclama para que la impartición de ciertas enseñanzas cuente con el consentimiento de las familias. Imbroda afirmó que lo que se necesita es "sentido común" y no le tembló el pulso al cuestionar la conveniencia de "matizar" uno de los acuerdos pactados con Vox para aprobar el presupuesto, que recoge el PIN parental. El consejero insistió en que este acuerdo paternal ya está representado en el consejo escolar, que tiene la última palabra a la hora de aprobar las actividades extraescolares y complementarias de cada centro.

Primaria y ESO, unidas

Otra de las iniciativas de Imbroda que se frenó en seco fue la de unir los centros de Primaria y Secundaria, como ocurre en la enseñanza concertada. Para el consejero, uno de lo mayores errores de la Logse (en la década de los 90) fue precisamente dividir en centros distintos estas etapas. Por tal motivo, planteó que los colegios que quedaran vacíos por la bajada de la natalidad pudieran acoger dicha fórmula. Tal propuesta provocó las críticas de sindicatos y AMPA, especialmente en la provincia de Granada, donde, por su dispersión demográfica, existe un elevado número de escuelas rurales y centros semi-D, esto es, que suman en sus instalaciones Infantil, Primaria y el primer ciclo de ESO.

La crisis vivida en Granada incluyó la dimisión del delegado territorial de Educación, Antonio Jesús Castillo. No mucho más tranquila ha sido esta primera mitad de legislatura en Sevilla, que ha conocido ya cuatro delegados provinciales. Aunque en este caso, estos cambios obedecen más a las tensiones que se viven dentro de la formación naranja que a diferencias en la política educativa. Otro frente que ha tenido que apaciguar Imbroda.